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FGR captura a representantes de lotificadora Argoz por venta ilegal de terrenos
El fiscal general, Rodolfo Delgado, junto a la ministra de Vivienda Michelle Sol, verificaron los allanamientos que la Fiscalía General de la República (FGR) efectuaron este martes en las instalaciones de la Corporación Argoz S.A. de C.V. cuyos representantes fueron capturados.
Según la Fiscalía, esta corporación fue denunciada y ahora es investigada por vender inmuebles en la zona rural del país sin tener los permisos correspondientes o documentos que los acrediten como propietarios, lotificadores o para parcelar los terrenos.
Por estos señalamientos, la Fiscalía confirmó la captura de Rodrigo Javier Gómez Farfán y Leticia Farfán de Gómez; además, dio a conocer que hasta el momento son 116 lotificaciones las denunciadas por las irregularidades cometidas por Argoz S.A. de C.V. y otras sociedades vinculadas a esta corporación, entre las cuáles están: Fomento Rural Inmobiliario S.A. de C.V.; Protege S.A. de C.V.; Gómez Farfán S.A. de C.V.; Nido de Aguila SA. De C.V.; Katamarán S.A. de C.V.; Sociedad Fimento Inmobiliario S.A. de C.V.
La institución detalló que Argoz vendía los inmuebles a precios accesibles por montos de entre $1,000 y $5,000, para los cuales brindaba facilidades de pago a las víctimas.
«Realizaban contratos de promesa de venta a nombre de otras sociedades a quienes las víctimas cancelaban cuotas muy bajas», comunicó la FGR.
Fuentes fiscales agregaron que «Una vez terminados los pagos, los compradores intentaban registrar los terrenos en el Centro Nacional de Registros, pero no podían ya que los terrenos no estaban registrados como propiedad de la corporación Argoz».
DIPUTADOS PIDEN INVESTIGAR POR ESTAFA A ARGOZ
No es la primera ve que esta empresa lotiticadora aparece salpicada por estafas. En noviembre de 2021, diputados del partido Nuevas Ideas acudieron a la Fiscalía a interponer una denuncia para que investigara a Argoz por señalamientos de que no otorgaba escrituras por terrenos vendidos.
En esa ocasión fue denunciada por el delito de estafa agravada en perjuicio de por lo menos 360 familias que compraron propiedades en el departamento de La Paz.
Los legisladores afirmaron que las víctimas se quejaron de que Argoz no les había entregado documentos que los acreditara como dueños legítimos de los terrenos, a pesar de que contaban con los recibos de pago, la certificación de cancelación de crédito y el contrato de arrendamiento con promesa de venta.
La información obtenida por los diputados en el CNR reveló que el patrimonio de esa cuestionada empresa en ese momento era de $4.8 millones.
El accidente ocurrió en el kilómetro 79 ½ de dicha vía, cuando el conductor de un camión que transportaba trabajadores de una hacienda perdió el control del vehículo y volcó a un costado de la carretera.
Producto del accidente, una persona falleció en el lugar, mientras que otras 14 resultaron lesionadas. De estas, tres fueron trasladadas a un centro hospitalario para recibir atención médica.
El conductor fue identificado como Ángel Moya Serrano, quien será remitido por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, según informó la Policía Nacional Civil.
De acuerdo con la inspección policial, la causa del accidente fue la velocidad inadecuada, lo que habría provocado la pérdida de control del vehículo.
Las autoridades indicaron que, tras atender la emergencia y realizar las inspecciones correspondientes, el paso vehicular en la zona ya fue habilitado.
El Gobierno continúa beneficiando a cientos de familias salvadoreñas con una vivienda propia. Durante la gestión del presidente Nayib Bukele, se han invertido $56 millones a través del Programa de Reasentamientos impulsado por el Ministerio de Vivienda, en coordinación con las instituciones del Sistema de Vivienda.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, afirmó que el programa brinda un espacio seguro, accesible y de calidad, sobre todo a las familias que vivían en zonas de peligro como ríos, quebradas, taludes o cárcavas y que en cada temporada lluviosa tenían que ser albergadas.
«Este esfuerzo [la entrega de viviendas] forma parte del Programa de Reasentamientos, que ya alcanza una inversión de $56 millones, beneficiando a familias en condición de riesgo, vulnerabilidad o afectadas por fenómenos naturales», destacó Sol.
Asimismo, en fechas anteriores, Sol ha mencionado que cuando llegaron al Gobierno encontraron un déficit habitacional elevado, familias que vivían en zonas de alto riesgo y a eso a lo que le han estado apostado durante toda la administración Bukele.
Es importante destacar que, a través de las diferentes modalidades de intervención, el Ministerio de Vivienda brinda una solución habitacional adecuada e integral, procurando el arraigo, el tejido social, redes de apoyo y las mejores condiciones de vida de las familias, garantizando servicios urbanos y escrituras de propiedad.
También, como parte del programa, la ministra informó recientemente que los equipos sociales del Sistema de Vivienda han concluido el censo de las familias de las comunidades de alto riesgo Río Mar y Chilama 1 y 2, a quienes se les ha presentado un proyecto habitacional para su reubicación.
Recientemente, Michelle Sol entregó viviendas a 16 familias de la Lotificación La Aguja, en La Libertad Costa, en el marco de este programa. La inversión social por cada vivienda fue de $35,000, sumando un total de $560,000.
Las viviendas constan de dos habitaciones, sala, comedor, cocina, lavatrastos de acero inoxidable, baño completo, pila, ventanas tipo francesa, puerta balcón y cuentan con los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica.
En Soyapango, la Policía Nacional Civil (PNC), confirmó la captura de José Luis Obando Vásquez, de 38 años, quien ingreso a un local para hurtar 47 teléfonos celulares y otros dispositivos por un monto de $25,000.
Según el informe policial el saqueador se ocultó en un establecimiento contiguo al local y por la noche abrió un agujero para ingresar a la tienda de donde sustrajo los celulares.
Tras cometer el hurto se desplazó por el techo hasta llegar al baño de un restaurante donde permaneció escondido a esperar que abrieran y salir con los aparatos.
La Policía recibió la denuncia de lo hurtado y tras una búsqueda en la zona, equipos de investigadores lo ubicaron y le decomisaron 47 dispositivos.
«Además se encontraron 23 celulares y una tableta en varias partes del establecimiento donde se ocultó. El valor de lo incautado es de aproximadamente $25,000. Será remitido por el delito de hurto», publico la PNC.
El detenido será puesto a la orden de la Fiscalía General de la República para que en los próximos 15 días sea acusado ante un juzgado de paz de ese distrito y enfrente la primera audiencia por el delito de hurto.
El delito de hurto es sancionado con prisión de dos a cinco años si el valor de lo sustraído sobrepasa los $20 y si al momento de acusar la Fiscalía inicia la causa como hurto agravado la pena a imponer es de cinco a ocho años de cárcel.
