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FGR captura a representantes de lotificadora Argoz por venta ilegal de terrenos
El fiscal general, Rodolfo Delgado, junto a la ministra de Vivienda Michelle Sol, verificaron los allanamientos que la Fiscalía General de la República (FGR) efectuaron este martes en las instalaciones de la Corporación Argoz S.A. de C.V. cuyos representantes fueron capturados.
Según la Fiscalía, esta corporación fue denunciada y ahora es investigada por vender inmuebles en la zona rural del país sin tener los permisos correspondientes o documentos que los acrediten como propietarios, lotificadores o para parcelar los terrenos.
Por estos señalamientos, la Fiscalía confirmó la captura de Rodrigo Javier Gómez Farfán y Leticia Farfán de Gómez; además, dio a conocer que hasta el momento son 116 lotificaciones las denunciadas por las irregularidades cometidas por Argoz S.A. de C.V. y otras sociedades vinculadas a esta corporación, entre las cuáles están: Fomento Rural Inmobiliario S.A. de C.V.; Protege S.A. de C.V.; Gómez Farfán S.A. de C.V.; Nido de Aguila SA. De C.V.; Katamarán S.A. de C.V.; Sociedad Fimento Inmobiliario S.A. de C.V.
La institución detalló que Argoz vendía los inmuebles a precios accesibles por montos de entre $1,000 y $5,000, para los cuales brindaba facilidades de pago a las víctimas.
«Realizaban contratos de promesa de venta a nombre de otras sociedades a quienes las víctimas cancelaban cuotas muy bajas», comunicó la FGR.
Fuentes fiscales agregaron que «Una vez terminados los pagos, los compradores intentaban registrar los terrenos en el Centro Nacional de Registros, pero no podían ya que los terrenos no estaban registrados como propiedad de la corporación Argoz».
DIPUTADOS PIDEN INVESTIGAR POR ESTAFA A ARGOZ
No es la primera ve que esta empresa lotiticadora aparece salpicada por estafas. En noviembre de 2021, diputados del partido Nuevas Ideas acudieron a la Fiscalía a interponer una denuncia para que investigara a Argoz por señalamientos de que no otorgaba escrituras por terrenos vendidos.
En esa ocasión fue denunciada por el delito de estafa agravada en perjuicio de por lo menos 360 familias que compraron propiedades en el departamento de La Paz.
Los legisladores afirmaron que las víctimas se quejaron de que Argoz no les había entregado documentos que los acreditara como dueños legítimos de los terrenos, a pesar de que contaban con los recibos de pago, la certificación de cancelación de crédito y el contrato de arrendamiento con promesa de venta.
La información obtenida por los diputados en el CNR reveló que el patrimonio de esa cuestionada empresa en ese momento era de $4.8 millones.
El exdiputado del Parlamento Centroamericano y excandidato presidencial de ARENA, Norman Quijano, fue entregado por las autoridades de Estados Unidos y trasladado a un centro penitenciario en El Salvador, donde cumplirá la condena impuesta por la justicia salvadoreña.
Quijano fue condenado a 13 años y cuatro meses de prisión tras ser acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) en abril de 2024 por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, vinculados a negociaciones con pandillas durante la campaña presidencial de 2014.
El traslado del exfuncionario marca el inicio del cumplimiento efectivo de la pena, luego de que la justicia confirmara su culpabilidad y dictara medidas complementarias, incluyendo la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Autoridades penitenciarias recibieron a Quijano en cumplimiento de los protocolos de seguridad, asegurando que permanecerá bajo custodia mientras se cumple la totalidad de la condena.
El exdiputado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia de ARENA en las elecciones de 2014, Norman Quijano, arribó la tarde de este lunes a El Salvador procedente de Estados Unidos, según informó la Fiscalía General de la República.
«Este día, hemos recibido a Norman Quijano por parte de las autoridades de Estados Unidos. En este momento, se le notificará formalmente su condena por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral», publicó el ministerio público.
En abril de 2024, la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador lo condenó a 13 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Los magistrados del tribunal superior le impusieron la condena por haberse reunido con pandillas y negociar con los principales cabecillas, una gama de beneficios a cambio de que votaran por él y lo eligieran presidente, acción que fue calificada por la Cámara como fraude electoral.
Pruebas consistentes en videos, testimonios y documentos, incriminaron al político, así quedó establecido en la sentencia que ya cobró firmeza.
«Quijano fue señalado por el fallecido alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, de haber ordenado pactos con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014, cuando era candidato a la Presidencia de la República por el partido ARENA», menciona la Fiscalía en su publicación.
Durante el juicio, los magistrados le dieron validez a videos que los mismos cabecillas de las pandillas grabaron y donde se observa a Quijano reunido y pidiéndoles que revoquen su decisión de impedirle a la gente que vaya a votar y que a todos los mareros se les diga que voten por ARENA.
