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FGR captura a representantes de lotificadora Argoz por venta ilegal de terrenos
El fiscal general, Rodolfo Delgado, junto a la ministra de Vivienda Michelle Sol, verificaron los allanamientos que la Fiscalía General de la República (FGR) efectuaron este martes en las instalaciones de la Corporación Argoz S.A. de C.V. cuyos representantes fueron capturados.
Según la Fiscalía, esta corporación fue denunciada y ahora es investigada por vender inmuebles en la zona rural del país sin tener los permisos correspondientes o documentos que los acrediten como propietarios, lotificadores o para parcelar los terrenos.
Por estos señalamientos, la Fiscalía confirmó la captura de Rodrigo Javier Gómez Farfán y Leticia Farfán de Gómez; además, dio a conocer que hasta el momento son 116 lotificaciones las denunciadas por las irregularidades cometidas por Argoz S.A. de C.V. y otras sociedades vinculadas a esta corporación, entre las cuáles están: Fomento Rural Inmobiliario S.A. de C.V.; Protege S.A. de C.V.; Gómez Farfán S.A. de C.V.; Nido de Aguila SA. De C.V.; Katamarán S.A. de C.V.; Sociedad Fimento Inmobiliario S.A. de C.V.
La institución detalló que Argoz vendía los inmuebles a precios accesibles por montos de entre $1,000 y $5,000, para los cuales brindaba facilidades de pago a las víctimas.
«Realizaban contratos de promesa de venta a nombre de otras sociedades a quienes las víctimas cancelaban cuotas muy bajas», comunicó la FGR.
Fuentes fiscales agregaron que «Una vez terminados los pagos, los compradores intentaban registrar los terrenos en el Centro Nacional de Registros, pero no podían ya que los terrenos no estaban registrados como propiedad de la corporación Argoz».
DIPUTADOS PIDEN INVESTIGAR POR ESTAFA A ARGOZ
No es la primera ve que esta empresa lotiticadora aparece salpicada por estafas. En noviembre de 2021, diputados del partido Nuevas Ideas acudieron a la Fiscalía a interponer una denuncia para que investigara a Argoz por señalamientos de que no otorgaba escrituras por terrenos vendidos.
En esa ocasión fue denunciada por el delito de estafa agravada en perjuicio de por lo menos 360 familias que compraron propiedades en el departamento de La Paz.
Los legisladores afirmaron que las víctimas se quejaron de que Argoz no les había entregado documentos que los acreditara como dueños legítimos de los terrenos, a pesar de que contaban con los recibos de pago, la certificación de cancelación de crédito y el contrato de arrendamiento con promesa de venta.
La información obtenida por los diputados en el CNR reveló que el patrimonio de esa cuestionada empresa en ese momento era de $4.8 millones.
El pandillero José Roberto Crespín Hércules, alias Joker, fue condenado a 30 años de prisión por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de un empresario.
De acuerdo con la acusación fiscal, en 2008, Crespín y otros pandilleros abordaron un microbús propiedad de la víctima, de donde sustrajeron dinero y posteriormente agredieron físicamente a su hijo. Mientras los sujetos huían, la víctima interceptó a uno de ellos y le propinó una paliza.
Durante el juicio se estableció que, «como represalia, el 6 de mayo de 2008, en la colonia Valle del Sol, jurisdicción de Apopa, alias Joker, junto con otros miembros de la estructura criminal, -Crespín Hércules- vigiló y ubicó a la víctima cuando se conducía en uno de los microbuses y le quitó la vida con arma de fuego», detallaron fuentes judiciales.
Las extorsiones y el asesinato de transportistas eran parte común el accionar de las pandillas en El Salvador cuando controlaban diversos territorios. Hasta antes del 2019, este sector pagaba anualmente entre $12 a $34 millones en concepto de extorsión, además fueron víctimas de atentados armados como diariamente sucedía en los gobiernos de ARENA y FMLN.
Sin embargo, actualmente, representantes del sector transporte han asegurado que gracias al Plan Control Territorial y el régimen de excepción han logrado una reducción del 100% de lo que entregaban de extorsión cada año a pandilleros.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que impondrá aranceles del 25% a cualquier país que comercie con Irán, en momentos en que aumenta la presión sobre Teherán debido a la represión contra protestas antigubernamentales.
«Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará aranceles del 25% por cualquier negocio que realice con Estados Unidos. Esta orden es definitiva y concluyente», dijo Trump en su red Truth Social.
Los principales socios comerciales de Irán son China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, según la base de datos económicos Trading Economics.
Antes de este anuncio, Trump amenazó el fin de semana con una posible intervención militar en Irán debido a la represión en las protestas, en las que según grupos de derechos humanos han aumentado el número de muertos.
«Los ataques aéreos serían una de las muchas, muchas opciones que están sobre la mesa para el comandante en jefe», comentó este lunes a periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Agregó sin embargo que Irán tiene abierto un canal diplomático con el enviado especial de Trump Steve Witkoff y lo que dice Teherán en privado es «bastante diferente» de lo que dice en declaraciones públicas
Gerardo Larios Calderón, de 27 años, ocasionó un accidente de tránsito la mañana de este día que dejó una persona fallecida, por lo que será remitido por el delito de homicidio culposo, informaron las autoridades.
El hecho ocurrió en el kilómetro 26 de la carretera Panamericana Este, en el distrito de Quezaltepeque, La Libertad Norte. De acuerdo con el informe preliminar, Larios Calderón no guardó la distancia reglamentaria y colisionó con un camión. Tras el impacto, su vehículo invadió el carril contrario y chocó contra otro automóvil, provocando el fallecimiento inmediato del conductor de este último.
Equipos de emergencia y autoridades se hicieron presentes en la zona para realizar las inspecciones correspondientes y regular el tránsito. El paso vehicular ya fue habilitado tras concluir las labores en el lugar.
El caso quedó en manos de las instancias correspondientes para continuar con el proceso legal.
