Nacionales
Jueces que ahora cuestionan “falta de independencia” fueron autores de las más cuestionables sentencias
Jueces que pronunciaron resoluciones que favorecieron sectores políticos, económicos o del propio gremio reclaman ahora falta de “independencia judicial”
Un reportaje publicado en el periódico “LA PRENSA GRÁFICA” el jueves 20 de enero del presente año bajo el título “Las Cámara de lo Penal están en la mira por falta de independencia” que pretende cuestionar las actuaciones judiciales de los actuales magistrados que integran las tres Cámaras que tienen la competencia en materia penal en el departamento de San Salvador, como consecuencia de haber emitido resoluciones en contra de ex funcionarios de los gobiernos del FMLN y ARENA.
El medio de prensa citado retoma declaraciones de dos ex magistrados que previamente integraron esos mismos Tribunales de Segunda Instancia, se trata de Juan Antonio “Toni” Durán y Martín Rogel Zepada, ambos recordados por emitir fallos cuestionables que reflejaron actos de impunidad para las personas bajo juzgamiento, en varias ocasiones ex funcionarios públicos o empresarios vinculados al poder durante las administraciones gubernamentales de los dos principales partidos de la izquierda y derecha en el país.
Aunque el discurso que ahora sostienen hace referencia a una presunta defensa de la independencia judicial, este medio ha realizado una investigación periodística que demuestra que en su momento fueron los ex magistrados que ahora reclaman quienes se vieron favorecidos por movimientos “irregulares” que afectaron la estabilidad judicial de otros jueces y magistrados, que fueron desplazados para que tanto Martín Rogel como Toni Durán entre otros tomaron un protagonismo que se convirtió en aplicación de justicia selectiva y dictada conforme a la persona que estuviere enfrentando la justicia.
En esta primera entrega recordaremos los hechos que llevaron al epicentro del “poder” judicial a estos jueces que ahora que ven perdidos sus privilegios reclaman que los nuevos funcionarios encargados de administrar justicia en los Tribunales capitalinos carecen de “independencia judicial” y en próximas entregas iremos resaltando
Los cambios masivos de jueces en la CSJ que nadie cuestionó
El 20 de septiembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desarrolló una sesión la cual quedó documentada en la respectiva Acta en la que se realizaron múltiples movimientos de jueces y magistrados con una larga experiencia y trayectoria dentro de sus judicaturas, principalmente en la capital, siendo en su lugar trasladados a sedes en la periferia o degradados a cargos judiciales menores, el principal motivo de trasfondo de aquellos movimientos fue la petición efectuada por el (entonces) Fiscal General Douglas Meléndez, quien públicamente y entre líneas manifestó que para “combatir” la corrupción requería jueces que atendieran sin conflicto a las solicitudes de fiscalía.
Al frente de aquella acción que fue denominada “MEDIDAS ADMINISTRATIVAS SOBRE TRASLADOS DE JUECES” estuvieron los ex magistados de CSJ Edward Sidney Blanco y Doris Luz Rivas Galindo, quienes sin tomar en cuenta los derechos de jueces y magistrados a la estabilidad en el cargo y a que sus traslados estuvieren fundados en procedimientos previamente establecidos y debidamente motivados. Consta en el acta que uno de los magistrados de la CSJ que aún se encuentra en funciones, manifestó no compartir las acciones emprendidas, pues enviaban un mensaje dentro del Sistema de Justicia y a la Sociedad Civil que se estaban colocando “jueces a la medida” tal y como lo pretendían los grupos de poder del país.
Consultado al respecto el abogado y exfiscal Sergio Portillo Toruño, manifestó que la gran diferencia en aquella decisión de “mover”jueces y el proceso de transformación del sistema judicial consiste en que: “Actualmente producto de la reforma a la Ley de la Carrera Judicial, existen criterios objetivos y previamente determinados para realizar la selección o traslados de los jueces y magistrados, que antes se hacía al arbitrario del Presidente de la Corte (Suprema de Justicia) y de otros magistrados que controlaban los nombramientos, llamamientos de jueces suplentes y traslados.”
De hecho, en la citada Acta de Corte Plena, consta el punto décimo por medio del cual se limitó el llamamiento de la magistrada Victoria Domínguez Palacios y en su lugar se nombró a Martín Rogel Zepeda como suplente en la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.
En su caso, en otra decisión de CSJ, Toni Durán que entonces fungía como juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador fue nombrado para cubrir la Cámara de San Vicente y posteriormente a partir del año 2019 sería designado para ejercer como magistrado suplente en la Cámara Tercera de lo Penal.
El “Supra” magistrado Martín Rogel
Ya este medio, publicó en los meses de marzo y noviembre 2019, reportajes donde se evidenciaba el claro conflicto de interés suscitados a partir que el Ex magistrado Martín Rogel Zepeda se encontraba designado en las tres Cámaras de lo Penal de San Salvador, en una de ellas como propietario y en las otras como suplente o interino, con lo cual controlaba los criterios judiciales de esos tribunales, pese al grave riesgo que esta situación representaba en los derechos de los procesados ante la falta de imparcialidad e independencia judicial. No bastando esta situación resulta que Rogel Zepeda también era en ese mismo periodo magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional.
