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FGR captura a representantes de lotificadora Argoz por venta ilegal de terrenos
El fiscal general, Rodolfo Delgado, junto a la ministra de Vivienda Michelle Sol, verificaron los allanamientos que la Fiscalía General de la República (FGR) efectuaron este martes en las instalaciones de la Corporación Argoz S.A. de C.V. cuyos representantes fueron capturados.
Según la Fiscalía, esta corporación fue denunciada y ahora es investigada por vender inmuebles en la zona rural del país sin tener los permisos correspondientes o documentos que los acrediten como propietarios, lotificadores o para parcelar los terrenos.
Por estos señalamientos, la Fiscalía confirmó la captura de Rodrigo Javier Gómez Farfán y Leticia Farfán de Gómez; además, dio a conocer que hasta el momento son 116 lotificaciones las denunciadas por las irregularidades cometidas por Argoz S.A. de C.V. y otras sociedades vinculadas a esta corporación, entre las cuáles están: Fomento Rural Inmobiliario S.A. de C.V.; Protege S.A. de C.V.; Gómez Farfán S.A. de C.V.; Nido de Aguila SA. De C.V.; Katamarán S.A. de C.V.; Sociedad Fimento Inmobiliario S.A. de C.V.
La institución detalló que Argoz vendía los inmuebles a precios accesibles por montos de entre $1,000 y $5,000, para los cuales brindaba facilidades de pago a las víctimas.
«Realizaban contratos de promesa de venta a nombre de otras sociedades a quienes las víctimas cancelaban cuotas muy bajas», comunicó la FGR.
Fuentes fiscales agregaron que «Una vez terminados los pagos, los compradores intentaban registrar los terrenos en el Centro Nacional de Registros, pero no podían ya que los terrenos no estaban registrados como propiedad de la corporación Argoz».
DIPUTADOS PIDEN INVESTIGAR POR ESTAFA A ARGOZ
No es la primera ve que esta empresa lotiticadora aparece salpicada por estafas. En noviembre de 2021, diputados del partido Nuevas Ideas acudieron a la Fiscalía a interponer una denuncia para que investigara a Argoz por señalamientos de que no otorgaba escrituras por terrenos vendidos.
En esa ocasión fue denunciada por el delito de estafa agravada en perjuicio de por lo menos 360 familias que compraron propiedades en el departamento de La Paz.
Los legisladores afirmaron que las víctimas se quejaron de que Argoz no les había entregado documentos que los acreditara como dueños legítimos de los terrenos, a pesar de que contaban con los recibos de pago, la certificación de cancelación de crédito y el contrato de arrendamiento con promesa de venta.
La información obtenida por los diputados en el CNR reveló que el patrimonio de esa cuestionada empresa en ese momento era de $4.8 millones.
Durante la madrugada de ayer, la Fiscalía General de la República (FGR), en trabajo coordinado con la Policía, ejecutó un operativo para desmantelar una estructura dedicada al tráfico de drogas.
Esta delinquía a través de una plataforma que ofrecía el «servicio de entrega de mercadería». Los imputados simulaban la entrega de paquetes para movilizar la droga, con la intención de no ser detectados por las autoridades.
«Esta noche estamos ejecutando un operativo junto con la División Antinarcóticos —DAN— de la Policía, en el cual se están ejecutando 24 registros con prevención de allanamiento», indicó el fiscal del caso.
«El cabecilla de esta organización es José Antonio Pérez Montoya, quien era apoyado y respaldado por otros sujetos, incluyendo a sus familiares, quienes también han sido detenidos», indicó el fiscal del caso.
Las autoridades realizaron los registros en Santa Tecla y Lourdes, en La Libertad; y en Soyapango, en San Salvador, lu gares en los que la droga se distribuía y se comercializaba.
«Como resultado de los registros, se han decomisado varias porciones de cocaína y crac listas para su venta, 18 teléfonos celulares con información importante para las investigaciones y más de $3,000 en efectivo», detalló el fiscal.
Las autoridades reportaron la captura de 17 imputados, quienes fueron identificados como José Antonio Pérez Montoya, Gloria América Gil, Josué Edenilson Bonilla Rivas, José Ezequiel Sosa Rodríguez, Julio Enrique Morales Quintanilla, Orlando Francisco Díaz, Guillermo Enrique Orellana Benítez, Bryan David Sánchez Molina, Brenda Guadalupe Leones Navarrete y Bryan Moisés Pérez Valladares.
