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Judicial

FGR advierte que cualquier funcionario involucrado en delito será perseguido

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El fiscal general, Rodolfo Delgado, ha advertido que, «Quien sea que haya cometido delito, será perseguido y punto». Esta reacción surge en respuesta a la petición del presidente de la república, Nayib Bukele, de solicitarle que investigue a todos los miembros de su Gabinete.

La noche del martes, en cadena nacional, el mandatario hizo saber a sus ministros, directores y presidentes de instituciones gubernamentales que será incrementada la fiscalización del quehacer de las carteras de Estado. En tal sentido, solicitó el apoyo del titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

«Los que estamos aquí reunidos son parte del Órgano Ejecutivo, a excepción de una persona, el fiscal general. Está acá por una razón sencilla, es porque le quiero pedir en público que investiguemos a todos los que están acá, para atrás y para adelante. Imagino que no hay ningún problema», expresó el gobernante durante la reunión que sostuvo con sus funcionarios en Casa Presidencial.

A través de su cuenta oficial de X, Delgado ha expuesto que: «Cuando el fiscal general era un simple títere de los que buscaban mantener sometido al país a sus antojos, las investigaciones de los funcionarios de turno se retrasaban, manipulaban o, incluso, se ´engavetaban´».

El jefe de la Fiscalía añadió: «Si pensaron que seguiríamos actuando igual, se equivocaron».

Finalmente, a lo solicitado por el presidente Bukele de investigar a sus funcionarios advirtió: «Quien sea que haya cometido delito, será perseguido y punto».

Por su parte, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, destacó la decisión del mandatario de solicitar a la Fiscalía investigar a sus funcionarios. «Decisión correcta y valiente del Presidente Nayib Bukele pedir al Sr. fiscal investigar», publicó.

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Acto seguido escribió en sus redes sociales: «Sr. Fiscal General no estará muy difícil!!! Solo basta sumar los ingresos de cada funcionario público y cruzar su crecimiento económico, su nivel de vida, propiedades. Incluyendo compras suntuosas como adquirir Maserati entre otras cosas».

El ministro Castro felicitó al gobernante, al tiempo que advirtió sobre las consecuencias de robar el aporte de los salvadoreños. «Felicidades Presidente, un funcionario que roba erario público roba el futuro de las actuales y nuevas generaciones».

 

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Judicial

Prisión para sujeto que abusó sexualmente de víctima con discapacidad

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Gracias a las abundantes pruebas presentadas en juicio, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que Germán Peñate Miranda fuera condenado a 24 años de prisión por el delito de violación en menor e incapaz agravada.

Las investigaciones demostraron que Germán Peñate agredió sexualmente a una menor de edad con discapacidad; los abusos fueron cometidos en la casa de habitación de la víctima, ubicada en Jardines de Zaragoza, en La Libertad.

Durante 11 años, el imputado estuvo acompañado con la madre de la víctima y mientras ella salía a trabajar, él tocaba inapropiadamente a la menor.

Por su discapacidad, la victima no podía comunicar el daño que le causaba el individuo.

Cuando la menor cumplió 16 años, el imputado la violó y producto del abuso, la víctima quedó embarazada; fue la madre la que interpuso la denuncia en diciembre de 2022.

En la audiencia desarrollada por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, la FGR logró demostrar con abundante documentación, peritajes de medicina legal y a través de una prueba de ADN que el imputado era el agresor directo.

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Judicial

Cámara fija para el 3 de abril juicio contra Norman Quijano acusado de negociar con pandillas

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La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador ha señalado para el próximo 3 de abril la vista pública de Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia del partido ARENA en el 2014.

El exfuncionario será enjuiciado como reo ausente ya que nunca se sometió al proceso penal y huyó del país antes de ser acusado por la Fiscalía General de la República.

Quijano, se expone a una condena de hasta 21 años de cárcel si es encontrado culpable de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, que son los dos delitos que el ministerio público le atribuye.

La Fiscalía ha sostenido en la acusación, que Quijano se reunió con los cabecillas de las pandillas a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca.

En ese encuentro, solicitó a la Mara Salvatrucha y a las dos facciones de la Pandilla 18 que votaran en segunda vuelta por ARENA y que a cambio invertiría $100 millones en las pandillas, si ganaba las elecciones.

Al excandidato a la presidencia por ARENA, en la audiencia preliminar se le procesó aplicando el artículo 345 no reformado ya que los hechos ocurrieron en el año 2014 y cuando el caso fue judicializado en enero de 2022, todavía no se habían enmendado la ley en lo relativo a agrupaciones ilícitas que ahora sanciona con penas de 20 a 30 años la permanencia a una pandilla y establece cárcel de 40 y 60 años a los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas. El artículo 345 fue reformado por la Asamblea Legislativa el 30 de marzo de 2022.

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Con respecto al fraude electoral, el artículo 295 del Código Penal señala que «el que pague dinero o especie o por medio de ofertas de beneficios particulares recibidas o prometidas, para inducir a un lector a votar por determinado partido o candidato o para abstenerse de votar o anular su voto» será castigado con prisión de cuatro a seis años.

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Se instala audiencia probatoria contra la exdiputada del FMLN, Lorena Peña por enriquecimiento ilícito

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Esta mañana se instaló la audiencia probatoria (juicio) contra la exdiputada del FMLN, Lorena Guadalupe Peña Mendoza y su hija, Ana Virginia Guardado Peña, por enriquecimiento ilícito por un monto de $277,482.54 dólares.

Se espera que la Cámara Primero de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador brinde la resolución el próximo 5 de marzo a las 14:15 horas.

Los fiscales del caso pretenden que el total del dinero sea reintegrado al Estado y que la exdiputada sea inhabilitada para ejercer cargos públicos por un período de 10 años.

Durante la diligencia judicial, la representación fiscal presentó, entre otras pruebas, una pericia financiera contable con la que se establecen las 7 irregularidades que no ha podido justificar Lorena Peña en su calidad de exparlamentaria, en los períodos comprendidos entre el 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015, y del 1 de mayo del 2015 al 30 de abril del 2018, por un total de $140,521.60 dólares.

Las inconsistencias en su incremento patrimonial de forma injustificada o ilícita se reflejan en depósitos bancarios en efectivo, en la adquisición de dos inmuebles y el pago de tarjetas de créditos.

Mientras que, a la hija de la exdiputada, Ana Virginia Guardado Peña, se le ha demandado por 8 irregularidades consistentes en pagos bancarios en efectivo y en pago de tarjetas de crédito por un monto de $136,960. 94 dólares.

El expediente fiscal por enriquecimiento ilícito fue abierto después que la Corte de Suprema de Justicia (CSJ), en pleno, notificó de las irregularidades detectadas por la Sección de Probidad.

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