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FGR captura a representantes de lotificadora Argoz por venta ilegal de terrenos
El fiscal general, Rodolfo Delgado, junto a la ministra de Vivienda Michelle Sol, verificaron los allanamientos que la Fiscalía General de la República (FGR) efectuaron este martes en las instalaciones de la Corporación Argoz S.A. de C.V. cuyos representantes fueron capturados.
Según la Fiscalía, esta corporación fue denunciada y ahora es investigada por vender inmuebles en la zona rural del país sin tener los permisos correspondientes o documentos que los acrediten como propietarios, lotificadores o para parcelar los terrenos.
Por estos señalamientos, la Fiscalía confirmó la captura de Rodrigo Javier Gómez Farfán y Leticia Farfán de Gómez; además, dio a conocer que hasta el momento son 116 lotificaciones las denunciadas por las irregularidades cometidas por Argoz S.A. de C.V. y otras sociedades vinculadas a esta corporación, entre las cuáles están: Fomento Rural Inmobiliario S.A. de C.V.; Protege S.A. de C.V.; Gómez Farfán S.A. de C.V.; Nido de Aguila SA. De C.V.; Katamarán S.A. de C.V.; Sociedad Fimento Inmobiliario S.A. de C.V.

La institución detalló que Argoz vendía los inmuebles a precios accesibles por montos de entre $1,000 y $5,000, para los cuales brindaba facilidades de pago a las víctimas.

«Realizaban contratos de promesa de venta a nombre de otras sociedades a quienes las víctimas cancelaban cuotas muy bajas», comunicó la FGR.
Fuentes fiscales agregaron que «Una vez terminados los pagos, los compradores intentaban registrar los terrenos en el Centro Nacional de Registros, pero no podían ya que los terrenos no estaban registrados como propiedad de la corporación Argoz».

DIPUTADOS PIDEN INVESTIGAR POR ESTAFA A ARGOZ
No es la primera ve que esta empresa lotiticadora aparece salpicada por estafas. En noviembre de 2021, diputados del partido Nuevas Ideas acudieron a la Fiscalía a interponer una denuncia para que investigara a Argoz por señalamientos de que no otorgaba escrituras por terrenos vendidos.
En esa ocasión fue denunciada por el delito de estafa agravada en perjuicio de por lo menos 360 familias que compraron propiedades en el departamento de La Paz.
Los legisladores afirmaron que las víctimas se quejaron de que Argoz no les había entregado documentos que los acreditara como dueños legítimos de los terrenos, a pesar de que contaban con los recibos de pago, la certificación de cancelación de crédito y el contrato de arrendamiento con promesa de venta.
La información obtenida por los diputados en el CNR reveló que el patrimonio de esa cuestionada empresa en ese momento era de $4.8 millones.
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Detenido el presunto autor del asesinato de una abuelita en Santa Ana
Las autoridades confirmaron la captura de Maynor Humberto García Flores, conocido con los alias de “La Mica” o “Tiquiza”, señalado como el presunto responsable del homicidio de Lorensa del Tránsito Cardona, de 65 años.
De acuerdo con información preliminar, el detenido habría atacado a la víctima con un arma blanca, provocándole heridas de gravedad que le causaron la muerte. El hecho generó consternación entre los habitantes de la zona por la violencia con la que ocurrió.
El crimen se registró en la colonia Las Ánimas, cantón Tierra Blanca, Candelaria de la Frontera, Santa Ana, ha causando indignación entre familiares, vecinos y la población en general.
Tras las investigaciones, equipos de la Policía Nacional Civil lograron ubicar y capturar al sospechoso, quien será puesto a la orden de los tribunales correspondientes para enfrentar el proceso judicial por este delito.
Familiares y residentes esperan que el caso sea esclarecido y que se aplique la ley conforme a lo establecido.
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Impulsan sistema de alerta temprana contra incendios forestales
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
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Seguridad en abril superó a mismo periodo de 2025
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.