A cambio, Quijano les dijo a los pandilleros que si le daban el voto cuando él estuviera en la presidencia iba a invertir en beneficio de las pandillas $100 millones y que ese dinero iba a salir del presupuesto general de la nación.
La Cámara también escuchó la declaración rendida de forma virtual por el testigo criteriado Noé, uno de los cabecillas que compareció a la reunión con Quijano, lo expresado por Noé reforzó los videos presentados como evidencia por parte de la Fiscalía.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República presentó información sobre esa reunión entre Quijano con las pandillas a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca.
Además de los $100 millones ofrecidos, hubo entregas de dinero, a la MS le dieron $50,000, y las dos facciones de la pandilla 18, $25,000 cada una.
«Norman Quijano será trasladado a un centro penitenciario, donde cumplirá la condena impuesta por la justicia salvadoreña. Agradecemos a las autoridades de los Estados Unidos por la colaboración brindada, lo que ha permitido llevar a Norman Quijano ante la justicia», destacó la Fiscalía.
Otros políticos condenados
Por haberse reunido con los principales cabecillas de las pandillas y negociar votos para las elecciones presidenciales de 2014, así como legislativas y municipales de 2015, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, condenó el septiembre del año pasado al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, los exministros Benito Lara y Arístides Valencia; también a los intermediarios de las pandillas, Paolo Lüers y Wilson Alvarado, estos tres últimos son prófugos.
Al exdiputado y exministro de Seguridad, Benito Lara, así como al exministro de Gobernación Arístides Valencia, la pena impuesta es de 28 años; 20 por fraude electoral y ocho por agrupaciones ilícitas.
A Ernesto Muyshondt, el tribunal lo sentenció a una condena de 18 años de prisión, seis años por agrupaciones ilícitas y 12 por fraude electoral.
Para los intermediarios de las pandillas, Paolo Lüers y Wilson Alvarado, la condena es de 18 años; 12 por fraude electoral y seis por agrupaciones ilícitas.
El Gobierno de El Salvador entregará de 16 tipos de paquetes escolares, diseñados de acuerdo con el grado académico y las necesidades específicas de los estudiantes del sistema público, como parte de la estrategia para garantizar el acceso a herramientas digitales.
«Vamos a entregar 16 tipos de paquetes escolares, diseñados según el grado y las necesidades de cada estudiante», detalló la ministra de Educación, Karla Trigueros.
De acuerdo con la funcionaria, los paquetes serán entregados de forma gratuita, completa y oportuna, sin que los padres de familia deban realizar ningún pago ni trámite adicional para acceder a este beneficio.
«Estos paquetes escolares serán ampliados, estarán a tiempo y serán entregados de una sola vez. Son gratuitos. Nadie debe pagar un solo centavo por recibirlos», indicó Trigueros.
Trigueros enfatizó que el único requisito para recibir los paquetes escolares es que los estudiantes estén debidamente inscritos en un centro educativo del sistema público, asegurando que no se deben llenar formularios ni entregar dinero a cambio del paquete.
La ministra explicó que los paquetes han sido diseñados de manera diferenciada, iniciando desde la primera infancia hasta el nivel de bachillerato, incorporando uniformes, útiles escolares, libros y dispositivos tecnológicos, según el nivel académico.
«Son 16 tipos de paquetes escolares. En la primera infancia, donde tenemos a parvularia 4; nuestros niños están ingresando por primera vez al sistema público de educación y van a recibir dentro de su paquete una tableta de 8 pulgadas», explicó la ministra.
Para los estudiantes de primer grado, el apoyo incluirá un dispositivo de mayor tamaño (Tablet de 10”), además del kit tradicional de útiles y uniforme escolar.
En el caso de cuarto grado, el paquete escolar incorporará una computadora, fortaleciendo el acceso a la tecnología desde edades tempranas.
«Todos los estudiantes de cuarto grado recibirán una computadora, además de uniformes, libros y útiles escolares», explicó la funcionaria.
Apoyo a estudiantes de bachillerato
Para el nivel de educación media, los paquetes también contemplan dispositivos electrónicos para aquellos estudiantes que ingresan por primera vez al sistema público.
«En bachillerato, los estudiantes recibirán uniformes, libros, útiles escolares y dispositivo electrónico si es la primera vez que ingresan al sistema público», dijo.
Asimismo, la ministra aclaró que los estudiantes que concluyan el bachillerato no devolverán los equipos tecnológicos, los cuales podrán ser utilizados para continuar su formación académica o incorporarse al mercado laboral.
El Salvador ha realizado una inversión histórica de más de $800 millones en dispositivos tecnológicos, lo que ha beneficiado a los estudiantes del sistema público y ha significado un apoyo económico para las familias salvadoreñas.
La entrega de estos paquetes escolares forma parte de los esfuerzos del Estado para cerrar brechas digitales y garantizar condiciones equitativas de aprendizaje para los estudiantes del sistema público a nivel nacional.
