Judicial
Juzgado finaliza audiencia preliminar en caso “Harrison”
El Juzgado Especializado de Instrucción “A” finalizó esta mañana con la audiencia preliminar contra 123 imputados presentes, acusados por organizaciones terroristas, homicidios agravados, feminicidios, extorsión, financiación por actos de terrorismo y 29 casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, entre otros.
En un inicio la diligencia estaba programada para que terminara hasta el 23 del presente mes, sin embargo, se logró terminar antes. La jueza interina manifestó que las partes técnicas y los imputados sabrán del resultado a las 8:30 a.m. de este próximo 6 de diciembre.
Dentro de las investigaciones existen tres casos de homicidio agravado. Uno de ellos fue en José Rafael Rodríguez Guzmán, de 45 años, a quien mataron por ser miembro de la pandilla contraria. Este hecho ocurrió el 7 de abril de 2015 en la colonia Harrison en San Jacinto. Asimismo, parte de los facinerosos mataron a un hombre no identificado, conocido por “El Hermano del 18”, en el interior de una casa destroyer, ubicada en la zona de la estructura.
Mientras tanto, 7 de octubre de 2016, en el interior del pasaje Subay, en San Jacinto, mataron a Walter Alexander Villeda Martínez, quien laboraba como ordenanza de la Policía Nacional Civil (PNC). Por último, parte de los 123 imputados, mató a Bryan Abraham Menjívar, el 10 de mayo de 2017. A él le dispararon porque se dedicaba a la venta de drogas en la zona limítrofe entre la colonia Santa Marta y Harrison, también pertenecía a una estructura contraria.
A parte de esos hechos hay tres casos de feminicidio agravado. Uno de ellos fue en Heidi Yesenia Flores Benítez, a finales de febrero de 2017 en la zona de la colonia Santa Marta. El móvil del crimen se dio porque, según los imputados, la víctima se quedaba con el dinero de la renta. Además, tenía relaciones con varios miembros de la estructura, sin embargo, antes había sido compañera de vida de Gabriel Alexis Osorio Umanzor, apodado como “El Ángel”, quien falleció antes que la PNC capturara a los pandilleros. A la víctima la dejaron un basurero, ubicado sobre calle a Huizúcar; días más tarde solo se encontraron osamentas y mediante estudios se determinó que se trataba de ella.
Asimismo, los facinerosos le dispararon a Josseline Guadalupe Morales Sánchez, el 25 de junio de 2017, en el redondel Poma en Antiguo Cuscatlán. El móvil fue idéntico al caso anterior y también querían dejar el cadáver de la ofendida en el mismo basurero, pero, debido a que la PNC montó un dispositivo en la zona, puesto que mediante llamadas telefónicas se supo del hecho, la bajaron del vehículo y luego le dispararon. Previo a eso la violaron sexualmente.
Por último, los acusados la atentaron contra la vida de Ana Cecilia Muñoz de Márquez. A ella la mató la estructura que opera en la colonia 22 de Abril. A través de una coordinación entre la “clica” de Harrison y la ya mencionada la mataron. El móvil se desconoce. Según la FGR, estos casos son feminicidios agravados puesto que se establecen los presupuestos de la Ley para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer tales como el menosprecio hacia el ente femenino, además, que consideraron que no son útiles las jóvenes para sus objetivos; también que las motivaciones son repetitivas y que los actores de los crímenes son más de dos.
Por otro lado, en lo que respecta a los 29 casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, la Fiscalía manifestó que los objetivos eran matar a motoristas y cobradores de la ruta 45-AB, la cual hace su recorrido entre Apopa y Metrocentro. En la parada de conocida como “Centro Cultural” los acusados le dispararían a sus víctimas porque, según ellos, pertenecen a la pandilla contraria. Entre otros, casos., planeaban matar a una trabajadora del sexo, sobre la calle Gabriela Mistral, ya que supuestamente vendía drogas y era competencia para los imputados. De igual forma, se disponían a dispararle a un vigilante de un centro nocturno, ubicado sobre el boulevard de Los Héroes. Aparentemente se habían aliado con la estructura de la mencionada calle.
Agentes de la PNC les capturaron a los imputados en un operativo en la colonia Harrison en agosto de 2017.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Judicial
Cadena perpetua para dos líderes de la MS-13 en San Salvador: Tribunal condena a 97 pandilleros de 10 clicas
Judicial
Condenan a cadena perpetua a pandilleros de la MS-13 capturados durante el régimen de excepción en El Salvador
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de cadena perpetua a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados durante el régimen de excepción y procesados por delitos relacionados con homicidios, desapariciones, extorsiones y actividades de organizaciones terroristas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó las sentencias el viernes 9 de octubre de 2026, como parte de los procesos judiciales contra estructuras pandilleriles que operaban en la capital y sus alrededores.
Entre los condenados se encuentran Josué Germain González Mejía, identificado por las autoridades como corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, señalado como homeboy dentro de la organización criminal. Según las investigaciones fiscales, ambos formaban parte de estructuras que mantenían presencia en diferentes sectores de San Salvador, donde se les atribuyeron hechos violentos y actividades delictivas contra la población.
#CombateAPandillas | Cadena perpetua para pandilleros de la MS-13.
La @FGR_SV logró que demostrar que estos criminales mantenían el control en diferentes zonas de la capital y sus alrededores, en donde cometieron diversos casos de homicidios, desapariciones, extorsiones, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, entre otros.
Todos fueron capturados gracias al Régimen de Excepción.
Entre los condenados a cadena perpetua están Josué Germain González Mejía, quien tenía el rango de corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, identificado como homeboy.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 9, 2026
La Fiscalía aseguró que durante el proceso judicial presentó elementos probatorios relacionados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, agrupaciones ilícitas y delitos vinculados con organizaciones terroristas. Sin embargo, la institución no precisó el número total de personas condenadas en este caso, las fechas de los hechos investigados ni las circunstancias particulares de cada delito. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Estas condenas se producen después de las reformas constitucionales y penales aprobadas en marzo de 2026, mediante las cuales El Salvador incorporó la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad, como homicidio, violación y terrorismo. La modificación del artículo 27 de la Constitución permitió establecer esta sanción, cuya aplicación contempla mecanismos de revisión judicial después de determinados períodos de cumplimiento. En septiembre se conocieron las primeras sentencias bajo el nuevo marco legal, por lo que las resoluciones contra integrantes de la MS-13 representan nuevos casos de aplicación de esta pena.
Los condenados habían sido detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado periódicamente por la Asamblea Legislativa. El Gobierno sostiene que esta medida ha contribuido a reducir los homicidios y desarticular estructuras criminales, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales en determinados casos. Las nuevas sentencias reflejan la aplicación del endurecimiento de las penas contra delitos graves en El Salvador, en medio de la continuidad de los procesos judiciales relacionados con las pandillas.
