Judicial
Imponen 31 años de prisión a hombre por intento de homicidio y otros delitos
31 años de prisión deberá cumplir José Salvador Guevara, por intentar asesinar a un hombre, lesionar con arma blanca a una mujer y a un niño de seis años y por conducción ilegal o Irresponsable de Arma de Fuego . Los hechos ocurrieron en cantón El Rodeo, del municipio de Moncagua, San Miguel.
Con abundantes pruebas testimoniales, documentales y periciales, la Fiscalía General de la República (FGR) comprobó en juicio al Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel, que el imputado actuó con alevosía y premeditación, al momento de cometer los ilícitos.
El tribunal impuso a Guevara, 15 años de prisión por homicidio agravado tentado, 10 por tenencia, portación, conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y 6 por lesiones (3 años por cada víctima). En total deberá cumplir una sentencia de 31 años de cárcel.
Según la investigación fiscal, aproximadamente a las 6:30 de la mañana del 22 de diciembre de 2022, las víctimas estaban descansando cuando escucharon ruido en el techo de la casa y observaron que el imputado intentaba ingresar a la fuerza.
“La víctima masculina le preguntó que quería y salió al patio a buscar un machete, estando ahí el imputado se bajó del techo y le disparó en la cabeza”, manifestó la fiscal del caso. Con el disparo, la víctima cayó al suelo y Guevara le quitó el machete con el cual lo hirió en varias ocasiones en la cabeza y manos.
La esposa de la víctima y el hijo de 6 años, al ver el ataque intentaron detener al imputado pero también fueron lesionados.
Tras el ataque, Guevara se dio a la fuga y gracias a las investigaciones realizadas por la FGR el 21 de enero de este año lograron ubicarlo y capturarlo por orden administrativa.
La FGR determinó que el día del crimen imputado intentaba privar de libertad por segunda vez a la hija mayor -de 13 años- de la pareja y al verse descubierto cometió los crímenes.
En octubre de este año, la FGR logró que Guevara fuera condenado a 34 años y 8 meses de prisión por privación de libertad agravada y violación en menor o incapaz agravada en modalidad continuada, perjuicio de la hija mayor de las víctimas.
El 27 de septiembre de 2022 el sujeto aprovechó que los padres de la niña estaban trabajando para privarla de libertad. Con amenazas se la llevó a una casa en donde la mantuvo secuestrada durante un mes, en el cual la maltrató y abusó sexualmente de ella.
Con esta condena, el ente fiscal logró dar justicia a todos lo miembros de la familia que fueron víctimas de Guevara.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
