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MÁS ESCÁNDALOS: Socio colombiano para la recolección de desechos sólidos de la Alcaldía de Santa Tecla está envuelto en sonados casos de corrupción en varios países
A partir de agosto del año pasado, sin previo aviso el servicio de recolección de basura de Santa Tecla pasó a ser privado y la comuna entregó camiones y otro tipo de aportaciones a la empresa Teclaseo que desde ese momento, y con infinidad de dificultades, presta dicho servicio.
En la actualidad, la Corte de Cuentas de la República desarrolla un examen especial al contrato que suscribió la alcaldía de Santa Tecla con la empresa colombiana Interaseo para crear la sociedad Teclaseo, para privatizar el servicio de la recolección de la basura y despedir cientos de empleados, ya que dicho contrato fue declarado como información reservada por la comuna, pese a que hay fondos y bienes públicos involucrados.
La forma poco transparente y precipitada en la que se constituyó la sociedad Teclaseo entre la alcaldía de Santa Tecla, con la empresa colombiana Interaseo, podría explicarse a partir de los antecedentes de escandalosos señalamientos que pesan sobre el socio de la comuna tecleña.
Los referidos escándalos y señalamientos contra Interaseo se remontan al año 2013, cuando en Panamá adquirieron a la empresa española Urbaser-Plotosa, S.A la concesión para la disposición de la basura en la localidad panameña de Cerro Patacón, en el municipio de Panamá.
De acuerdo a informes de diferentes medios de comunicación de Panamá, como La Estrella, que consignó en el reportaje titulado “Los extraños traspasos de una concesión millonaria”, que la empresa “Urbaser Plotosa decide vender la concesión para el manejo del relleno sanitario en Cerro Patacón a la empresa colombiana Interaseo por $12 millones”.
El citado medio de comunicación publicó que “la concesión despertó cuestionamientos en la opinión pública porque además de que la empresa española no cumplió con lo que se había comprometido, el gobierno los favorece con el pago de $22 millones destinados a realizar estudios para determinar las medidas para manejar adecuadamente el relleno sanitario”.
La Estrella de Panamá también acotó en su reportaje que “el accionista mayoritario de Interaseo es Wiliam Vélez, conocido como el ‘zar de la basura en Colombia’, quien además es familiar cercano del expresidente de Colombia Álvaro Uribe”.
Dicho medio de comunicación apunta a que la relación de Wiliam Vélez con los hijos del expresidente de Colombia pudo haber tenido mucha incidencia en la compra de la concesión a la empresa española para la disposición de la basura.
“Los vínculos en Panamá de los Vélez y los Uribe no son coincidencia. El empresario Wiliam Vélez ha viajado a suelo panameño con los hijos del expresidente colombiano Tomás y Jerónimo Uribe, según reportes periodísticos aparecidos en el diario colombiano El Nuevo Día. Esta publicación va más allá y dice que los hijos del expresidente colombiano son socios en algunos negocios con los hijos del mandatario panameño, Ricardo Martinelli”, reveló diario La Estrella de Panamá evidenciando una aparente irregularidad que podría derivar en tráfico de influencias.
De acuerdo a la investigación de diario La Estrella, “los nexos de Interaseo trascienden el eje gubernamental. En la ficha 2049 del Registro Público con fecha de registro del 28 de junio de 2012 aparece como representante legal Juan Diego Cadavid Orozco, actual gerente de Revisalud —empresa que se encarga de la recolección de basura en el distrito de San Miguelito—”.
Pero las irregularidades no se quedan ahí, “incluso al revisarse la ficha de inscripción de Revisalud la ficha número 393905 del 12 de enero de 2001, en donde aparece como representante legal suplente Juan Diego Cadavid Orozco, nuevamente entra en escena el ‘zar de la basura colombiana’ Wiliam Vélez, quien se encuentra inscrito en el registro como uno de los diez directores”.
Diario La Estrella agregó que “la cadena no termina aquí. Interaseo cambió de razón social y ahora se denomina Urbalia S.A. y desde hace 18 meses opera el relleno sanitario de Cerro Patacón”.
La investigación de diario La Estrella sentenció que “en conclusión, al menos en los últimos cinco años la administración del vertedero de Cerro Patacón se ha convertido en un monopolio que ha pasado de mano en mano en un círculo compuesto por las mismas personas. Una estela de llamativos traspasos que salen a relucir ahora que la ciudad está envuelta en una de las peores crisis sanitarias que ha puesto en riesgo la vida de miles de panameños y en jaque a los actuales administradores de Cerro Patacón”.
