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Del miedo a la tranquilidad: transporte colectivo se libera del control de las pandillas bajo el gobierno de Bukele
Durante años, el sector del transporte colectivo en El Salvador fue blanco de la violencia de las pandillas. Solo en 2015, se registraron 95 homicidios en ataques directos contra rutas que se negaron a pagar extorsiones, una práctica que representaba ingresos ilícitos de hasta 35 millones de dólares anuales para estas estructuras criminales.
Motoristas, cobradores, empresarios y otros trabajadores del rubro fueron asesinados a plena luz del día, como una forma de presión ante la negativa de pagar la denominada “renta”. Estos hechos provocaron suspensiones de servicio en diversas rutas, afectando a miles de usuarios, incluidos estudiantes, trabajadores y comerciantes que tuvieron que buscar alternativas para movilizarse.
Investigaciones fiscales revelaron que las pandillas incluso llegaron a adquirir buses y microbuses, por medio de testaferros, para financiar sus actividades. En julio de 2015, seis motoristas de diferentes rutas fueron asesinados en un solo día, en un intento de presionar al gobierno del FMLN para reinstaurar la tregua entre pandillas iniciada por el expresidente Mauricio Funes.
Entre 2004 y mediados de 2019, se contabilizaron 2,452 personas asesinadas en el sector del transporte colectivo, según datos de la Mesa Nacional de Transporte. El pico de violencia se vivió durante los gobiernos de ARENA y el FMLN, con constantes paros de transporte y temor generalizado.
No fue sino hasta junio de 2019, con la llegada del presidente Nayib Bukele, que se implementó un plan frontal contra las pandillas. Desde entonces, los homicidios y extorsiones en el sector se redujeron drásticamente. A partir de 2022, el transporte colectivo dejó de ser víctima del acoso de pandillas, y los empresarios ya no pagan extorsiones ni aguinaldos forzados.
Actualmente, la seguridad en el transporte público es reforzada por policías y soldados en 1,266 rutas del país. Desde julio de 2022, más de 10,000 unidades de autobuses y microbuses operan bajo resguardo permanente, según orden presidencial.
Un camión que transportaba tarimas de madera volcó sobre la Carretera de Oro, en la zona de la residencial San José, en el sentido hacia Apopa.
De acuerdo con información preliminar, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que terminara volcada sobre la carretera.
Equipos trabajan en el lugar para retirar el vehículo y restablecer la circulación en la zona.
El percance no dejó personas lesionadas de gravedad.
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
En video quedó registrado el momento en que un hombre ingresó a una tienda de conveniencia en San Miguel Centro y sustrajo una fuerte suma de dinero.
Se trata de Nahún Jeremías Orellana Cruz, quien, de acuerdo con los propietarios del establecimiento, habría tomado más de $5,000 de la caja registradora y de otros lugares donde se encontraba guardado el efectivo.
Las cámaras de seguridad documentaron el momento en que Orellana Cruz entró al local y posteriormente tomó las ganancias del negocio.
Los propietarios lograron identificarlo y presentaron la denuncia ante las autoridades.
Tras las investigaciones, Orellana Cruz fue capturado durante un operativo conjunto realizado por la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos de la Fuerza Armada de El Salvador.
