Judicial
Fiscalía asegura que exdirectores de Centros Penales malversaron más de $3 millones, la resolución del proceso se dará a conocer en enero del 2019
El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador instaló la audiencia preliminar en contra de los exdirectores de Centros Penales, Rodil Hernández y Nelson Rauda, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) los acusa por los delitos de administración fraudulenta y actos arbitrarios.
Luego del proceso, el juez a cargo determinó que será el próximo 18 de enero de 2019 que dará a conocer si el caso de ambos exfuncionarios será presentado ante uno de los Tribunales de Sentencia para desarrollar un juicio en su contra.
La fiscalía los acusa de utilizaron fondos que eran en beneficio para las personas detenidas en los centros de reclusión, tras valerse de sus cargos y de su autoridad, cada uno en sus respectivas gestiones. Además de dar órdenes al coordinador de la tienda institucional de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) para distribuir fondos proveniente de las tiendas penitenciarias para fines totalmente distintos.
Según las autoridades hubo un mal manejo de dinero proveniente de las tiendas penitenciaras que no fueron ocupados para mejorar el sistema carcelario, sino para el pago de salarios de personas que presuntamente colaboraron con la tregua entre pandillas, configurándose así la malversación de fondos de parte de los dos exdirectores.
De acuerdo a la fiscalía se ha documentado múltiples erogaciones económicas en el periodo de Nelson Rauda, supuestamente para el pago de rubros como inteligencia, contrataciones como es el caso de Raúl Mijangos.
Rauda fungió como director desde el 8 de febrero del año 2012 al 30 de mayo de 2013; mientras que Hernández desde junio del año 2013 hasta junio del año 2017.
Juez 4° de instrucción de S.S. finaliza la audiencia preliminar contra los exdirectores de Centros Penales, Rodil Hernández y Nelson Rauda. Resolución será notificada el 18-1-19 a las 10:00 am. pic.twitter.com/jxRjQj7KlT
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 11 de diciembre de 2018
Fiscal del caso se refiere a los delitos que se han fortalecido con abundante prueba, en esta fase del proceso en contra de los dos exfuncionarios. pic.twitter.com/ExdqUIJBpf
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 11 de diciembre de 2018
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