Pero los escándalos de Interaseo no terminan ahí, su empresa subsidiaria Urbalia S.A. que administraba la disposición final de la basura en el municipio de Panamá se vió involucrada en un arbitraje que le costó millones de dólares al citado municipio, que tuvo que gastar $101 mil 69 para contratar a la firma de abogados Morgan & Morgan para que los representara en un laudo arbitral.
“A través de su oficina de Relaciones Públicas, Urbalia señaló que el reclamo es por una deuda de $4.4 millones que data de hace 10 años, por el manejo del relleno sanitario antes de que la administración pasara a manos de la AAUD. Aseguran que acudieron al arbitraje porque la AAUD tampoco ha pagado la deuda”, publicó el diario panameño La Prensa en artículo titulado “Municipio de Panamá contrata a empresa para arbitraje con Urbalia”.
De acuerdo al mencionado medio de comunicación, la empresa Urbalia, subsidiaria de Interaseo -socia de la alcaldía de Santa Tecla- exigió en un arbitraje una indemnización de $4.4 millones por discrepancias con el contrato concediéndoles la disposición de la basura en Panamá.
Con base en los antecedentes que ya se expusieron, no resulta ilógico que la alcaldía de Santa Tecla haya declarado información reservada al contrato con interaseo para dar vida a la sociedad Teclaseo.
El presidente de Interaseo, Wiliam Vélez Sierra es un personaje ubicado siempre en el centro de la polémica, alguien a quien incluso se señala de financiar a organizaciones paramilitares en Colombia, de manera que hace sentido de que se quiere mantener reservado el contrato, pese a que en la citada sociedad hay bienes públicos consignados como la aportación del concejo.
Este lunes, representantes del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Fondo de Conservación Vial (Fovial) verificaron el avance de las obras de construcción del puente ubicado sobre la carretera Panamericana, en el cantón El Rebalse, distrito de San Miguel, San Miguel Centro.
En actualidad, en San Miguel también se están interviniendo los puentes La Gallina y el de San Antonio Silva, mediante una inversión de $6.8 millones, según informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Por su parte, el director ejecutivo del Fovial explicó que se ha habilitado un desvío temporal mientras se realiza la demolición del antiguo puente El Rebalse. El funcionario recalcó que no se detendrá el tráfico gracias a los desvíos pavimentados que se han habilitado.
«Este mismo trabajo vamos a replicar en el puente La Gallina y en el puente de San Antonio Silva», detalló Alex Beltrán, director ejecutivo del Fovial.
El nuevo puente Rebalse tendrá dos carriles de 3.65 metros, a un hombro de 1.80 en cada lado, a un espacio para peatones de 1.20 mts y estructuras de seguridad
«Este es un tramo que se hizo únicamente para el paso vehicular mientras se desarrolla la reconstrucción del nuevo puente El Rebalse, que va a ser más amplio, más seguro para los vehículos, para los peatones y para todas las familias del oriente del país», subrayó el titular del MOP.
La reconstrucción de los puentes La Gallina, El Rebalse y el de San Antonio Silva mejorará el tránsito vehicular, la actividad comercial y garantizará un paso seguro para la población.
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Sentosa Residences 523, un desarrollo inmobiliario de alta gama de Inversiones Méndez Miller (IMM), que eleva los estándares de la vida residencial en El Salvador con dos torres de apartamentos de lujo de 25 y 16 niveles, presenta un avance total del 42 % y una colocación que supera el 85 %.
El proyecto, ubicado en la colonia San Benito, San Salvador, representa una inversión de $55 millones y cuenta con un área total de desarrollo de alrededor de 42,000 metros cuadrados (m2) y 72 apartamentos, consolidándose como uno de los complejos residenciales más relevantes y sofisticados de la capital.
Asimismo, durante la etapa de construcción de ambas torres se han generado más de 200 empleos directos y una cifra superior de indirectos.
Gracias a su escala, inversión, amplitud de espacios, amenidades exclusivas y calidad constructiva, Sentosa Residences 523 se posiciona como una de las propuestas residenciales más exclusivas de San Salvador, ideal tanto para vivienda permanente como para inversión inmobiliaria de alta plusvalía.
