Nacionales
FGR captura a representantes de lotificadora Argoz por venta ilegal de terrenos
El fiscal general, Rodolfo Delgado, junto a la ministra de Vivienda Michelle Sol, verificaron los allanamientos que la Fiscalía General de la República (FGR) efectuaron este martes en las instalaciones de la Corporación Argoz S.A. de C.V. cuyos representantes fueron capturados.
Según la Fiscalía, esta corporación fue denunciada y ahora es investigada por vender inmuebles en la zona rural del país sin tener los permisos correspondientes o documentos que los acrediten como propietarios, lotificadores o para parcelar los terrenos.
Por estos señalamientos, la Fiscalía confirmó la captura de Rodrigo Javier Gómez Farfán y Leticia Farfán de Gómez; además, dio a conocer que hasta el momento son 116 lotificaciones las denunciadas por las irregularidades cometidas por Argoz S.A. de C.V. y otras sociedades vinculadas a esta corporación, entre las cuáles están: Fomento Rural Inmobiliario S.A. de C.V.; Protege S.A. de C.V.; Gómez Farfán S.A. de C.V.; Nido de Aguila SA. De C.V.; Katamarán S.A. de C.V.; Sociedad Fimento Inmobiliario S.A. de C.V.
La institución detalló que Argoz vendía los inmuebles a precios accesibles por montos de entre $1,000 y $5,000, para los cuales brindaba facilidades de pago a las víctimas.
«Realizaban contratos de promesa de venta a nombre de otras sociedades a quienes las víctimas cancelaban cuotas muy bajas», comunicó la FGR.
Fuentes fiscales agregaron que «Una vez terminados los pagos, los compradores intentaban registrar los terrenos en el Centro Nacional de Registros, pero no podían ya que los terrenos no estaban registrados como propiedad de la corporación Argoz».
DIPUTADOS PIDEN INVESTIGAR POR ESTAFA A ARGOZ
No es la primera ve que esta empresa lotiticadora aparece salpicada por estafas. En noviembre de 2021, diputados del partido Nuevas Ideas acudieron a la Fiscalía a interponer una denuncia para que investigara a Argoz por señalamientos de que no otorgaba escrituras por terrenos vendidos.
En esa ocasión fue denunciada por el delito de estafa agravada en perjuicio de por lo menos 360 familias que compraron propiedades en el departamento de La Paz.
Los legisladores afirmaron que las víctimas se quejaron de que Argoz no les había entregado documentos que los acreditara como dueños legítimos de los terrenos, a pesar de que contaban con los recibos de pago, la certificación de cancelación de crédito y el contrato de arrendamiento con promesa de venta.
La información obtenida por los diputados en el CNR reveló que el patrimonio de esa cuestionada empresa en ese momento era de $4.8 millones.
Más de 250 mujeres finalizaron el curso de Alfabetización en Derechos en el marco del proyecto «Empoderamiento Económico de las Mujeres en los municipios priorizados de El Salvador», el cual es financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la Unión Europea.
En la ceremonia, se reconoció el esfuerzo, la constancia y el compromiso de 81 mujeres de Jicalapa, en la Libertad Costa; 100 mujeres de Colón en La Libertad Oeste; y 77 de Apaneca, en Ahuachapán Centro.
Las participantes completaron satisfactoriamente los módulos formativos orientados al conocimiento de los derechos humanos de las mujeres, el fortalecimiento de su autoestima, el liderazgo y la toma de decisiones, elementos clave para avanzar hacia una vida libre de violencia y con mayores oportunidades de autonomía económica.
«El proyecto tiene como objetivo fortalecer el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres, impulsando su participación en el sector productivo en condiciones de igualdad y equidad», indicó la Aecid.
Por ello, desarrollan acciones orientadas a mejorar el acceso al trabajo remunerado y formal, apoyar emprendimientos liderados por mujeres, promover el conocimiento de sus derechos y contribuir a la redistribución del trabajo de cuidados no remunerado.
El proyecto beneficiará a 5,600 mujeres de 23 municipios de los departamentos de Ahuachapán, Cuscatlán, La Libertad, La Paz, Morazán, Santa Ana, San Miguel, San Vicente y Usulután.
Este es un esfuerzo que es desarrollado con el apoyo del Gobierno de El Salvador a través del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu).
Una mujer salvadoreña con ciudadanía estadounidense falleció este día en un accidente de tránsito ocurrido sobre la carretera Litoral, en las cercanías del desvío hacia Jiquilisco, en el departamento de Usulután.
La víctima fue identificada como Jessica Wendy Segovia, quien se conducía en un vehículo particular placas P 166B cuando, por causas que aún se investigan, fue impactado por un camión de carga pesada, generando un choque de gran magnitud.
Como resultado del percance, cinco personas más resultaron lesionadas y fueron auxiliadas por cuerpos de socorro, quienes las trasladaron a centros hospitalarios para recibir atención médica.
Las autoridades correspondientes realizaron el procedimiento legal en la zona y mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias que provocaron el accidente.
Autoridades identificaron al hombre que perdió la vida tras un accidente ocurrido el pasado miércoles en la residencial Alpes Suizos, en el municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad.
La víctima fue identificada como José Ángel Ramírez, de 62 años, quien realizaba labores de poda cuando una rama se desprendió y lo impactó en la cabeza, provocándole un trauma craneoencefálico severo que le ocasionó la muerte de manera inmediata, según relataron testigos del hecho
El suceso generó consternación entre los residentes de la zona, quienes alertaron a los cuerpos de socorro tras el incidente. A pesar de la rápida notificación, el hombre ya no presentaba signos vitales al momento de ser evaluado.
De acuerdo con información preliminar, Ramírez no contaba con equipo de protección personal ni con las herramientas adecuadas para realizar este tipo de trabajo, lo que habría incrementado el riesgo del accidente. Especialistas en seguridad ocupacional reiteran la importancia de cumplir con las normas básicas de protección al ejecutar labores de poda o mantenimiento, especialmente en zonas residenciales.
Las autoridades hacen un llamado a la población a extremar medidas de seguridad y a solicitar apoyo profesional cuando se realicen trabajos que impliquen riesgos, con el fin de prevenir hechos lamentables como este.
