Judicial
Juzgado realizará el viernes audiencia inicial contra Catalino Miranda
Este martes 15 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente ante el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador al empresario del transporte de pasajeros, Catalino Ezequiel Miranda, quien es procesado por los delitos de resistencia y desórdenes públicos.
Miranda fue detenido el sábado anterior en el punto de la Ruta 42 en el centro de San Salvador, luego que la Policía corroborara que las rutas dirigidas por el ahora imputado, habían incrementado el pasaje en las Rutas 42 y 152 de manera ilícita.
Junto con el transportista están imputados los motoristas Rommel Iván Aquino Barrera, José Hernández Castillo y Jermel Ernilzon Castro Sorto y se les atribuye el delito de venta a precio superior y posesión y tenencia ilícita de placas de circulación.
El fiscal del caso detalló que solicitarán al juzgado la instrucción formal con detención de Miranda, debido a que entre los dos delitos se suman tres años de prisión. Agregó que cuentan con las pruebas suficientes para que el caso pase a la siguiente etapa.
«Tenemos pruebas de cada uno de los eventos, se ha podido corroborar con diferentes elementos: entre estas, entrevistas con los pasajeros, entrevistas con gestores de tránsito y sobre el evento del señor Catalino Miranda se ha realizado la incautación de videos del Sistema 911», afirmó el representante fiscal.
Añadió que durante la audiencia establecerán que él se encontraba en el lugar de los hechos y realizaba desordenes mediante la utilización de las unidades de transporte de su empresa. «En el delito de resistencia tenemos actas de entrevista de agentes que realizaron el procedimiento y él [Catalino Miranda] trató de arrebatarle las placas que ellos quitaban a las unidades, intentó evitar un procedimiento legal del que estaba habilitada la Policía».
El arresto fue el pasado sábado y ese mismo día el Ministerio de Obras Públicas (MOP) le suspendió la concesión de línea de transporte público a las unidades pertenecientes a Miranda.
En esa ocasión el ministro Rodríguez explicó que 293 unidades de las rutas 42 y 152 eran administradas por el imputado, de ese total son 78 autobuses y 215 microbuses. Además, Rodríguez comentó que el subsidio asignado a estas unidades fue suspendido. Desde entonces el servicio es prestado por el gobierno de manera gratuita en esas rutas.
La Fiscalía informó que la audiencia inicial contra el empresario Catalino Mirando ha sido programada para el próximo viernes 18 de marzo a las 12:00 del mediodía.

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Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.
Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.
Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.
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Condenan a 20 años de prisión a pandillero que fungía como poste en El Congo, Santa Ana
La Fiscalía General de la República logró una condena de 20 años de prisión contra Reynaldo Antonio Pérez Rosales, identificado como homeboy, por el delito de agrupaciones ilícitas. El sentenciado operaba desde 2017 en el municipio de El Congo, departamento de Santa Ana.
Según la investigación, sus funciones dentro de la estructura criminal consistían en vigilar la zona y alertar a los demás pandilleros sobre la presencia de patrullajes policiales y militares. Además, se le atribuye el cobro de extorsiones a diferentes comercios turísticos del sector, lo que formaba parte de las actividades con las que la organización mantenía control e intimidación en la zona.
La sentencia fue dictada en el marco de los procesos judiciales que avanzan contra integrantes de estructuras pandilleriles en el occidente del país. La Fiscalía detalló que Pérez Rosales también enfrenta procesos por otros delitos, por los cuales recibirá condenas adicionales que se acumularán a la ya impuesta.
Casos como este forman parte de las acciones de investigación y judicialización orientadas a desarticular las redes de vigilancia, cobro de extorsión y control territorial que ejercían las pandillas. Las autoridades continúan presentando pruebas sobre las funciones específicas de cada integrante dentro de las estructuras criminales.

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Condenan a 20 años de prisión a Héctor Enrique Escobar Aguilar por violación de menor en Ciudad Delgado







