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CASO CORRUPTELA: Abogado defensor de testigos excriteriados señala trato desigual por parte de la FGR y daños a la salud de sus representados
Más señalamientos siguen vertiéndose en contra del exfiscal de la República, Douglas Meléndez, quien es acusado de presuntas torturas hacia testigos criteriados para fabricar pruebas “amañadas” el caso “Corruptela”, con el fin de una posible reelección al frente Fiscalía General de la República (FGR).
Para más informacion sobre este caso que esta en la mira pública, tuvimos en el programa El Salvador Today, al abogado defensor de testigos excriteriados, el lic. Alirio Ayala, con quien se analizó el tema: Irregularidades del Caso Corruptela y los daños irreparables a las víctimas. Principales logros en seguridad
La parte defensora de los acusados en el “Caso Corruptela” asegura que se han dado una serie de arbitrariedades considerados como delitos durante todo el caso en mención, uno de ellos es el trato desigual que la FGR ha tenido para con los fiscales y para con sus clientes, algo que no tendría que ser así, ya que asegura:
“La Constitución de la República en su artículo 3 establece que todas las personas son iguales ante la ley; por tanto, todas las personas ante diferentes circunstancias deberían de tener el mismo trato. Ya expusimos la queja ante el Fiscal, porque lo más grave aquí es que es constitutivo de delito, que tiene que ver con el trato igual que se merecen las personas”. Aseguró Ayala.
Además, Ayala aseguró que el expediente 460, es el que expone todo el caso y en el que ellos se basan porque ahí esta todas las irregularidades.
“El expediente 460 que se está ventilando en la división de intereses del estado, ahí las personas fiscales que investigaron a sus defendidos se les ha garantizado todos sus derechos fundamentales, han estado en todos las investigaciones, y esta bien, pero a nosotros nunca nos han dejado participar en un acto de investigación de la Fiscalía, y cuando lo hemos requerido nos han dado como respuesta que la ley no les obliga a notificarnos a nosotros. Hay un trato desigual” expuso el abogado.
El experto en derecho reconoció además otras anomalías cometidas por la FGR en su momento, cómo la invasión de funciones hacia la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), nombrar defensores particulares a testigos bajo criterio de oportunidad y el pago de honorarios a los mismos.
“Hay una serie de cuestiones bien puntales y delicadas. La fiscalía invadió funciones propias de la Procuraduría General de la República en el criterio de oportunidad perverso que en su oportunidad se les otorgó a mis defendidos, en tato la fiscalía liberó defensores y les pagó honorarios a éstos”.
El mismo abogado defensor recalcó que “La Fiscalía no está para nombrarle defensores particulares a las personas sometidas a procesos de investigación”.
Sobre las presuntas torturas a las que habrían sido sometidos sus defensores subrayó que la FGR los obligó a declarar a su favor, caso contrario serían expuestos a los medios de comunicación y terminarían encarcelados.
“Ese es un tema bastante delicado porque si lo queremos ver como tortura, pueden darse de forma física o psicológica. En ese sentido nosotros siempre hemos manejado que las amenazas pudieron darse orientadas a qué sino colaboraban de los hechos que se les estaban atribuyendo, iban a ser procesados y expuestos ante los medios comunicación masiva. Aparte de eso iban a ir detenidos”
Dejó en claro también que en este proceso que actualmente se ventila en los juzgados “ellos lo están enfrentando por voluntad propia. Ellos renunciaron al criterio de oportunidad para someterse al proceso y que salga a la luz esta investigación ilegal que sobre ellos se ejerció”, sentenció la parte defensora.
El abogado también aseguró que el exfiscal Douglas Meléndez no está exento de responsabilidades, porque él fue el que dio la oportunidad de criterio, “elementos para investigar a Meléndez hay de sobra” enfatizó.
En cuanto a los daños irreparables a las víctimas, Ayala manifestó que la salud de sus clientes, tanto física como psicológica se ha debilitado, pues no es fácil sobrellevar un caso de esta magnitud.
