Judicial
Juzgado realizará el viernes audiencia inicial contra Catalino Miranda
Este martes 15 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente ante el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador al empresario del transporte de pasajeros, Catalino Ezequiel Miranda, quien es procesado por los delitos de resistencia y desórdenes públicos.
Miranda fue detenido el sábado anterior en el punto de la Ruta 42 en el centro de San Salvador, luego que la Policía corroborara que las rutas dirigidas por el ahora imputado, habían incrementado el pasaje en las Rutas 42 y 152 de manera ilícita.
Junto con el transportista están imputados los motoristas Rommel Iván Aquino Barrera, José Hernández Castillo y Jermel Ernilzon Castro Sorto y se les atribuye el delito de venta a precio superior y posesión y tenencia ilícita de placas de circulación.
El fiscal del caso detalló que solicitarán al juzgado la instrucción formal con detención de Miranda, debido a que entre los dos delitos se suman tres años de prisión. Agregó que cuentan con las pruebas suficientes para que el caso pase a la siguiente etapa.
«Tenemos pruebas de cada uno de los eventos, se ha podido corroborar con diferentes elementos: entre estas, entrevistas con los pasajeros, entrevistas con gestores de tránsito y sobre el evento del señor Catalino Miranda se ha realizado la incautación de videos del Sistema 911», afirmó el representante fiscal.
Añadió que durante la audiencia establecerán que él se encontraba en el lugar de los hechos y realizaba desordenes mediante la utilización de las unidades de transporte de su empresa. «En el delito de resistencia tenemos actas de entrevista de agentes que realizaron el procedimiento y él [Catalino Miranda] trató de arrebatarle las placas que ellos quitaban a las unidades, intentó evitar un procedimiento legal del que estaba habilitada la Policía».
El arresto fue el pasado sábado y ese mismo día el Ministerio de Obras Públicas (MOP) le suspendió la concesión de línea de transporte público a las unidades pertenecientes a Miranda.
En esa ocasión el ministro Rodríguez explicó que 293 unidades de las rutas 42 y 152 eran administradas por el imputado, de ese total son 78 autobuses y 215 microbuses. Además, Rodríguez comentó que el subsidio asignado a estas unidades fue suspendido. Desde entonces el servicio es prestado por el gobierno de manera gratuita en esas rutas.
La Fiscalía informó que la audiencia inicial contra el empresario Catalino Mirando ha sido programada para el próximo viernes 18 de marzo a las 12:00 del mediodía.
Judicial
Dos pandilleros son condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos agentes de la PNC en Santa Ana
Los terroristas identificados como Edwin Armando Ramos Sandoval, de 34 años, y Miguel Antonio Martínez Guevara, de 26, fueron arrestados a inicios de marzo de 2020.
De acuerdo con las investigaciones, el 27 de abril de 2019, en la calle Libertad oriente y 25.ª avenida sur, en el barrio San Rafael, en Santa Ana, a una cuadra del turicentro Sihuatehuacán, los policías se conducían en una motocicleta cuando Ramos Sandoval y Martínez Guevara los atacaron a balazos desde un vehículo.
Los elementos de la corporación policial sobrevivieron al ataque y fueron trasladados al hospital San Juan de Dios donde murieron cuando los doctores los atendían.
Las víctimas fueron identificadas como José Osmín Menéndez, de 49 años, y Óscar Armando Bojórquez Ramírez, de 46.
Según la FGR, durante el juicio se logró que el juez segundo de Sentencia de Santa Ana, validara la prueba que presentaron los fiscales del caso, que estableció la participación de los pandilleros en el ataque.
Al final, el Juzgado impuso la pena máxima a cada procesado, que recibieron una condena de 50 años de prisión por cada homicidio y pasarán 100 años en la cárcel.
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque, en Cuscatlán, condenó a 32 años de prisión a Cecilio Martínez Álvarez por el delito de violación y agresión sexual en menor e incapaz.
Según fiscales de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de la oficina de Cojutepeque, durante la vista pública se comprobó la participación del imputado en perjuicio de dos víctimas.
«Logramos demostrar en la etapa de juicio la participación delincuencial de este sujeto y los vejámenes a los que sometió a las menores durante mucho tiempo sin que la progenitora hiciera nada al respecto, pese a que [las víctimas] se lo dijeron antes de iniciar el proceso judicial», dijo la fiscal del caso.
En la misma resolución se dictó condena de un año de prisión para la madre de las víctimas por abandono y desamparo. La pena será sustituida por labores de utilidad pública.
Cuando salía a trabajar, la mujer dejaba a merced del violador a las menores de edad, indicó el ministerio público. Martínez Álvarez cometió los hechos en el municipio de Candelaria, donde las víctimas convivían con el agresor.
La unidad especializada de delitos de Extorsión de la Fiscalía General de la República logró condenar a siete miembros de la pandilla Barrio 18 por el delito de Extorsión Agravada, modalidad continuada, en perjuicio una víctima protegida.
Los sentenciados son:
Nancy Patricia Santos Cruz, Yenmy Adilene Alvarado Peña, Carmen Lucía Palacios Quintanilla, Silvia Aracely Sarmiento Vásquez,
Jennifer Eneyda Paredes López, Nerys Edgardo Morales. Todos condenados a 20 años de prisión por el Ilícito en mención. Mientras que Jonhy Stanley Garcia Rosales fue sentenciado a 10 años.
Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que los condenados eran los encargados de recoger el dinero proveniente de la Extorsión, que otros miembros de la misma pandilla exigían a comerciantes y empresarios de la zona norte del departamento de La Libertad y sur poniente de Sonsonate.
Los hechos ocurrieron durante todo el año 2019, en los municipios de Colón, Sacacoyo, Santa Tecla, departamento de La Libertad; y Armenia, Sonsonate.
El juez 1° de sentencia de Santa Tecla validó toda prueba presentada por los fiscales del caso y decidió imponer la pena máxima establecida para el delito de Extorsión a cada imputado.
