Judicial
Prisión preventiva para empleado municipal de Usulután por Corrupción
Wilson Geovanni Baires Granados, quien laboraba como Supervisor de Centros de Alcance en la alcaldía de Usulután, permanecerá en prisión por presuntos actos de corrupción al alterar el sistema de cobros a determinadas personas de la localidad.
De acuerdo a las investigaciones, Baires Granados vendía vales de combustible y gestionaba puestos en el mercado municipal a cambio de dinero, por lo que continuará un proceso de instrucción por los delitos de cohecho propio, peculado y tráfico de influencias.
La resolución fue emitida anoche por el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel en la audiencia de imposición de medidas, donde fiscales presentaron suficientes indicios de la existencia del delito y de la participación del imputado.
En la diligencia judicial también se les decretó la instrucción formal con detención provisional a 37 miembros de la MS que responderán por cuatro homicidios agravados, 18 casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio, 7 casos de extorsión, 7 casos de tráfico ilícito de drogas y organizaciones terroristas.
Los incriminados fueron detenidos el pasado martes en la madrugada con órdenes de la Fiscalía General, en una operación en los 4 departamento del oriente del país en la que se pretendía detener a 274 miembros de la MS, que integran 64 grupos y que se dedican a cometer diferentes delitos.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