Treinta y dos integrantes de la clica Cobras Locos Salvatruchos, del programa Ahuachapán de la MS-13, fueron condenados a penas que van de los 35 a los 324 años de prisión por múltiples crímenes cometidos en el distrito de Tacuba, departamento de Ahuachapán, entre ellos al menos 17 casos de homicidio agravado, además de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Todos los procesados enfrentaron juicio en el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
De acuerdo con la resolución judicial, la pena más alta fue impuesta a Willian Antonio García Rumaldo, alias «Sospechoso», quien recibió una condena de 324 años de prisión por su participación en 10 casos de homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Por su parte, Luis Ángel Hernández Vásquez, alias «Snayper» o «Sayper», fue condenado a 134 años de prisión tras comprobarse su participación en cuatro homicidios agravados y el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, Élmer Eduardo Medina García, alias «Memito», recibió una pena de 125 años de prisión por cuatro homicidios agravados y agrupaciones ilícitas.
Entre los casos de homicidio resueltos con estas condenas se encuentra el de Clementino Esteban Rosales, de 56 años y hermano de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), quien fue asesinado el 16 de octubre de 2017 en el cantón Sincuyo, distrito de Tacuba, Ahuachapán Centro. Según la resolución, la víctima fue atacada con armas de fuego y machetes.
También se comprobó la participación de los condenados en el homicidio agravado del soldado de la Fuerza Naval José Alfredo Ascencio de la Cruz, ocurrido el 22 de septiembre de 2017 en una vereda de la finca San Martín, en el caserío El Arenal, distrito de Tacuba.
Los demás integrantes de la estructura criminal, entre ellos chequeos, observadores y colaboradores, recibieron condenas que oscilan entre los 35 y 95 años de prisión, de acuerdo con su grado de participación en los distintos hechos.
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Ocho integrantes de la clica Hollywood Locos Salvatruchos de la MS fueron condenados hasta con 53 años de prisión
Ocho integrantes de la clica Hollywood Locos Salvatruchos de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 53 años de prisión por formar parte o liderar agrupaciones con estructura jerárquica y organizadas como la MS-13 que en el pasado infundieron terror e inseguridad en la población.
Según el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados formaban parte de la estructura que delinquían en diferentes sectores de Chalatenango en donde fueron capturados en 2022, durante el Régimen de Excepción.
Entre los condenados se encuentra el homeboy José Gerardo Hércules Pineda, alias «charcha», quien recibió una pena de 53 años de prisión; y los paros Luis Fernando Alvarado Reyes, alias «canchis»; Hugo Alberto Romero Castillo, alias «Hugo»; y Josué Ezequiel Marroquín Pineda, alias «beleti» o «zunso», fueron condenados a 26 años de prisión cada uno.
También recibieron una condena de 26 años de cárcel los colaboradores Yeimy Gregoria Clavel Quijada, también conocida como Yeimin Gregoria Clavel Quijada, alias «my friend» o «yeimi»; Ramón Ernesto Castillo Mejía, alias «gargamón»; Simón Alvarado Orellana, alias «Simón»; y Nelson de Jesús Palma Escobar.
Las condenas fueron impuestas por el delito de organizaciones terroristas con agravación especial por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez 2, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial presentada por la Fiscalía General de la República.
A una pena de 32 años de prisión fue condenado Nelson Osvaldo Hernández Álvarez por haber abusado sexualmente de dos niñas (una de ellas con discapacidad mental) en Ciudad Arce, La Libertad Centro, durante los años 2022 y 2024.
El imputado habría aprovechado su relación con la madre de las víctimas para acercarse a ellas y violarlas mientras estaban bajo su cargo o cuando dormían.
Durante dos años Álvarez mantuvo amenazadas a las menores para que guardaran silencio y no lo delataran; tiempo después le contaron a unos familiares, quienes las acompañaron a denunciar y mediante orden fiscal el imputado fue detenido.
La condena de cárcel fue impuesta en presencia del imputado por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó el fiscal en juicio.
A Hernández Álvarez se le condenó por el delito de violación agravada continuada (16 años por víctima) y está obligado al pago de $3,600 dólares en concepto de responsabilidad civil a favor de las víctimas.
