Judicial
Sujetos son condenados a prisión por exigir $40 mil para rescate de víctima que ya había sido asesinada
Penas de hasta 50 años fueron las que impuso el Juzgado 4° de Sentencia de San Salvador a una mujer, su hijo, dos hermanos y otro sujeto por secuestrar a una persona y exigir $40,000 para el rescate a pesar de que la víctima ya estaba muerta.
Los condenados son María Máxima Juárez y su hijo Manuel Alfredo Juárez; Emerson Osmín y Eris Odir, ambos de apellido Martínez, y Samuel de Jesús Andrés.
Según lo que se estableció en el juicio, el 29 de octubre de 2018 la víctima, protegida bajo el nombre clave “Júpiter”, fue secuestrada en La Libertad y la familia se dio cuenta porque cuando llamaron a su celular uno de los delincuentes les contestó.
El sujeto exigió que para recuperar a “Júpiter” debían darle $40 mil, pero la cifra bajó a los $6 mil después de una negociación con la familia, en la que se acordó que el dinero se iba a dar en el centro de San Salvador.
Los parientes avisaron a la Policía y se montó un procedimiento controlado donde se descubrió que dos sujetos en motocicleta se llevaron el dinero del rescate hasta una casa de la colonia Belén, de Apopa.
Los agentes se desplazaron al lugar ya arrestaron a los cinco que estaban en la casa después de haberles descubierto el dinero, chalecos antibalas, un arma de fuego y otras evidencias.
A pesar de que la banda le dijo a la familia que “Júpiter” estaba vivo, las autoridades establecieron que al momento de la negociación el ciudadano ya estaba muerto y su cadáver fue localizado en un área de difícil acceso en Panchimalco.
La Fiscalía estableció las responsabilidades de cada uno de los implicados y el juez condenó a Eris Odir Martínez a 50 años por homicidio agravado precedido de secuestro ya que él fue quien dio la orden, mientras que Samuel de Jesús Andrés y Emerson Osmín Martínez fueron sentenciados a 40 años y al pago de $20 mil de responsabilidad civil, por el mismo delito.
Manuel Alfredo Juárez fue sentenciado a 30 años y al pago de $6 mil y finalmente María Máxima Juárez purgará 8 años de cárcel por encubrimiento.
Una red de extorsionistas salvadoreños controlada por extranjeros residentes fuera de El Salvador seguirá en prisión mientras continúan las investigaciones, informó la Fiscalía General de la República.
Los imputados son Oscar García García, Oscar Elías García Rivera, José Otoniel Meléndez y Oscar Alejandro Tario Blanco (ausente).
El ministerio público detalló que la red contactaba a empresas «para que les brindaran servicios de instalación de aires acondicionados, conexiones eléctricas, medición de terrenos, construcción, entre otros, se pactaba un precio y brindaban la supuesta dirección a donde requerían el servicio.
Los empleados de esas empresas se desplazaban a la dirección brindada, pero se encontraban con que no existía; cuando las víctimas se comunicaban con el contratante (que eran los delincuentes), les advertían que estaban en un terreno del -mexicano- Cartel de Jalisco, rodeados de francotiradores y que debían depositar hasta $5,000.
Luego de las amenazas a las víctimas, los extorsionistas que estaban en el extranjero exigían los contactos de sus familiares, patronos o conocidos para pedirles que hicieran depósitos a cuentas bancarias en El Salvador, a cambio de liberar a sus familiares o trabajadores.
A los cuatro imputados se les procesa por los delitos de lavado de dinero y activos, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. En este proceso, los hombres son acusados por exigirle a una empresa $20,782 para evitar que mataran a los trabajadores y que les liberaran.
El dinero era depositado en cuentas salvadoreñas, que pertenecían a personas reclutadas en redes sociales por otros delincuentes salvadoreños, y eran el puente para luego transferir el dinero a México, Colombia y Ecuador.
