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Denuncian ante FGR alcalde y concejo municipal de Ciudad Arce por negociaciones ilícitas y cohecho activo tras favorecer a Salume con recursos FODES
El abogado ambientalista Sergio Toruño, interpuso denuncia penal sobre hechos relacionados con una licitación de la Alcaldía de Ciudad Arce, que según el profesional de derecho, “a todas luces favoreció el botadero municipal propiedad de Salume para otorgarle un contrato de disposición final de la basura del municipio a un costo mayor en más de un 38% con las otras ofertas participantes”.
La denuncia ha sido interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de negociaciones ilícitas y cohecho activo en contra del alcalde municipal, Noé Enrique Rivera Amaya, su concejo municipal, así como el representante de la empresa PUL SEM, Nicolas Salume, para que el Ministerio Público inicie investigaciones ante un manejo nada transparente de las finanzas públicas, especialmente cuando se contrata un sitio para disposición final de la basura que no cumple con los criterios técnicos para dar el servicio.
De hecho resalta el abogado que ya ha presentado diversas solicitudes al Minsterio de Medio Ambiente (MARN) para que realice una auditoría completa del botadero municipal que es propiedad de Salume, en el cual existe contaminación de los mantos acuíferos superficiales y en el subsuelo por el manejo inadecuado de los lixiviados y porque en el botadero se incumplió con la medida de la destrucción de los gases emanados del proceso natural de descomposición de la basura, lo que provoca grave riesgo de enfermedades respiratorias en las poblaciones vecinas.
A pesar de todas estas situaciones, afirma el abogado, el MARN no ha actuado y ahora la alcaldía de Ciudad Arce lo favorece a pesar que la oferta de la empresa de Salume era la más cara y el costo de llevar la basura hasta el botadero en el Puerto de La Libertad encarecerá los costos, en detrimento de las finanzas municipales y de otras obras donde podía invertirse esos recursos.
La denuncia penal presentada ante la FGR, se debe a irregularidades en el proceso de licitación para la disposición final de los derechos sólidos, sostienen que el proceso no fue transparente y que a toda costa ha sido manipulado para entregar recursos del FODES a Salume, mediante la adjudicación de la iniciativa, pese al elevado costo de su propuesta, frente a los demás ofertantes.
“Buscamos evitar que continúe licitando cuando son una empresa de funcionamiento totalmente ilegal, no deberían estar licitando y es en ese sentido que se va a presentar estas situaciones, tanto al fiscal general como a la Sala de lo Constitucional, por no resuelven nuestras denuncias, nuestros amparos“, dijo el abogado ambientalista Sergio TORUÑO.
La alcaldía avalo favorecer a Salume aún conociendo que esta acción significará un alto precio para la ciudadanía y que están mucho más lejos.
Recientemente los ofertantes pidieron públicamente realizar una exhaustiva auditoria por parte de la Corte de Cuentas para que verifiquen a lo que ellos califican un despilfarro del FODES.
“Excelentísimo Sr. presidente Nayib Bukele denunciamos públicamente al alcalde de Ciudad Arce por despilfarro de los fondos público FODES. Cuando la corrupción la tratan de disimular y de confundir con argumentos como descalificar a todos los oferentes de la licitación de desechos sólidos para favorecer al señor Salume pagando 38 % más caro , eso le llamamos corrupción, han descalificado a la Alcaldía de Sonsonate en asocio con la empresa Kali, y a otras empresas que tienen más de 25 años de operar con todas las alcaldías de El Salvado, argumentando que han sido descalificadas por no cumplir con las condiciones que ellos “fabricaron”, de tal manera que solo la empresa del señor Salume pueda cumplir a pesar de ser 38 % más caro, y más grave que el costo de traslado y transporte de los desechos serán aún más caro para los habitantes de Ciudad Arce, por estar mucho más lejos”, expresaron los ofertantes.
Al menos 3 miembros del concejo municipal de Ciudad Arce se opusieron a la adjudicación a favor de la empresa de Salume, en virtud que no se contó con los respaldos técnicos para establecer las razones de por qué se estaba contratando a mayor precio por el servicio de disposición final de la basura y subiendo los costos de transporte yendo con las unidades de recolección hasta el botadero del puerto de la libertad.
Otra de las irregularidades puestas de manifiesto por los concejales que votaron en contra fue que al momento de la votación para contratar la empresa de Salume, no tuvieron a la vista la resolución que estaba obligada a fundamenta la Comisión de Alto Nivel nombrada para resolver los recursos interpuestos y que demostraban que el botadero de La Libertad no solamente incrementa en un 38% los costos de disposición final de la basura, sino que el sitio no cumple técnicamente para brindar adecuadamente el servicio.
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Experto migratorio mantiene esperanza: “Puede haber renovación del TPS si Bukele logra un acuerdo con Trump”
A menos de un mes del vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, programado para el 9 de septiembre de 2026, el experto migratorio y director de SOS Inmigración, Reynaldo Alvergue, expresó que todavía existe posibilidad de una renovación. En declaraciones recientes, el especialista subrayó que todo depende de gestiones diplomáticas de alto nivel y que, mientras no exista un anuncio oficial del gobierno estadounidense, no se puede dar por terminado el beneficio.
