Judicial
Integrantes de banda dedicada al hurto de vehículo fueron condenados a penas de hasta 89 años de prisión
Un grupo de cuatro sujetos que integran una banda que por dos años se habían dedicado al hurto de vehículos automotores en Cojutepeque, San Salvador, Aguilares, Chalatenango y Apopa, y que posteriormente desmantelaban y vendían por piezas en Honduras, fueron condenados a penas de hasta 89 años de cárcel.
El Fiscal del caso de la Unidad de Patrimonio de la oficina Fiscal de Cojutepeque, detalló que Wilfredo Martínez González fue condenado a 89 años de cárcel por los delitos de Hurto Agravado, Receptación de Vehículo, Hurto de Vehículo y Receptación de Vehículo Automotor o sus piezas provenientes de Hurto.
De acuerdo a las investigaciones fiscales, los integrantes de la banda delincuencial realizaban labores de ubicación de los vehículos automotores, planifican y ejecutan el hurto, desarrollaban vigilancia en la ruta de traslado, los ocultaban para que algunos de estos vehículos fueran llevados posteriormente a Honduras, para lo cual preparaban la documentación falsa para burlar la autoridad. Otros los desmantelaban para venderlos por piezas.
El 12 de septiembre del año 2017, los imputados hurtaron varios automotores en Cojutepeque, San Salvador, Aguilares, Chalatenango y Apopa.
Otro de los condenados por estos hechos es Rolando Vercelli Corvera Iraheta que fue sentenciado a 42 años y medio.
Mientras que Mario Ernesto Rico Rivas a 9 años de cárcel, y Marciano Eduardo Alvarado Vásquez a 5 años y medio.
La sentencia condenatoria fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia “B” de San Salvador.
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