Las investigaciones fiscales han corroborado que desde 2014, la red cometió 28 extorsiones bajo esta modalidad.
Los cabecillas de la red son de diferentes nacionalidades y operaban desde el extranjero, según la Fiscalía.
«Asimismo, fue posible identificar que toda la comunicación fluía a través de WhatsApp por medio de 36 números telefónicos (mexicanos, colombianos, ecuatorianos, nicaragüenses, hondureños); también se han perfilado 61 cuentas bancarias de 47 diferentes personas y se ha solicitado la inmovilización de fondos. Se estima que la cantidad depositada por las victimas es de $76,719.00», detalló el ministerio público.
Hasta penas de 97 años de cárcel fueron condenados seis pandilleros que cometieron varios crímenes entre 2018 y 2019 en varios cantones del distrito de Izalco, Sonsonate Este, así resolvió el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
Los procesados, perfilados como integrantes de la pandilla 18 sureños, delinquían en los cantones Cruz Grande, Tapashucut, Tunalmiles y San Diego del Distrito de Izalco, Sonsonate Este.
Los condenados son: José Mauricio Pushagua Reyes, Pablo de Jesús Ajcat Tepas, Saúl Erenesto García García, Noé Omar García Sánchez, José Eliseo Pérez Gómez y José Orlando Quilizapa Shupan.
El juzgador impuso 97 años de cárcel para Pushagua Reyes, alias Wicha, por proposición y conspiración en el homicidio de una mujer en diciembre de 2018, así como por tres homicidios agravados que fueron cometidos en 2019. Además, fue sentenciado por el delito de agrupaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República.
Mientras que, Ajcat Tepas recibió una pena de 45 años en prisión por dos homicidios agravados en perjuicio de dos víctimas y el delito de agrupaciones ilícitas. García García, alias tortuga, fue sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de homicidio agravado por el asesinato de una persona y por agrupaciones ilícitas.
García Sánchez, Pérez Gómez y Quilizapa Shupan fueron condenados a penas de entre cuatro y cinco años de prisión por pertenecer a estructuras criminales.
Durante el juicio, el ministerio público presentó suficiente prueba documental, pericial y testimonial que permitieron al tribunal establecer la participación y responsabilidad de cada uno de los implicados en la comisión de los delitos.
Homicida de madre e hija a prisión
La semana anterior, el Tribunal Quinto Contra el Crimen de San Salvador condenó a 10 años de cárcel a Noé Gustavo Reynosa González, alias Frijol, como responsable del delito de homicidio agravado en perjuicio de las víctimas Guadalupe Bonilla de Flores y Stephani S. B., madre e hija. El crimen ocurrió el 6 de marzo de 2013 en Apopa.
Jorbin Agustín C. G., de 36 años de edad, recibió medidas alternas a la detención tras incumplir órdenes de protección a favor de su expareja, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), la tarde del viernes.
CJES detalló que, el pasado lunes, el imputado llegó en estado de ebriedad a la vivienda de la víctima, ubicada en la colonia San Antonio, en la calle a Tonacatepeque, exigiéndole dinero y argumentando que quería ver a su hijo.
La mujer se negó a su solicitud y él se retiró del lugar. Sin embargo, al día siguiente, volvió con la misma exigencia, lo que llevó a la víctima a llamar a la Policía Nacional Civil (PNC). Al llegar, los agentes verificaron que existían medidas de protección vigentes a favor de la mujer, por lo que procedieron a la captura del imputado.
Durante la audiencia inicial, ambas partes solicitaron una conciliación, la cual fue autorizada por el juez.
“Como parte del acuerdo, el imputado deberá cumplir las siguientes medidas de conducta por un año: la prohibición de comunicarse por ningún medio con la víctima, la restricción para consumir alcohol, la obligación de asistir a tratamiento contra el alcoholismo y el compromiso de aprender un oficio”, explicó Centros Judiciales.
