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Ministro de Justicia confirma reducción de homicidios en un 63% en el presente año
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha logrado sostener la baja de homicidios, desapariciones forzadas, extorsiones y otras actividades delictivas a pesar de la lucha contra la pandemia del COVID-19 y de no contar con la aprobación de fondos de la Asamblea Legislativa para la Fase II y III del Plan Control Territorial.
El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, destacó en el programa Debate con Nacho Castillo una reducción considerable en los homicidios que de enero a la fecha ha registrado una baja de un 63% lo que ha permitido que unas 990 familias han dejado de llorar a un ser querido.
El funcionario detalló que el Plan Control Territorial ha permitido una reducción de un 65.4% en los feminicidios, un 44% en desapariciones forzadas que se marca en 571 casos menos de personas desaparecidas en seis meses y 728 casos menos desde el inicio de la gestión del Presidente Bukele, apuntó.
El ministro Rivas recordó que la pandemia del coronavirus no ha significado que la seguridad del pueblo haya pasado a un segundo plano sino, más bien, ahora la Presidencia maneja ambos temas con el mayor interés y logrando así mejorar la seguridad de los salvadoreños.
“Ha sido una estrategia exitosa y con sostenibilidad con el tiempo, a pesar que no se aprueban los fondos de la Fase II y III del Plan Control Territorial por la Asamblea”, afirmó el ministro Rivas en alusión a la negativa de algunos diputados.
El funcionario les exigió a los diputados “devolver las herramientas legales” al Presidente Bukele aprobando lo más pronto posible una cuarentena estricta de 15 días para salvaguardar la vida de los salvadoreños ante el avance del coronavirus.
El ministro Rivas exhortó al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, pronunciarse al respecto para que se apruebe esa medida que permita frenar la ola de contagios y muertes por coronavirus o COVID-19.
Ante la falta de una ley que regule la cuarentena, el ministro recomendó también a los ciudadanos permanecer en sus casas para protegerse del virus a manera de prevención.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a siete años de prisión a Adalberto Antonio Miranda Zepeda, hijo del fallecido Catalino Miranda, tras encontrarlo responsable del delito de estafa agravada en perjuicio de una víctima.
De acuerdo con los hechos acreditados en juicio, el 16 de mayo de 2019, Miranda Zepeda solicitó al Centro Nacional de Registros (CNR) el retiro de un documento de cancelación de mutuo hipotecario que no había sido inscrito, con el propósito de subsanar prevenciones señaladas por dicha institución; posteriormente, el documento fue presentado nuevamente por otra persona.
Sin embargo, la víctima no firmó dicha cancelación y la Sección del Notariado de la Corte Suprema de Justicia informó que el documento era inexistente; además, se estableció que el notario no se encontraba en el país en la fecha en que supuestamente fue suscrito.
Asimismo, el dolo se evidenció cuando el procesado, en su calidad de administrador único de ACOSTES de R. L., suscribió con la víctima una novación del contrato de mutuo con garantía prendaria sobre 78 unidades de buses. No obstante, posterior a la firma de la novación, esas mismas unidades fueron dadas como garantía ante otras instituciones financieras.
Los hechos se originaron en 2019, cuando la víctima otorgó un contrato de mutuo con garantía hipotecaria y prendaria por $1,800,000 a favor de su padre Catalino Ezequiel Miranda Arteaga (ya fallecido) y de su tío José Braulio Miranda Arteaga, quienes en ese entonces eran los representantes de ACOSTES de R. L. y ACOSTES de El Salvador S. A. de C. V. Con el tiempo, los obligados dejaron de cumplir con los pagos.
Además, el tribunal condenó en abstracto la responsabilidad civil, a fin de que la víctima pueda ejercer su derecho en la vía correspondiente. Esto debido a que no se demostró el monto exacto del perjuicio, ya que la víctima concilió con uno de los imputados, José Braulio Miranda Arteaga.
Hamlet Rafael de Paz Escobar, conocido como “La Romina” recobrará su libertad luego de confesar los delitos de daños a una patrulla policial y hurto de una gorra de un agente, en enero de 2025. Hasta hoy, Romina está detenida en el penal de Jucuapa.
La audiencia se desarrolló de forma virtual, debido a que el imputado permanece en prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por las autoridades.
De acuerdo con información judicial, el caso continúa en etapa de análisis, por lo que serán las instancias correspondientes las que determinen las responsabilidades del acusado conforme avance el procedimiento.
El aval a este tipo de proceso podría permitir una resolución más ágil del caso, siempre que se cumplan las condiciones legales requeridas, incluyendo la aceptación de los hechos por parte del imputado.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el avance específico del caso, aunque reiteraron que el proceso sigue activo.
Según el expediente fiscal, una patrulla de la PNC auxiliaba a una persona y habían dejado el vehículo estacionado; como a 15 metros aproximadamente estaba Romina, quien aprovechó que los agentes se alejaron para hurtar la gorra.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Romina el 23 de enero de 2025, cuando fue interceptada sobre el bulevar El Hipódromo, en el distrito de San Salvador.
Previo a su captura, la tiktoker subió un video en sus redes sociales donde aparentemente se encontraba a bordo de una patrulla policial, mostró una gorra de la PNC y activó la bocina del vehículo.
En agosto de 2024, la tiktoker fue acusada de robo y amenazas en contra de un conductor de aplicaciones.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que la segunda fase del proyecto de agua potable que se ejecuta en el distrito de Sacacoyo, en el municipio de La Libertad Oeste, lleva un 97 % de avance.
Para finalizar la obra en su totalidad, la DOM ejecuta los últimos detalles que consisten en la implementación de válvulas, cajas para filtrado de lodo y aire, pintura y acabados de la infraestructura.
De acuerdo con la institución, la segunda fase del proyecto comprende la construcción de una cisterna en la zona del pozo, instalación de una bomba sumergible, dos bombas más para rebombeo a una segunda cisterna y una subestación de suministro eléctrico.
Asimismo, incluye la instalación de tres bombas más de rebombeo en la cisterna intermedia para empujar el agua a través de la red de impelencia de más de 3.5 kilómetros, hasta el tanque principal de más 400 metros cúbicos -4 veces más en capacidad al sistema anterior- con su respectiva subestación eléctrica.
La DOM detalló que este proyecto está acompañado de una obra civil que consta de casetas para el control eléctrico y rebombeo, así como para vigilancia, sumado al muro perimetral con block y alambre navaja en la parte superior.
Este nuevo sistema de agua potable abastecerá a más de 1,800 habitantes del sector.
