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Ministro de Obras Públicas advierte multas para unidades del transporte púbico que sobrecarguen la cantidad de pasajeros
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, supervisó este día, 30 de septiembre, las medidas de bioseguridad para la prevención de contagios de COVID-19 en el transporte público de pasajeros. Esta vez, el funcionario asistió a la parada de buses que se encuentra en las cercanías de la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe, en Antiguo Cuscatlán.
«En la parada de buses de la Basílica de Guadalupe, estamos realizando una inspección a las diferentes unidades del sector transporte. Tratamos de garantizar que se guarden las medidas de bioseguridad que pueden reducir los posibles contagios que se pueden dar», expresó Romeo Rodríguez Herrera.
El titular de Obras Públicas recalcó que se han intensificado los controles a escala nacional para monitorear que en las unidades del transporte colectivo se cumplan con las medidas de bioseguridad correspondientes para prevenir la COVID-19 y recalcó que una situación que ocurre en el transporte es la aglomeración de pasajeros.
«Monitoreamos que no haya hacinamiento. Este es un elemento fundamental y uno de los problemas principales que se ha estado dando. Los empresarios del transporte público han incrementado la cantidad de pasajeros que movilizan por unidad», recalcó el titular de Obras Públicas, quien pronunció que «en el caso de que las unidades sobrecarguen la cantidad de pasajeros, lo que haremos y hemos estado haciendo es colocar infracciones de tránsito. En algunos casos bajamos a los pasajeros, le devolvemos el pasaje y garantizamos que se movilicen en otra unidad».
Romeo Rodríguez Herrera explicó el por qué la aplicación de infracciones en el transporte público en caso de que sobrecargue la cantidad de pasajeros.
«¿Por qué estamos haciendo esto? Porque lo más importante para nosotros es proteger la vida de los salvadoreños, garantizar que se reduzcan la cantidad de contagios. Según la ley, pueden llegar hasta un 15% de la capacidad que la unidad tiene. Es decir, no pueden incrementar en una gran proporción como se acostumbra a hacer, que incluso duplican la capacidad de un bus o microbús», reiteró el titular de Obras Públicas.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
