Nacionales
Gobierno invierte $30 millones en compra de granos básicos para reserva nacional, garantizando abastecimiento ante la emergencia por COVID-19
El ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker brindó una conferencia de prensa para detallar la compra de granos básicos como reserva estratégica por la emergencia de COVID-19 en el país.
Puesto que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG), está preparando una reserva nacional de granos básicos para garantizar el abastecimiento de estos alimentos durante y después de la emergencia por el COVID-19.
El ministro de Agricultura, Pablo Anliker, aseguró que tendrá bajo su custodia más de 1.3 millones de quintales de granos básicos que aseguraron utilizar, solo si hay desabastecimiento de alimentos durante la emergencia.
La importación de granos básicos conformará una reserva estratégica que “no viene a competir con los productores (…) solo se utilizará en emergencia”, indicó el ministro Anliker.
“Si la pandemia empeora, habrá un momento en que nuestros agricultores no podrían salir a sembrar. Si el maíz que producimos se nos llegase a acabar, entraría en acción esta reserva. Estamos previendo”, añadió el funcionario.
La inversión en la importación de granos básicos asciende a $30 millones, incluye la compra de 1.1 millones de quintales de maíz por un monto de $14.3 millones, otros 150,000 quintales de arroz por $4.4 millones y 110,000 quintales de frijol valorados en $7.1 millones.
Anliker detalló que el maíz se importa desde Sinaloa, México. En tanto, el frijol se trae de Nicaragua y Etiopía, mientras que el arroz viene de Uruguay y Brasil.
El Ministerio de Agricultura ya recibió 33,000 toneladas métricas de maíz para consumo humano, que llegaron el pasado 14 de abril, y se espera que en las próximas semanas se entregue al país el cargamento de frijol y arroz blanco.
Judicial
Envían a juicio a excolaborador de la Asamblea acusado de retirar fotos de un diputado del Parlacen
El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador envió a juicio a Manuel Francisco Osorio, un excolaborador de la fracción legislativa del partido Arena en la Asamblea Legislativa, acusado de retirar fotografías de un exdiputado de ese partido durante una sesión plenaria.
Osorio, el 15 de diciembre de 2021, ingresó al Salón Azul para retirar fotografías del exdiputado Norman Quijano, que minutos antes habían sido colocadas en las curules del partido Arena por diputados de Nuevas Ideas, ya que ese día se votaría por el desafuero de Quijano como diputado del Parlacen.
Luego de retirar las fotografías de Quijano, Osorio salió de manera apresurada del recinto, por lo que fue intervenido por la Policía Nacional Civil (PNC) y fue detenido, ya que se negó a mostrar su credencial de empleado legislativo.
Osorio es acusado de allanamiento de lugar de trabajo o establecimiento abierto al público en perjuicio de la intimidad de los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador, según información de los centros judiciales.
Nacionales
Conductor borracho manejaba en sentido contrario y choca con autobús en el bulevar Venezuela
Un automovilista chocó contra un autobús de la ruta 201 en el bulevar Venezuela, informaron fuentes policiales.
El conductor del vehículo particular condujo en sentido contrario en la calle Lorena, colonia Roma, y chocó contra el autobús en el bulevar Venezuela.
De acuerdo a declaraciones de testigos, el conductor del automóvil particular manejaba en supuesto estado de ebriedad.
En la escena ya están los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollando las investigaciones respectivas para deducir responsabilidades.
El 3 de noviembre del año pasado, la víctima se encontraba en su vivienda en Cojutepeque, Cuscatlán, cuando llegaron dos supuestos pandilleros identificados como Marvin Fernando Marroquín Martínez y Oswaldo Esaú Mejía Rodríguez para exigirle 3 mil dólares, a cambio de no atentar contra su vida y la de sus familiares.
Los sujetos le dieron tres días para que reuniera el dinero de lo contrario tenían que irse del lugar o regresarían para cumplir su amenaza.
La víctima abandonó su vivienda, pero antes acudió a denunciar a los sujetos en la Policía Nacional Civil, cuyos agentes lograron detener a los imputados.
Marroquín y Mejía enfrentaron la vista pública en el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque por los delitos de extorsión agravada y limitación ilegal a la libre circulación. En el juicio fueron identificados por la víctima y por los agentes captores. Por el primer delito fueron sentenciados a 15 años de cárcel y por el segundo a cuatro, sumando 19 años de prisión para cada uno.
