Judicial
FGR pide suspender proceso contra Muyshondt, Lüers y Arístides Valencia en caso Tregua
El Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador, a petición fiscal, prorrogó para el 19 de junio de 2021 el plazo de instrucción del caso donde procesan al alcalde capitalino Ernesto Luis Muyshondt García Prieto, el exministro de Justicia y Seguridad, Benito Antonio Lara Fernández, el exministro de Gobernación, Ramón Arístides Valencia Arana, Wilson Alexander Alvarado Alemán y el periodista Arn Richard Lüers, conocido como Paolo Lüers y Mario Alberto Mijangos, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude procesal.
La solicitud de ampliar a seis meses más se debe a un escrito presentado por la representación fiscal para realizar más diligencias de investigación autorizadas por la jueza y por considerarla compleja y con múltiples eventos.
Entre las diligencias a desarrollar están reconocimientos en rueda de personas, inspecciones oculares, entrevistas a testigos ofrecidas por los imputados, vaciado de información de dispositivos electrónicos y solicitud de bitácoras de teléfonos, así como analizar videos. El plazo de instrucción original vence este 14 de diciembre.
La investigación del presente caso se originó debido a declaraciones de dos testigos criteriados de oportunidad denominados “Noé” y “Salomón”, quienes eran miembros activos de grupos terroristas en la época en que presuntamente ocurrieron los hechos. Estos señalaron que se mantenían negociaciones con beneficios bilaterales entre maras y dichos actores políticos que benefició a terroristas al interior de los centros penales y a los que estaban en libertad, presuntamente.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, los delitos se cometieron durante el período de octubre de 2013 a febrero de 2015. Presuntamente los políticos, tanto del FMLN y ARENA, se habían reunido con miembros de tres estructuras terroristas en el marco de las elecciones presidenciales del 2014.
Presuntamente el FMLN, según los testigos, pagó a estos grupos un total de 433 mil dólares. Mientras que ARENA pagó 138 mil dólares, presuntamente con la intención de salir favorecidos en las elecciones de alcaldes y diputados en el año 2015.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
