Judicial
Integrantes de banda dedicada al hurto de vehículo fueron condenados a penas de hasta 89 años de prisión

Un grupo de cuatro sujetos que integran una banda que por dos años se habían dedicado al hurto de vehículos automotores en Cojutepeque, San Salvador, Aguilares, Chalatenango y Apopa, y que posteriormente desmantelaban y vendían por piezas en Honduras, fueron condenados a penas de hasta 89 años de cárcel.
El Fiscal del caso de la Unidad de Patrimonio de la oficina Fiscal de Cojutepeque, detalló que Wilfredo Martínez González fue condenado a 89 años de cárcel por los delitos de Hurto Agravado, Receptación de Vehículo, Hurto de Vehículo y Receptación de Vehículo Automotor o sus piezas provenientes de Hurto.
De acuerdo a las investigaciones fiscales, los integrantes de la banda delincuencial realizaban labores de ubicación de los vehículos automotores, planifican y ejecutan el hurto, desarrollaban vigilancia en la ruta de traslado, los ocultaban para que algunos de estos vehículos fueran llevados posteriormente a Honduras, para lo cual preparaban la documentación falsa para burlar la autoridad. Otros los desmantelaban para venderlos por piezas.
El 12 de septiembre del año 2017, los imputados hurtaron varios automotores en Cojutepeque, San Salvador, Aguilares, Chalatenango y Apopa.
Otro de los condenados por estos hechos es Rolando Vercelli Corvera Iraheta que fue sentenciado a 42 años y medio.
Mientras que Mario Ernesto Rico Rivas a 9 años de cárcel, y Marciano Eduardo Alvarado Vásquez a 5 años y medio.
La sentencia condenatoria fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia “B” de San Salvador.

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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
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Abogado Salvador Anaya, acusado de lavado de dinero, seguirá detenido

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.