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Denuncian ante FGR alcalde y concejo municipal de Ciudad Arce por negociaciones ilícitas y cohecho activo tras favorecer a Salume con recursos FODES
El abogado ambientalista Sergio Toruño, interpuso denuncia penal sobre hechos relacionados con una licitación de la Alcaldía de Ciudad Arce, que según el profesional de derecho, “a todas luces favoreció el botadero municipal propiedad de Salume para otorgarle un contrato de disposición final de la basura del municipio a un costo mayor en más de un 38% con las otras ofertas participantes”.
La denuncia ha sido interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de negociaciones ilícitas y cohecho activo en contra del alcalde municipal, Noé Enrique Rivera Amaya, su concejo municipal, así como el representante de la empresa PUL SEM, Nicolas Salume, para que el Ministerio Público inicie investigaciones ante un manejo nada transparente de las finanzas públicas, especialmente cuando se contrata un sitio para disposición final de la basura que no cumple con los criterios técnicos para dar el servicio.
De hecho resalta el abogado que ya ha presentado diversas solicitudes al Minsterio de Medio Ambiente (MARN) para que realice una auditoría completa del botadero municipal que es propiedad de Salume, en el cual existe contaminación de los mantos acuíferos superficiales y en el subsuelo por el manejo inadecuado de los lixiviados y porque en el botadero se incumplió con la medida de la destrucción de los gases emanados del proceso natural de descomposición de la basura, lo que provoca grave riesgo de enfermedades respiratorias en las poblaciones vecinas.
A pesar de todas estas situaciones, afirma el abogado, el MARN no ha actuado y ahora la alcaldía de Ciudad Arce lo favorece a pesar que la oferta de la empresa de Salume era la más cara y el costo de llevar la basura hasta el botadero en el Puerto de La Libertad encarecerá los costos, en detrimento de las finanzas municipales y de otras obras donde podía invertirse esos recursos.
La denuncia penal presentada ante la FGR, se debe a irregularidades en el proceso de licitación para la disposición final de los derechos sólidos, sostienen que el proceso no fue transparente y que a toda costa ha sido manipulado para entregar recursos del FODES a Salume, mediante la adjudicación de la iniciativa, pese al elevado costo de su propuesta, frente a los demás ofertantes.
“Buscamos evitar que continúe licitando cuando son una empresa de funcionamiento totalmente ilegal, no deberían estar licitando y es en ese sentido que se va a presentar estas situaciones, tanto al fiscal general como a la Sala de lo Constitucional, por no resuelven nuestras denuncias, nuestros amparos“, dijo el abogado ambientalista Sergio TORUÑO.
La alcaldía avalo favorecer a Salume aún conociendo que esta acción significará un alto precio para la ciudadanía y que están mucho más lejos.
Recientemente los ofertantes pidieron públicamente realizar una exhaustiva auditoria por parte de la Corte de Cuentas para que verifiquen a lo que ellos califican un despilfarro del FODES.
“Excelentísimo Sr. presidente Nayib Bukele denunciamos públicamente al alcalde de Ciudad Arce por despilfarro de los fondos público FODES. Cuando la corrupción la tratan de disimular y de confundir con argumentos como descalificar a todos los oferentes de la licitación de desechos sólidos para favorecer al señor Salume pagando 38 % más caro , eso le llamamos corrupción, han descalificado a la Alcaldía de Sonsonate en asocio con la empresa Kali, y a otras empresas que tienen más de 25 años de operar con todas las alcaldías de El Salvado, argumentando que han sido descalificadas por no cumplir con las condiciones que ellos “fabricaron”, de tal manera que solo la empresa del señor Salume pueda cumplir a pesar de ser 38 % más caro, y más grave que el costo de traslado y transporte de los desechos serán aún más caro para los habitantes de Ciudad Arce, por estar mucho más lejos”, expresaron los ofertantes.
Al menos 3 miembros del concejo municipal de Ciudad Arce se opusieron a la adjudicación a favor de la empresa de Salume, en virtud que no se contó con los respaldos técnicos para establecer las razones de por qué se estaba contratando a mayor precio por el servicio de disposición final de la basura y subiendo los costos de transporte yendo con las unidades de recolección hasta el botadero del puerto de la libertad.
