Judicial
Subjefe de grupo de exterminio denominado «Paz o Muerte» es condenado a 138 años de prisión
El subjefe del grupo de exterminio denominado «Paz o Muerte», Agustín de Jesús Rivas López, recibió una condena de 138 años de prisión por tres homicidios agravados y cuatro robos agravados los cuales fueron cometidos en el 2020 y 2021, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La resolución fue emitida el viernes 24 de febrero por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel, en el que se evaluó las pruebas técnicas, científicas y periciales. El condenado deberá pagar $39,275 en concepto de responsabilidad civil.
Rivas López fue condenado a 30 años de cárcel por cada crimen cometido, por lo cual fue sentenciado a 90 años de prisión y por el delito de robo agravado le impusieron 12 años.
Las investigaciones fiscales detallan que el 3 de enero de 2021, en el cantón Obrajuelo de Usulután, junto a varios miembros del grupo de exterminio simularon ser policías y soldados para hacer un operativo policial.
Lo falsos policías irrumpieron con armas de fuego en la vivienda de Jared Baltazar Argüello y tres víctimas más, a quienes les robaron siete armas de fuego (pistolas, escopetas y un revólver) las cuales tienen un valor de $7 mil. También, les robaron cinco celulares y $20 mil en efectivo. La Fiscalía determinó que después del robo, el condenado asesinó a Argüello.
Además, el imputado fue encontrado culpable por asesinar a José Saúl Coreas, el 30 de diciembre de 2020 en cantón Primavera, municipio de El Tránsito, San Miguel. Asimismo, recibió una condena por asesinar el 29 de marzo de 2021 en la colonia Vista Hermosa del mismo departamento a Bryan Alexis Amaya.
“El grupo de exterminio, incluyendo al imputado, se identificaron como policías, sacaron a la víctima de una vivienda y le informaron que quedaría detenido por ¨agrupaciones ilícitas” y posteriormente lo mataron con un arma de fuego”, detalló el fiscal de la Unidad de delitos Relativos a la Vida e Integridad Física de la sede fiscal de Usulután.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