Además, William Alexánder Rivera Huezo, Edwin Edgardo Martínez Alvarado, Juan Manuel Reyes Flores, Christian Enrique Mirón Noyola, Pamela Sa raí Acevedo Guevara, Maykol Francisco Pichinte Alfaro y Miguel Ángel González Villarán.
HAY MÁS IMPLICADOS
«El objetivo es capturar a un total de 34 personas que forman parte de una estructura que se dedica a distribuir cocaína en Santa Tecla y Lourdes», detalló el fiscal. La fuente aseguró que las de tenciones son producto de una investigación ejecutada desde enero de 2025.
«La investigación ha permitido determinar el modo de operar de esta estructura, logrando identificar a todos sus integrantes», señaló el funcionario.
La Fiscalía explicó que las personas que apoyaban a Pérez Montoya se ha cían pasar por «Ubers» para ingresar a diferentes lugares, simulando que iban a entregar paquetes comerciales.
«Sin embargo, lo que están entregando es droga, cocaína. Toda la estructura opera de la misma forma en la zona de Santa Tecla y Lourdes», destacó la fuente de la Fiscalía.
El pasado 25 de febrero, las autoridades también desarticularon una estructura criminal dedicada al contra bando de mercaderías que delinquía en el territorio nacional.
La investigación, que se desarrolló durante aproximadamente dos años, permitió identificar a los criminales.
De acuerdo con las investigaciones, la banda tenía distintos niveles de operación. Existían líderes, proveedores, encargados de introducir el producto por puntos fronterizos no habilitados —puntos ciegos— en la zona limítrofe con Guatemala y Honduras.
Luego, la mercadería era trasladada hacia San Salvador y distribuida a municipios de Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, Cuscatlán, San Miguel, Usulután y La Unión. Finalmente, vendedores al detalle comercializaban los cigarrillos en mercados urbanos, completando así la cadena de distribución ilegal.
Durante la mañana y la tarde, se espera que el cielo esté mayormente despejado en gran parte del país.
Al final de la tarde y durante la noche, se prevé formación de nubosidad en zonas altas de montaña y en la zona oriental y paracentral, en donde son posibles lluvias puntuales.
El viento estará variando entre 9 y 18 km/h, con brisas ocasionales de hasta 35 km/h, más notables en zonas altas de occidente.
Las temperaturas generarán un ambiente cálido durante la tarde y fresco en horas nocturnas.
La principal influencia será el flujo acelerado del este, con humedad limitada, una vaguada en superficie y algo de apoyo de sistemas en capas medias de la tropósfera, que generarán condiciones apenas favorables para la formación de nubosidad asociada a lluvias breves y puntuales.
Principal
CCR e ISP firman acuerdo histórico: traslado del Registro de Personal Público agilizará certificaciones de tiempo de servicio
En un paso considerado histórico por las autoridades involucradas, la Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) firmaron hoy una carta de entendimiento que transfiere formalmente la gestión del Registro de Personal de la Administración Pública al ISP.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el titular del ISP, Marlon Vásquez, con la presencia de los magistrados Julio Bendek y José Rodrigo Flores.
El proceso incluye la entrega física de un archivo masivo: más de 2,600 cajas que contienen planillas históricas, notas de tiempo de servicio y otros documentos relacionados con la trayectoria laboral de empleados públicos.
“Este no es solo un traslado de documentos; es una transición ordenada que garantiza la integridad, trazabilidad y resguardo total de la información. Aseguramos la continuidad del servicio sin afectar los derechos de los usuarios”, declaró el presidente Sosa durante la firma.
La medida da cumplimiento al decreto legislativo número 438, aprobado el 31 de agosto de 1995, que ordenó el traslado del registro al entonces Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (hoy ISP).
Tras tres décadas de espera, el acuerdo materializa ese mandato legal pendiente.Con esta alianza estratégica, ambas instituciones buscan modernizar la emisión de certificaciones de tiempo de servicio, reducir tiempos de espera en trámites y mejorar la eficiencia de los servicios públicos en beneficio de miles de empleados y pensionados.
“Este paso fortalece la coordinación interinstitucional y coloca al ciudadano en el centro de la gestión pública”, resaltaron las autoridades firmantes.
La ceremonia se llevó a cabo en San Salvador este viernes 27 de febrero de 2026.