Martín Rogel Zepeda, hermano de quien fuera militante del partido FMLN y Expresidenta de CONAMYPE, Ileana Rogel, después de ser nombrado como magistrado propietario de la Cámara Tercera de lo Penal, recaló en la Cámara Primera de lo Penal de la capital en el mes de noviembre de 2018, al tiempo que el entonces titular de este último tribunal, Carlos Ernesto Sánchez Escobar era designado como magistrado propietario de la Sala de lo Constitucional.
Rogel Zepeda, estando en la Cámara Primera y junto con el Dr. Guillermo Arévalo Domínguez, adoptaron decisiones tan polémicas como dejar libres de cargo al Magistrado de la Cámara Civil, Eduardo Jaime Escalante bajo el presupuesto que “el tocamiento efectuado a la menor víctima no constituía una agresión sexual”. Hasta la fecha el caso de Escalante sigue sin respuesta para la víctima a la espera se realice nuevamente el juicio. También estos mismos magistrados avalaron las confesiones realizadas bajo coacción por parte de cuatro agentes fiscales y dos empleados de la misma Fiscalía, que fueron presionados por sus propios compañeros para brindar declaraciones falsas y así sustentar imputaciones ilegales en el caso “corruptela”; sobre tales declaraciones que no fueron otorgados con plena voluntad por quienes terminaron convertidos en imputados se confirmaron órdenes de prisión preventiva y se declararon otras a personas que inicialmente habían pasado a fase de instrucción sin ninguna medida cautelar.
Una de sus últimas resoluciones polémicas, fue dictada como magistrado de la Cámara Tercera de lo Penal, juntamente con Nora Montoya, al ordenar la libertad del Ex acalde de San Salvador, a pesar que conforme a le ley no podía gozar de ese beneficio al ya tener medidas cautelares impuestas en otro proceso previo.
“Toni” Durán de juez a activista político
En marzo de 2019, la CSJ nombraba como magistado propietario de la Cámara Tercera de lo Penal a Martin Rogel, quien no asumía el cargo porque en ese mismo tiempo se encontraba nombrado como suplente en la Cámara Primera de lo Penal y eventualmente suplente de la Cámara Segunda, también; por ese motivo en su lugar se nombró al Juan Antonio “Toni” Durán para que ejerciera como suplente de la Cámara Tercera.
Durán, quien se había desempeñado principalmente como juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, es primo hermano de Walter Durán, militante del FMLN, este último ocupó cargos como asesor de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Presidencia en el primer gobierno del partido de izquierda y posteriomente también ejerció diversos cargos diplomáticos por el mundo.
Toni Durán, actualmente se encuentra nombrado como juez de Sentencia de Zacatecoluca y en sus declaraciones brindadas a La Prensa Gráfica manifestó que los funcionarios nombrados en septiembre pasado muestran un “clientelismo político y de lealtades personales” también agregó que “Las Cámaras han perdido el prestigio y responden a lo que por ahora quiera el régimen del señor Bukele”
Estas palabras a criterio de una fuente judicial consultada y que laboró de cerca con Durán mientras se desempeñó como juez tercero de sentencia, son irónicamente más aplicables a la función que Toni Durán realizó en su estancia en la Cámara Tercera de lo Penal, a donde llegó bajo recomendación del Ex magistrado del Tribunal Constitucional, Carlos Ernesto Sánchez, por ser precisamente muy “leal” y “disciplinado”.
De hecho como magistrado de la citada Cámara, juntamente con la ex magistrada Marta Lidia Peraza, exoneraron de responsabilidad penal al representante legal de la empresa INTRADEX, respecto a una millonaria cifra presuntamente defraudada al Fisco bajo el argumento que “se trataba de un error de aplicación de un formulario por parte de la empresa”, por este hecho inclusive se encuentra denunciado en sede fiscal, ante lo que abogados consultados consideraron un claro Prevaricato.
También resolvieron declarar improcedente la solicitud de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) para que se hiciera efectivo un embargo sobre bienes de la empresa ASTALDI, en Italia, con los que se prentendía recuperar más de $228 millones de dólares defraudados al Estado Salvadoreño.
Durante su tiempo como magistrado de Cámara, también intentó ser tomado en cuenta para integrar la Comisión encargada de evaluar las reformas constitucionales, lo que no consiguió al hacerse públicos sus comentarios “amenazando” de forma digital al Presidente de la República. Desde entonces se ha presentado en distintos foros de oposición y actividades de las que existen serias presunciones son financiadas por otros países, como una supuesta voz que exige “independencia judicial” misma que en el ejercicio de esos cargos le negó a toda la nación, privilengiando intereses de sectores oligarcas y permitiendo la “impunidad” de sus acciones.
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