Otra de las irregularidades puestas de manifiesto por los concejales que votaron en contra fue que al momento de la votación para contratar la empresa de Salume, no tuvieron a la vista la resolución que estaba obligada a fundamenta la Comisión de Alto Nivel nombrada para resolver los recursos interpuestos y que demostraban que el botadero de La Libertad no solamente incrementa en un 38% los costos de disposición final de la basura, sino que el sitio no cumple técnicamente para brindar adecuadamente el servicio.
Marco Antonio Pérez Hernández fue condenado a 39 años de prisión por homicidio agravado en grado de tentativa, en perjuicio de dos personas, y agrupaciones ilícitas, así resolvió el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
El doble intento de asesinato ocurrió el 1 de junio de 2013 en la comunidad Cristo Redentor, Ayutuxtepeque. El hombre disparó a las víctimas y luego se dio a la fuga; sin embargo, ambas personas sobrevivieron al ataque. Pérez Hernández fue perfilado como el encargado de la cancha Tainys Locos Revolucionarios de la pandilla 18 que delinquía en esa zona y tenía entre 20 y 30 pandilleros bajo sus órdenes.
El juzgador valoró la prueba ofertada por el ente fiscal y condenó al imputado de conformidad con el Código Penal anterior.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, realizó una nueva jornada del juicio que la Fiscalía General de la República promueve al expresentador de televisión, Jorge Hernández Meléndez, por el delito de evasión de impuestos.
La vista pública se ha estado desarrollando en jornadas interrumpidas, desde finales de febrero de 2026, cuando el tribunal comenzó a recibir la prueba, la cual continuó ayer.
En la acusación del ministerio público se detalla que Hernández Meléndez defraudó al fisco con un monto de $278,814.99; ya que en el 2014 declaró información falsa en el Ministerio de Hacienda.
Cuando el expediente fue judicializado la Fiscalía publicó que en el 2014, el imputado evadió el pago de impuesto sobre la renta en su calidad de contribuyente de la actividad económica consistentes en la prestación de servicios de carácter permanente bajo dependencia laboral en la sociedad Meridiano 89 S.A. de C.V.
Por esa acción ilícita el ministerio público pretende lograr una condena en este expediente que lleva varios años diligenciándose; inició en el Juzgado Octavo de Paz y luego enviado al extinto Juzgado Octavo de Instrucción ara que en la etapa final se asignara al Tribunal Quinto de Sentencia.
Hernández Meléndez, previo al juicio intentó finalizar el proceso con una salida alterna pagando el monto evadido, el juzgado que desarrolló la fase de instrucción le otorgó un plazo para pagar, pero al incumplir, tuvo que enfrentar la audiencia preliminar y ser enviado a juicio.
El procesado también tiene un expediente de extinción de dominio que llevó a la Fiscalía a incautarle 36 bienes entre inmuebles y dinero, para que en una decisión definitiva, el juez especializado se pronuncie.
El expresentador de televisión está bajo arresto domiciliar y con custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) por resolución que emitió el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador el 11 de marzo del 2019 cuando fue la primera audiencia del proceso.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad condenó a dos ebrios que provocaron accidentes de tránsito en los que hubo un fallecido y dos lesionados.
En el primer expediente mediante procedimiento abreviado, impuso tres años excarcelables a Leonel Chicas Márquez, por homicidio culposo y conducción peligrosa.
Al otorgarle una suspensión condicional de la ejecución de la pena, quedó sujeto al cumplimiento de reglas de conducta por el mismo período y el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil a favor de los familiares del fallecido.
El accidente ocurrió la madrugada del 2 de agosto de 2025, cuando en estado de ebriedad invadió el carril contrario y colisionara con el vehículo de Jaime Edgardo Aguilar Romero, quien falleció en el periférico Claudia Lars, de San Juan Opico.
La segunda condena fue para Héctor M. A., quien recibió dos años, aplicándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero deberá pagar $5,500 por lesiones culposas en perjuicio de dos personas.
Según la acusación, la madrugada del 28 de marzo de 2025, en el km 30 de la carretera hacia San Juan Opico, La Libertad Centro, el imputado impactó la parte trasera de una motocicleta en la que viajaban dos personas. En la prueba de alcotest, detectaron que conducía con 159 grados de alcohol.
