Judicial
Giran órdenes de captura para exjefe del GRP y seis agentes más implicados en el caso agente Carla Ayala
El exjefe del del Grupo de Reacción Policial (GRP), seis policías más y tres civiles fueron capturados por estar vinculados a la desaparición y posible asesinato de la agente Carla Ayala, el pasado 28 de diciembre tras una fiesta en esa sede policial.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la Unidad Especializada Antihomicidios giró 10 órdenes de captura, bajo los delitos de feminicidio agravado, encubrimiento, incumplimiento de deberes y complicidad en el caso de la agente Carla Ayala.
Según el requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), la agente participó en la fiesta desarrollada en la sede del GRP, ubicado en la calle principal de la residencial San Fernando, el pasado 28 de diciembre.
Cuando finalizó la celebración dieron la orden de que fueran a dejarla hasta el sector de Apopa, en esos instantes ingresó al vehículo el prófugo Juan Josué Castillo, quien en algún momento del viaje y por motivos aparentemente desconocidos le disparó cuando iban al interior del vehículo, a la altura de la residencial La Gloria de Mejicanos.
Cuando los otros dos policías encargados de llevar a la víctima a su casa escucharon el disparo, decidieron retornar a la base sin percatarse de las condiciones de salud de Ayala. Al llegar a la base, bajaron para informar lo sucedido, pero cuando regresaron al auto observaron a Castillo que se alejaba con la víctima en la misma patrulla.
Los agentes Ovidio Antonio Pacheco y Wilfredo Deras Hernández están detenidos desde el 3 de enero de este año y son acusados de incumplimiento de deberes. La Fiscalía los acusa de no haber detenido oportunamente a Juan Josué Castillo, quien se mantiene prófugo y presuntamente mató y desapareció a Ayala.
Muchas personas opinan que la policía ha entorpecido la investigación por el tiempo que les ha tomado realizarla. Sin embargo, el director de la policía, Howard Cotto, afirma que “es imposible establecer el tiempo en que un caso será investigado, las circunstancias se establecen por las características y la complejidad del caso”.
Según Cotto lo que hace realmente complejo el caso de Carla Ayala es el hecho de no haber encontrado el cuerpo de la ex agente de la PNC.
En marzo se presentaron indicios que en una tumba del cementerio en San Francisco Javier, Usulután, podría estar el cuerpo enterrado de la agente Carla Ayala, pese a esto las autoridades emitieron una disculpa a la familia de Carla ya que el cuerpo encontrado en esa tumba correspondía a una mujer de 91 años.
La familia realizó reclamos por esta equivocación de la PNC, pero debido a los elementos que apuntaban que podría encontrarse ahí el directo de la PNC afirma que «no podían dejar de realizar la exhumación del cuerpo»
Hasta la fecha no se sabe del paradero de la mujer ni del imputado.
Por: El Salvador Times.
Judicial
Logran que constructora pague indemnización a familia de trabajador que murió en La Puerta del Diablo
El Ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció que la empresa que ejecuta obras en el parque nacional Puerta del Diablo, indemnizará a la familia de un joven trabajador quien falleció el pasado 2 de septiembre, al despeñarse mientras trataba de huir de un ataque de abejas.
El joven Douglas Enrique Ortiz, fue atacado por abejas cuando trabajaba en una estructura a una altura considerable. Al ser picado, trató de escapar pero, por no poseer equipo adecuado como arneses y otros, cayó al vacío muriendo en el acto.
«Hoy anuncio que hemos logrado que la empresa reconozca una fuerte indemnización a la madre del joven fallecido en el proyecto en la Puerta del Diablo en Planes de Renderos», dijo el funcionario.
Agregó que el propósito de su ministerio «es llevar justicia laboral», y que en el pasado «los poderosos imponían sus criterios y, ante pérdidas de vida y accidentes laborales de sus trabajadores, solo reemplazaban a las víctimas como piezas desechables», comentó.
«Esa impunidad se ha terminado, estamos llevando justicia incluso en las zonas rurales donde antes estos accidentes pasaban desapercibidos y las personas humildes, dada su sencillez aceptaban lo que el patrón decidía», manifestó.
Castro se refirió además al caso de dos niños que resultaron intoxicados en una finca en Ahuachapán, luego de manipular agroquímicos con los que trabajaban para su patrono. «Gracias a Dios ambos están con vida, pero el empleador deberá pagar indemnización grande y proporcional a los daños ocacionados a las dos familias de los menores», advirtió.
Detalló que el MINTRAB garantizará que los pagos se hagan de forma inmediata a las familias afectadas.
«Sabemos que nunca una cantidad borrará el dolor y el sufrimiento, pero es una medida de justicia y reparación para las víctimas. Ver los rostros de personas humildes que nos manifiestan que no tenían esperanza, pero que ahora se sienten satisfechos porque se ha reconocido el daño y protegidos sus derechos, nos compromete aún más para avanzar por este camino», añadió.
Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) allanaron, este martes, varias propiedades en San Salvador y Cuscatlán relacionadas con el trailero salvadoreño Nelson Orlando Escobar Andrade, capturado el pasado 28 de agosto luego que la Policía de Nicaragua descubriera en su camión 240 kilos de anfetaminas valorados $3,604,747.
La Fiscalía salvadoreña indicó que en los registros incautó “dos escopetas, tres armas de fuego y dinero en efectivo” y junto con la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Yamileth Pérez Fabián y a Hugo Edgardo Peñate a quienes acusan de tenencia ilegal de armas de fuego. En el mismo operativo también reportaron el arresto de Francisco Javier Meléndez por receptación de vehículo automotor ligado a Escobar Andrade.
Las autoridades recordar que el cargamento incautado en Nicaragua era transportado en un trailer placas salvadoreñas C71200 que inició su traslado de Guatemala con destino a Costa Rica.
“Escobar manejaba un furgón con placas salvadoreñas y transportaba más de 240 kilos de anfetaminas, con un valor comercial de más de tres millones de dólares. Los 200 paquetes iban ocultos entre un cargamento de detergentes”, resumen la FGR el reporte de las autoridades nicaragüenses.
Escobar Andrade fue detenido tras una revisión en el puesto fronterizo de El Espino, municipio de San Lucas departamento de Madriz, Nicaragua.
La Fiscalía General de la República (FGR) realizó este martes un allanamientos en cinco inmuebles que pertenecen al expresidente del Bandesal, Juan Pablo Durán, acusado de corrupción.
Entre los inmuebles intervenidos se encuentra una vivienda, una oficina de asesoría financiera y un bufete jurídico. Esto es «con el fin de fortalecer las investigaciones en su contra y presentarlas ante el Juzgado correspondiente», explicó la Fiscalía.
Durán Escobar es acusado de Actos Arbitrarios y Cohecho Impropio, en perjuicio de la Administración pública.
«La Unidad Especializada contra Lavado de Activos está haciendo efectivas órdenes de registro con prevención de allanamiento a inmuebles relacionados al señor Juan Pablo Durán Escobar, y varias de sus empresas en la que tiene calidad de accionista», detalló el fiscal del caso.
Entre estas empresas intervenidas se encuentran Durán Importaciones, Enlace Inmobiliario, y Asesoría Financiera Integral, entre otras.
El exfuncionario fue detenido el pasado sábado 30 de septiembre en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Según explicó el presidente de la República, Nayib Bukele, el día de la captura, este estaba siendo investigado por irregularidades durante su gestión, por lo que fue separado del cargo en marzo de 2022.
Por su parte, el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, afirmó este martes que una de las líneas de investigación detalla que Durán habría sobornado para facilitar el otorgamiento de préstamo a un empresario del transporte.