Tres citas clave de Reynaldo Alvergue
- Sobre la posibilidad de renovación “La verdad que sí yo tengo esperanzas que sí pueda suceder una renovación. Como es una orden ejecutiva, dependerá mucho en estos 30 días que faltan, casi 60, que el presidente de El Salvador (Nayib Bukele) lograra un acuerdo o convenciera o cambiara de opinión al presidente Trump”.
- Sobre la necesidad de esperar el anuncio oficial “Yo sí tengo fe, tengo fe que algo podría pasar en estos días, pero hay que esperar hasta que esté el anuncio oficial, mientras no haya anuncio oficial, pues, no podemos dictaminar qué hacer con los salvadoreños”.
- Sobre el fallo judicial de inicios de agosto “Porque como todavía no hay un anuncio oficial, solo nada más que el juez dijo que autorizaba que el gobierno continuara con la cancelación. Canceló la oportunidad que los permisos siguieran vigentes”.
Alvergue también recomendó a los beneficiarios buscar asesoría legal especializada para explorar otras vías de ajuste de estatus mientras se aclara el panorama.
Contexto y situación actual del TPS
El TPS para El Salvador fue designado el 9 de marzo de 2001, tras los terremotos de enero y febrero de ese año. La última prórroga, aprobada en enero de 2025, extendió la vigencia hasta el 9 de septiembre de 2026. Se estima que unas 170.000 personas se encuentran amparadas bajo este estatus, muchas de ellas con más de 25 años residiendo y trabajando en Estados Unidos.
Según datos de organizaciones como FWD.us y la National TPS Alliance, estos trabajadores aportan aproximadamente 5.400 millones de dólares anuales a la economía estadounidense y pagan alrededor de 1.500 millones en impuestos federales, estatales y locales. Sectores como construcción, transporte, manufactura y servicios de alimentación concentran una parte importante de esta fuerza laboral.
En las últimas semanas se han producido dos hechos relevantes:
- El 5 de agosto de 2026, un juez federal de Massachusetts resolvió que el gobierno podía aplicar el límite de un año a los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) de beneficiarios de TPS de El Salvador, Ucrania y Sudán. Esto eliminó la protección temporal que mantenía vigentes ciertos permisos de trabajo.
- El 12 de agosto de 2026, USCIS informó que los beneficiarios elegibles de TPS de El Salvador que tienen una solicitud de renovación de EAD pendiente (códigos A-12 o C-19) recibirán una extensión automática de su autorización de empleo hasta el 9 de septiembre de 2026, fecha en que finaliza la designación actual. Las notificaciones se envían por correo y electrónicamente a quienes tienen cuenta myUSCIS. Esta medida no prorroga el TPS propiamente dicho, sino que garantiza continuidad laboral hasta el vencimiento programado.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido el anuncio oficial de extensión o terminación. La ley exige una decisión al menos 60 días antes del vencimiento; ese plazo ya se superó, lo que genera incertidumbre jurídica.
¿Qué sigue?
La decisión final sigue en manos del Ejecutivo estadounidense. Mientras tanto, Alvergue y otros especialistas coinciden en que los beneficiarios deben mantenerse informados a través de canales oficiales (USCIS) y consultar con abogados de inmigración sobre posibles opciones de ajuste de estatus, peticiones familiares u otras vías legales.
La comunidad salvadoreña en Estados Unidos y las autoridades del país continúan atentas a cualquier gestación diplomática que pueda influir en el desenlace de uno de los programas migratorios más antiguos y significativos para la diáspora.
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Autoridades capturan a hombre acusado de asesinar a su pareja con arma blanca en San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó esta mañana la captura de Jairo Humberto Alfaro Gutiérrez, de 37 años, acusado de asesinar a su pareja en el municipio de San Salvador Centro.
Según el informe policial, el hombre habría asesinado a la mujer después de una discusión, mientras ambos consumían bebidas alcohólicas. El crimen fue cometido con un arma blanca.
Tras cometer el asesinato, Alfaro Gutiérrez huyó del lugar, pero posteriormente fue capturado en Sonsonate.
De acuerdo con la Policía, el detenido será remitido a los tribunales para que responda por el delito de homicidio agravado, por el cual podría enfrentar cadena perpetua.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Oswaldo Alcides Reyes, de 28 años de edad, quien tenía dos órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio agravado e intento de homicidio.
De acuerdo con la institución, Reyes fue ubicado en el barrio El Calvario, de Santa Rosa de Lima, La Unión Norte, gracias a una alerta generada por el sistema ONI.
La PNC señaló que este sistema permite detectar a personas requeridas por la justicia y evitar que evadan los procesos correspondientes.
El detenido será puesto a la orden de las instancias requeridas, según informó la institución policial.
