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Ministro de Justicia confirma reducción de homicidios en un 63% en el presente año
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha logrado sostener la baja de homicidios, desapariciones forzadas, extorsiones y otras actividades delictivas a pesar de la lucha contra la pandemia del COVID-19 y de no contar con la aprobación de fondos de la Asamblea Legislativa para la Fase II y III del Plan Control Territorial.
El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, destacó en el programa Debate con Nacho Castillo una reducción considerable en los homicidios que de enero a la fecha ha registrado una baja de un 63% lo que ha permitido que unas 990 familias han dejado de llorar a un ser querido.
El funcionario detalló que el Plan Control Territorial ha permitido una reducción de un 65.4% en los feminicidios, un 44% en desapariciones forzadas que se marca en 571 casos menos de personas desaparecidas en seis meses y 728 casos menos desde el inicio de la gestión del Presidente Bukele, apuntó.
El ministro Rivas recordó que la pandemia del coronavirus no ha significado que la seguridad del pueblo haya pasado a un segundo plano sino, más bien, ahora la Presidencia maneja ambos temas con el mayor interés y logrando así mejorar la seguridad de los salvadoreños.
“Ha sido una estrategia exitosa y con sostenibilidad con el tiempo, a pesar que no se aprueban los fondos de la Fase II y III del Plan Control Territorial por la Asamblea”, afirmó el ministro Rivas en alusión a la negativa de algunos diputados.
El funcionario les exigió a los diputados “devolver las herramientas legales” al Presidente Bukele aprobando lo más pronto posible una cuarentena estricta de 15 días para salvaguardar la vida de los salvadoreños ante el avance del coronavirus.
El ministro Rivas exhortó al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, pronunciarse al respecto para que se apruebe esa medida que permita frenar la ola de contagios y muertes por coronavirus o COVID-19.
Ante la falta de una ley que regule la cuarentena, el ministro recomendó también a los ciudadanos permanecer en sus casas para protegerse del virus a manera de prevención.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
