Judicial
FOTOS: Fiscalía incautó cuatro inmuebles y 30 vehículos valorados en más de 1 millón de dólares pertenecientes a una estructura delincuencial
Los inmuebles están ubicados en las cercanías de la frontera San Cristóbal y construidos estratégicamente en los límites entre El Salvador y Guatemala para facilitar tanto el paso de mercedaria de forma ilegal, así como el tráfico de personas; dijeron las autoridades fiscales.
En su conjunto los inmuebles tienen un valor aproximado de un millón de dólares, según el jefe de la Unidad Especializada de extinción de Dominio, Alexis Ayala, “lo que se busca con esta incautación de los bienes es evitar que estos sigan siendo utilizados para los delitos de contrabando de mercadería, tráfico ilegal de personas y otros delitos, con lo que se ataca el musculo financiero de la estructura”.
El fiscal explicó que dentro del marco de la ley de extinción de dominio una vez incautados los inmuebles pasan a la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAB, evitando para que estos estén a disposición de las personas que se dedicaban a las actividades ilícitas.
Ayala, agregó que hasta el momento lo incautado son cuatro inmuebles y 30 vehículos y no descartó que durante la investigación que continúa se realicen más incautaciones.
El operativo además ha dejado unas 40 capturas y se ha realizado en coordinación con la Policía Nacional Civil de El Salvador, así como con elementos de la fuerza Armada, PNC y el Ministerio Público de Guatemala.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