De acuerdo con Mario Méndez Miller, gerente general de IMM, la torre A ya alcanzó los 25 niveles de construcción y se encuentra en etapa de adecuación de acabados de mármol, ventanales, electricidad, hidráulica y otros detalles, mientras que la torre B alcanzó el cuarto nivel de 16.
«Somos el único proyecto que estamos llevando a la par dos torres al mismo tiempo, esto ha sido un reto que estamos superando. La torre A esperamos entregarla a finales de 2026 y la torre B en marzo de 2027», añadió.
Las residencias cuentan con áreas desde 188 m2 hasta 640 m2, superando ampliamente los estándares habitacionales del mercado de lujo en El Salvador y ofreciendo configuraciones generosas, funcionales y elegantes.
«Estamos en más de un 85 % de todo el proyecto ya vendido, la aceptación ha sido excelente porque los usuarios de este segmento están más informados. Tenemos ya en trámites un segundo proyecto en esta zona de San Benito, donde creemos que hay mucho potencial para el mercado de lujo triple A, que no se ha explotado», indicó Miller.
Por su parte, Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), afirmó que la institución ha dado seguimiento a este proyecto que forma parte de la oferta y parte de las 87 torres que se están edificando en el área metropolitana, desde antes de arrancar la construcción.
«Se sigue trabajando y el sector está más estimulado, se siguen trabajando cada vez más propuestas atrevidas en cuanto a diseño, altura y servicios que alimentan la base económica del país. Nuestro objetivo con todos los proyectos es ir viendo los avances que presentan, lo que necesitan, cambios que se pueden hacer y otros», dijo.
Rodríguez señaló que, como parte de su dinamismo, el sector construcción está cubriendo una demanda alta en general y a todo nivel de mercado, con propuestas como la de Sentosa y otros proyectos que llegan hasta vivienda de interés social.
«El objetivo es que tanto la inversión privada como la misma estrategia de Gobierno vayamos caminando juntos para poder ir impulsando el sector de la construcción», destacó Luis Rodríguez.
El Juzgado Noveno de Paz ordenó que sigan en prisión, dos de cuatro detenidos el 18 de abril, mediante allanamientos realizados en bares y restaurantes utilizados para la venta de droga en diversas colonias de San Salvador.
El juzgado ordenó detención provisional a Jennifer Stephany Portillo Fogoaga y Alirio Antonio Renderos Torres, acusados del delito de tráfico ilícito, y medidas sustitutivas a la detención para Diego Alejandro Ramírez Anaya y Jairo Antonio Beltrán Hernández.
Portillo y Renderos son propietarios de G-Bar, un establecimiento que operaba desde hace tres años en la colonia Miramonte de San Salvador y donde encontraron droga, dijo el fiscal del caso.
En el G-Bar también fue detenido Jairo Antonio Beltrán Hernández, un cliente del local que minutos antes del allanamiento había comprado una porción de cocaína, el ministerio público lo acusa de por posesión y tenencia de drogas.
Mientras que Ramírez Anaya fue capturado en el bar Gato Negro, ubicado en el bulevar El Hipódromo, de la colonia San Benito, donde laboraba como bartender y donde encontraron droga.
En G-Bar fiscales y policías decomisaron 88 porciones de cocaína en el área de la caja, en los baños y en algunas habitaciones. Las autoridades informaron que además de la droga que ya estaba preparada para ser vendida, hallaron dinero en efectivo y teléfonos celulares.
Agentes Antinarcóticos realizaron experticias a la droga para confirmar que era cocaína y levantar actas que servirían para judicializar el expediente.
Al ser capturados de forma infraganti el juzgado resolvió que deben seguir presos porque la prueba inicial es contundente y para garantizar que sigan sometidos al proceso en un juzgado de instrucción de la capital, no era factible otorgarles algún tipo de medidas.
Droga incautada a los imputados
Otro elemento valorado por el juzgado es la prueba testimonial de agentes antinarcóticos que participaron en los dispositivos de captura, decomisado de los estupefacientes y las pruebas de campo de pureza de la cocaína.
Un informe presentado por la Fiscalía General de la República, detalla que la droga confiscada tiene un precio de $5,047. En los dos bares hallaron 200.7 gramos de cocaína. Los allanamientos fueron realizados tras información que recibió la PNC en la cual se alertaba que en esos negocios se vendía droga.
