Judicial
Juzgado realizará el viernes audiencia inicial contra Catalino Miranda
Este martes 15 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente ante el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador al empresario del transporte de pasajeros, Catalino Ezequiel Miranda, quien es procesado por los delitos de resistencia y desórdenes públicos.
Miranda fue detenido el sábado anterior en el punto de la Ruta 42 en el centro de San Salvador, luego que la Policía corroborara que las rutas dirigidas por el ahora imputado, habían incrementado el pasaje en las Rutas 42 y 152 de manera ilícita.
Junto con el transportista están imputados los motoristas Rommel Iván Aquino Barrera, José Hernández Castillo y Jermel Ernilzon Castro Sorto y se les atribuye el delito de venta a precio superior y posesión y tenencia ilícita de placas de circulación.
El fiscal del caso detalló que solicitarán al juzgado la instrucción formal con detención de Miranda, debido a que entre los dos delitos se suman tres años de prisión. Agregó que cuentan con las pruebas suficientes para que el caso pase a la siguiente etapa.
«Tenemos pruebas de cada uno de los eventos, se ha podido corroborar con diferentes elementos: entre estas, entrevistas con los pasajeros, entrevistas con gestores de tránsito y sobre el evento del señor Catalino Miranda se ha realizado la incautación de videos del Sistema 911», afirmó el representante fiscal.
Añadió que durante la audiencia establecerán que él se encontraba en el lugar de los hechos y realizaba desordenes mediante la utilización de las unidades de transporte de su empresa. «En el delito de resistencia tenemos actas de entrevista de agentes que realizaron el procedimiento y él [Catalino Miranda] trató de arrebatarle las placas que ellos quitaban a las unidades, intentó evitar un procedimiento legal del que estaba habilitada la Policía».
El arresto fue el pasado sábado y ese mismo día el Ministerio de Obras Públicas (MOP) le suspendió la concesión de línea de transporte público a las unidades pertenecientes a Miranda.
En esa ocasión el ministro Rodríguez explicó que 293 unidades de las rutas 42 y 152 eran administradas por el imputado, de ese total son 78 autobuses y 215 microbuses. Además, Rodríguez comentó que el subsidio asignado a estas unidades fue suspendido. Desde entonces el servicio es prestado por el gobierno de manera gratuita en esas rutas.
La Fiscalía informó que la audiencia inicial contra el empresario Catalino Mirando ha sido programada para el próximo viernes 18 de marzo a las 12:00 del mediodía.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
