Judicial
VIDEO | FGR acusa a cinco responsables por tragedia en estadio Cuscatlán
El ministerio público acusó este miércoles ante un juzgado a las cinco personas que están implicadas en la tragedia ocurrida el pasado 20 de mayo en el estadio Cuscatlán cuando se realizaba un encuentro deportivo entre el Alianza y el FAS por el pase a semifinales.
«Las investigaciones han determinado que hubo negligencia en la organización del evento deportivo por parte de los involucrados. Quienes estaban obligados a garantizar el desarrollo adecuado de una actividad de esta magnitud», detalló la Fiscalía General de la República.
El pasado 24 de mayo, las autoridades capturaron a Pedro Hernández, presidente de Alianza FC; Edwin Abarca Ventura, gerente de Seguridad de Alianza FC; Zoila Córdova, gerente financiera de Alianza FC; Reynaldo Avelar Contreras, gerente general de EDESSA; y Samuel García Montano, encargado de las llaves del estadio. A todos los detenidos las autoridades los señalan como responsables de la estampida que dejó 9 personas fallecidas y más de 50 lesionados.
De igual forma, el ministerio público allanó recientemente los locales del equipo Alianza, EDESSA y la encargada de la boletería, Maya Tik, con el fin de encontrar documentación que permita esclarecer los hechos.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, ha reiterado que la Fiscalía es la única institución que investigará los hechos para determinar las responsabilidades. «El trabajo avanza. Nuestra misión es hacer justicia en nombre de las víctimas», ha dicho el funcionario.
El día del juego hubo sobreventa de boletos, más de 4,000 personas se quedaron sin ingresar en el sector popular y eso terminó en tragedia cuando un grupo decidió derribar uno de los portones de acceso.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
