Judicial
FGR logra condena de hasta 112 años de prisión para estructura de la 18 en Cuscatlán
El Juzgado Especializado de Sentencia “A” de esta capital valoró casi en su totalidad la versión del testigo criteriado aportado por la representación fiscal, y estableció que lo vertido por esta figura junto a otras pruebas aportadas durante el proceso, eran suficientes para condenar a una estructura de 12 integrantes de mara 18 sureños que operaba en la ciudad de Cojutepeque a cuyos integrantes impuso penas carcelarias de hasta 112 años de prisión.
Las muertes de un activista de un partido político, de un miembro del CAM, así como un atentado en contra de una caseta de la PNC son parte de los hechos punibles que estos sujetos cometieron durante el tiempo que delinquieron en esa zona.
En total los 12 imputados enfrentaron el juicio bajo los delitos de Homicidio Agravado y homicidio agravado tentado, siendo estos nueve en su totalidad.
El jefe de la Unida de Vida de la oficina de Cojutepeque externo su complacencia con la resolución, debido a que se constituye en un fuerte golpe a las pandillas, en este caso a los 18 sureños, principalmente en la coyuntura actual en donde se libra una dura batalla en contra de estos grupos delincuenciales a nivel nacional.
«Sin duda este es un fuerte golpe que como Fiscalía le estamos dando a estos grupos criminales y en cierta forma una respuesta a las familias de las víctimas, que pedían justicia terrenal para los sujetos que les robaron las vidas de sus familiares», dijo.
Dentro de las condenas más ejemplarizantes y amplias que impuso el Juez Especializado están la de Edwin Geovany Laínez Abarca condenado a 112 años de prisión.
Además, José Ronald Hernández Hernández, 87 años de prisión; Manuel de Jesús Portillo, 75 años de cárcel, Salomón Eliazar Moreno, condenado a 50 años de prisión. El resto obtuvo penas de 25, 12 y 10 años de prisión.
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
