Judicial
Giran órdenes de captura para exjefe del GRP y seis agentes más implicados en el caso agente Carla Ayala
El exjefe del del Grupo de Reacción Policial (GRP), seis policías más y tres civiles fueron capturados por estar vinculados a la desaparición y posible asesinato de la agente Carla Ayala, el pasado 28 de diciembre tras una fiesta en esa sede policial.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la Unidad Especializada Antihomicidios giró 10 órdenes de captura, bajo los delitos de feminicidio agravado, encubrimiento, incumplimiento de deberes y complicidad en el caso de la agente Carla Ayala.
Según el requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), la agente participó en la fiesta desarrollada en la sede del GRP, ubicado en la calle principal de la residencial San Fernando, el pasado 28 de diciembre.
Cuando finalizó la celebración dieron la orden de que fueran a dejarla hasta el sector de Apopa, en esos instantes ingresó al vehículo el prófugo Juan Josué Castillo, quien en algún momento del viaje y por motivos aparentemente desconocidos le disparó cuando iban al interior del vehículo, a la altura de la residencial La Gloria de Mejicanos.
Cuando los otros dos policías encargados de llevar a la víctima a su casa escucharon el disparo, decidieron retornar a la base sin percatarse de las condiciones de salud de Ayala. Al llegar a la base, bajaron para informar lo sucedido, pero cuando regresaron al auto observaron a Castillo que se alejaba con la víctima en la misma patrulla.
Los agentes Ovidio Antonio Pacheco y Wilfredo Deras Hernández están detenidos desde el 3 de enero de este año y son acusados de incumplimiento de deberes. La Fiscalía los acusa de no haber detenido oportunamente a Juan Josué Castillo, quien se mantiene prófugo y presuntamente mató y desapareció a Ayala.
Muchas personas opinan que la policía ha entorpecido la investigación por el tiempo que les ha tomado realizarla. Sin embargo, el director de la policía, Howard Cotto, afirma que “es imposible establecer el tiempo en que un caso será investigado, las circunstancias se establecen por las características y la complejidad del caso”.
Según Cotto lo que hace realmente complejo el caso de Carla Ayala es el hecho de no haber encontrado el cuerpo de la ex agente de la PNC.
En marzo se presentaron indicios que en una tumba del cementerio en San Francisco Javier, Usulután, podría estar el cuerpo enterrado de la agente Carla Ayala, pese a esto las autoridades emitieron una disculpa a la familia de Carla ya que el cuerpo encontrado en esa tumba correspondía a una mujer de 91 años.
La familia realizó reclamos por esta equivocación de la PNC, pero debido a los elementos que apuntaban que podría encontrarse ahí el directo de la PNC afirma que «no podían dejar de realizar la exhumación del cuerpo»
Hasta la fecha no se sabe del paradero de la mujer ni del imputado.
Por: El Salvador Times.
A cumplir una condena de 12 años de cárcel ha sido sentenciado José Alfredo Gómez Ramírez, quien fue declarado culpable por el delito de robo en perjuicio de una víctima, a quien despojó de sus objetos de valor.
El hecho ocurrió la tarde del 18 de enero de este año. La víctima transitaba sobre 12ª. calle poniente, entre la 1ª. avenida sur y la avenida Isidro Ménendez, en el centro de esta capital, cuando fue interceptada por Gómez Ramírez, quien la amenazó de muerte y de forma rápida la despojó de sus prendas de valor.
La víctima luego de entregar sus pertenencias huyó de la zona y buscó apoyo policial.
El sujeto fue ubicado y detenido por agentes de autoridad a los pocos minutos de la acción delincuencial. La Fiscalía presentó toda la prueba ante el Juzgado Noveno de Paz y al finalizar de la denominada audiencia de vista pública sumaria fue encontrado responsable penalmente por el mencionado delito.
Gómez Ramírez ya cumplió dos condenas carcelarias por igual número de robos que cometió en 2015 y 2020, respectivamente.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron un operativo para capturar a Miguel Ángel Renderos Teo, quien será procesado por generar material de abuso sexual infantil.
La investigación contra el sujeto inició luego que la Fiscalía recibió un aviso en el que se alertaba que el hombre creaba material de abuso sexual de dos menores.
El registro se realizó en Soyapango, San Salvador Este y durante el procedimiento se logró la incautación de tres dispositivos celulares que ayudarán a robustecer las investigaciones en su contra.
Además se logró identificar a las víctimas, quienes fueron asistidas por el equipo multidisciplinario de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia (UAEMNA).
La FGR presentará al imputado en los próximos días ante las autoridades competentes.
Al hombre se le atribuyen los delitos de utilización de niñas/os, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), violación en menor e incapaz agravada y continuada, y agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
