Judicial
Abogado interpone denuncia penal contra los exmagistrados Martín Rogel y Guillermo Arévalo por intentar impunidad a favor del exmagistrado Escalante
Tomado de La Noticia SV
El abogado Sergio Ernesto Portillo Toruño, interpuso denuncia penal por la comisión del delito de prevaricato, en contra de los exmagistrados Guillermo Domínguez y Martín Rogel, por resolver en contravención del interés superior de una niña y tratando de crear impunidad a favor del también exmagistrado, Eduardo Escalante.
El exmagistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, Eduardo Jaime Escalante Díaz, fue sentenciado a 10 años de prisión por el delito de agresión sexual en menor incapaz en perjuicio de una niña de 10 años. Sin embargo, la sentencia fue resuelta por la Cámara Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en el presente año 2022 y no por los exmagistrados Domínguez y Rogel, en el año 2019, quienes en primera instancia resolvieron en definitiva que los “tocamientos” efectuados por Escalante en la menor “no constituían” un delito sino una “falta” denominada “actos contrarios a las buenas costumbres y el decoro público” y no a un delito de agresión sexual.
En este sentido, el abogado Toruño afirmó que la denuncia va conforme a los hechos que son notorios y de conocimiento público “ya que son el resultado de circunstancias que por contener en el trasfondo una conducta “ignominiosa” cometida por un funcionario judicial de una “Alta Corte” en perjuicio de una menor de edad y como consecuencia de esto, el gravísimo proceder de los exmagistrados de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro (Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel Zepeda) con el claro interés de producir impunidad en la conducta ilícita y reprochable del primero Escalante)”, comunicó.
Por ello, el abogado Toruño afirma que dichos actos son indicios suficientes para considerar que los exmagistrados han cometido una conducta de prevaricato previsto y sancionado en el art. 310 del Código Penal en perjuicio de la administración de Justicia, lo cual establece que:
“Art. 310.- El juez que a sabiendas dictare resolución contraria a la ley o fundada en hechos falsos, por interés personal o por soborno, será sancionado con prisión de tres a seis años e inhabilitación especial del cargo por igual tiempo. Si la sentencia fuere condenatoria, en proceso penal, la sanción será de tres a diez años de prisión. Se tendrá como prevaricato el hecho de que un magistrado juez o secretario, dirijan por sí o por interpósita persona al interesado o a las partes en juicio o diligencias que se sigan en el tribunal en el que desempeña sus funciones o en algún otro. Los que incurran en este delito serán sancionados con prisión de uno a tres años. El juez que, por negligencia o ignorancia inexcusable, dictare sentencia manifiestamente injusta, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.”
Ante lo anterior expuesto, Toruño propone: que se requiera al Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, el informe sobre la existencia de informativos disciplinarios tramitados en el periodo de noviembre de 2019 hasta el 31 de septiembre de 2021, en contra de los exmagistrados : Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel Zepeda, donde se detalle “la razón de la apertura del informativo, el estado del procedimiento y si se ha aplicado o no sanción en contra de los citados funcionarios judiciales”. También que se solicite a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, la certificación de la resolución pronunciada por dicho Tribunal, “dentro del incidente correspondiente al Recurso de Apelación (por tratarse de un caso de funcionario con fuero, en el que la citada Sala ejerce como segunda instancia), en el expediente judicial Ref. No. 3APE2019”.
De acuerdo a lo manifestado el abogado y notario, Sergio Toruño, requiere:
- Admitir el escrito en calidad de abogado y ciudadano en el que conta el aviso penal.
- Tener por señalados de forma específica como presuntos responsables de cometer el delito de PREVARICATO. “previsto y sancionado en el art. 310 Pn, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, a los (Ex) magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro: Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel Zepeda”.
- Aperturar carpeta de investigación en contra de los exmagistrados señalados por suficientes pruebas que indican una conducta ilícita.
- Obtener la verdad formal del caso y que se alcance justicia por medio de la efectiva aplicación de la normal penal contra los infractores.
- Formulación correspondiente al requerimiento fiscal.
El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Jacqueline Liseth M. D., de 44 años, acusada del delito de lesiones muy graves en perjuicio de Marcelo M., de 49 años.
De acuerdo con la información judicial, los hechos ocurrieron el 12 de mayo de 2026 en la urbanización El Milagro, en el distrito de Santa Ana, cuando la víctima se encontraba departiendo con otras personas.
Según el reporte, el afectado observó la llegada de una pareja que, tras varios minutos, inició una discusión. Al percatarse de que ambos se encontraban alterados, intervino con el propósito de mediar la situación y les pidió que se calmaran.
Sin embargo, la imputada presuntamente le propinó un golpe con un objeto contundente en el ojo derecho, ocasionándole una fractura facial. Posteriormente, huyó del lugar.
La víctima fue auxiliada por familiares y trasladada a un centro asistencial. Debido a la gravedad de las lesiones, fue referido a un hospital en San Salvador, donde fue intervenido quirúrgicamente y permaneció ingresado durante cinco días.
Según el informe médico, Marcelo M. sufrió la pérdida total del ojo derecho y una fractura en el pómulo. Asimismo, el Instituto de Medicina Legal determinó que las lesiones sanarán en aproximadamente 90 días, período que también corresponde a la incapacidad otorgada, además de establecer una secuela permanente por la pérdida del ojo derecho.
El vigilante Franklin Gilberto Cartagena Moreno fue enviado a prisión provisional tras ser acusado de sustraer dos armas de fuego de la ferretería donde laboraba, ubicada en la avenida Juan Aberle y avenida Monseñor Romero, en San Salvador.
Durante la audiencia en el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador, la Fiscalía General de la República indicó que el hecho ocurrió el 9 de mayo de 2026, cuando otro vigilante del establecimiento notó la ausencia de su arma de fuego y la del ahora procesado.
De acuerdo con la investigación, al realizar una verificación interna se determinó que Cartagena Moreno habría sustraído el armamento, entre el que se incluyen un revólver calibre 38 y una escopeta calibre 12, además de tres radios portátiles, seis cartuchos calibre 12, 12 cartuchos calibre 38, un cinturón táctico, funda y otros accesorios.
El caso fue denunciado ante las autoridades, quienes posteriormente ubicaron al sospechoso. En coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), se ejecutó un allanamiento que permitió la recuperación de las armas y demás objetos reportados como hurtados.
Durante el procedimiento también se le decomisó una porción de marihuana. La Fiscalía lo acusa de los delitos de hurto agravado, así como de posesión y tenencia.
El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador ordenó la apertura a juicio contra un hombre de 46 años identificado como J. E. M. C., quien es procesado por el delito de amenazas con agravación especial.
De acuerdo con la información fiscal, el hecho ocurrió en enero de 2026, cuando agentes policiales acudieron a la colonia El Roble, sobre la calle San Antonio Abad, en San Salvador, tras recibir un aviso sobre un incidente relacionado con arma de fuego.
Al llegar al lugar, las autoridades localizaron al imputado en aparente estado de ebriedad y, según la acusación, portando un arma de fuego con la que habría amenazado a la víctima.
Durante la intervención policial, el arma fue incautada junto con 14 cartuchos. El imputado fue detenido en flagrancia mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.
El fiscal del caso señaló que, tras el análisis de las pruebas presentadas, el juzgado identificó elementos suficientes para admitir la acusación y ordenar la apertura a juicio.
El procesado permanecerá bajo detención mientras continúa el proceso judicial en su contra.
