Judicial
Giran órdenes de captura para exjefe del GRP y seis agentes más implicados en el caso agente Carla Ayala
El exjefe del del Grupo de Reacción Policial (GRP), seis policías más y tres civiles fueron capturados por estar vinculados a la desaparición y posible asesinato de la agente Carla Ayala, el pasado 28 de diciembre tras una fiesta en esa sede policial.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la Unidad Especializada Antihomicidios giró 10 órdenes de captura, bajo los delitos de feminicidio agravado, encubrimiento, incumplimiento de deberes y complicidad en el caso de la agente Carla Ayala.
Según el requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), la agente participó en la fiesta desarrollada en la sede del GRP, ubicado en la calle principal de la residencial San Fernando, el pasado 28 de diciembre.
Cuando finalizó la celebración dieron la orden de que fueran a dejarla hasta el sector de Apopa, en esos instantes ingresó al vehículo el prófugo Juan Josué Castillo, quien en algún momento del viaje y por motivos aparentemente desconocidos le disparó cuando iban al interior del vehículo, a la altura de la residencial La Gloria de Mejicanos.
Cuando los otros dos policías encargados de llevar a la víctima a su casa escucharon el disparo, decidieron retornar a la base sin percatarse de las condiciones de salud de Ayala. Al llegar a la base, bajaron para informar lo sucedido, pero cuando regresaron al auto observaron a Castillo que se alejaba con la víctima en la misma patrulla.
Los agentes Ovidio Antonio Pacheco y Wilfredo Deras Hernández están detenidos desde el 3 de enero de este año y son acusados de incumplimiento de deberes. La Fiscalía los acusa de no haber detenido oportunamente a Juan Josué Castillo, quien se mantiene prófugo y presuntamente mató y desapareció a Ayala.
Muchas personas opinan que la policía ha entorpecido la investigación por el tiempo que les ha tomado realizarla. Sin embargo, el director de la policía, Howard Cotto, afirma que “es imposible establecer el tiempo en que un caso será investigado, las circunstancias se establecen por las características y la complejidad del caso”.
Según Cotto lo que hace realmente complejo el caso de Carla Ayala es el hecho de no haber encontrado el cuerpo de la ex agente de la PNC.
En marzo se presentaron indicios que en una tumba del cementerio en San Francisco Javier, Usulután, podría estar el cuerpo enterrado de la agente Carla Ayala, pese a esto las autoridades emitieron una disculpa a la familia de Carla ya que el cuerpo encontrado en esa tumba correspondía a una mujer de 91 años.
La familia realizó reclamos por esta equivocación de la PNC, pero debido a los elementos que apuntaban que podría encontrarse ahí el directo de la PNC afirma que «no podían dejar de realizar la exhumación del cuerpo»
Hasta la fecha no se sabe del paradero de la mujer ni del imputado.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
