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Fiscalía acusa a jefe policial, pero hace caso omiso a denuncias contra el señor Salume por incumplir orden judicial
El abogado ambientalista, Sergio Ernesto Portillo Toruño, denunció que el señor Salume ha incurrido en el delito de desobediencia a particulares al no atender la disposición de destruir los gases altamente inflamables que se producen en el botadero a cielo abierto propiedad de PULSEM, ubicado en el cantón Melara, en La Libertad.
El profesional del derecho afirma que ha enviado varias notas a la Fiscalía General de la República (FGR), de denuncias y reiteraciones de las mismas, para que se tomen las acciones necesarias para hacer cumplir con la Ley de Medio Ambiente, ya que se pone en riesgo la vida de las comunidades cercanas al botadero.
Sergio Ernesto Portillo Toruño detalló que el señor Nicolás Adriano Salume Pacas se ha negado a cumplir las “medidas cautelares impuestas por el Juzgado Ambiental, quien certificó a Fiscalía lo pertinente y luego este servidor denunció en sede fiscal, la comisión del delito agregando en la misma copia de la remisión de fiscalía del incumplimiento he reiterado en no menos de 10 oportunidades la denuncia”.
También se ha advertido en varias oportunidades al ministerio público que el botadero del cantón Melara incumple con los permisos ambientales para su funcionamiento, pero a la fecha sus diferentes escritos no han sido respondidos de forma satisfactoria, remarca Sergio Ernesto Portillo Toruño.
“incluso ya pedí se pronunciara el fiscal del caso de acuerdo al artículo 17, del Código Procesal Penal, es decir, que luego de transcurridos cuatro meses de haberse interpuesto la denuncia, el denunciante, solicita al fiscal que se pronuncie en cuanto al requerimiento o archivo del expediente”, acotó el profesional del derecho.
Sergio Ernesto Portillo Toruño previno que “en ese sentido, en el caso particular, prácticamente han transcurrido más de año y medio, y como el fiscal del caso no se pronunció ni el Jefe inmediato, elevé tal cual la disposición procesal penal dispone, antes relacionada al señor fiscal general de la República, de quien igualmente su resolución duerme el sueño de los justos”.
Sin embargo, el profesional del derecho cuestiona que el titular del ministerio público se apresure a atender una demanda presentada por el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, y haga con mucha diligencia una acusación contra el jefe de la delegación policial de Apopa.
En cambio, en más de un año se ha negado a aplicar la ley al señor Salume por incumplir la Ley de Medio Ambiente, pese a que el riesgo de que explote una verdadera crisis ambiental en el cantón Melara, poniendo en riesgo a los habitantes de las comunidades aledañas.
Frente al silencio de la FGR y del Juzgado Ambiental, el abogado ambientalista anticipó que se elevará el caso a las instancias superiores, en vista de que se corre el riesgo que explote una verdadera crisis ambiental en un sector clave para el desarrollo humano, como es la zona del cantón Melara, cercano a la costa.
En el caso de la destrucción de los gases, la inobservancia de la medida prácticamente es una bomba de tiempo para los habitantes de las comunidades del botadero de Melara, pues la acumulación del metano combinado con cualquier tipo de fricción puede provocar una explosión de grandes proporciones.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 16 años de prisión a Kevin Alexander Ochoa Cornejo, miembro de la MS13, por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante de San Salvador.
De acuerdo con las investigaciones, Ochoa Cornejo, junto a otros pandilleros, extorsionaba a empresarios y comerciantes de la calle Concepción, en el centro de San Salvador.
Según el expediente fiscal, a una de las víctimas le exigieron el pago mensual de $100 en concepto de extorsión, bajo la amenaza de atentar contra su vida, la de sus empleados o la de su familia si no cumplía con la exigencia.
El comerciante manifestó que no disponía del dinero al momento en que se lo solicitaron. Ante ello, los pandilleros accedieron a otorgarle más días de plazo, pero incrementaron la cantidad exigida a $200.
Las investigaciones determinaron que el 20 de junio de 2022 Ochoa Cornejo acudió al lugar acordado para cobrar los $200 producto de la extorsión.
La víctima decidió interponer la denuncia, lo que permitió la captura del imputado y su posterior sometimiento a un proceso judicial que concluyó con una condena de 16 años de prisión.
El equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de El Salvador participó este viernes en el rescate de una persona en el edificio Bahía Mar, ubicado en el estado de La Guaira, Venezuela, una de las zonas más afectadas por los dos terremotos registrados el pasado miércoles.
Desde tempranas horas, los rescatistas salvadoreños se desplazaron hacia la urbanización Caribe y el edificio Bahía Mar para apoyar las labores de búsqueda y rescate en una de las áreas más impactadas por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela.
La misión humanitaria cuenta además con el apoyo de la unidad canina, entre cuyos integrantes se encuentra el perro Rambo, con amplia experiencia en la localización y rescate de víctimas en escenarios de terremotos.
El líder de la misión humanitaria El Salvador-Venezuela, Roberto Giovanni Cortez, destacó la preparación del personal desplegado. «Todo el personal tiene la capacidad y la experiencia para la búsqueda y rescate urbano, en contextos de estructuras colapsadas como el que estamos viviendo en el panorama aquí en Venezuela», expresó.
En un acto de solidaridad, el presidente Nayib Bukele informó sobre el envío de 300 rescatistas y 150 toneladas de equipos, medicamentos y alimentos para apoyar al pueblo venezolano. La ayuda humanitaria ha sido trasladada a ese país mediante seis aviones.
Hasta las últimas horas, las autoridades de Venezuela reportan un saldo de 586 víctimas mortales a causa de los terremotos, más de 2,900 personas heridas y miles de desaparecidos.
