Nacionales
Defensoría verifica precios de los alimentos en supermercados para evitar especulaciones por las lluvias
El plan de verificación de precios de los alimentos que el Gobierno ha lanzado esta mañana, con el fin de evitar alzas injustificadas durante la emergencia decretada por las lluvias, no se limita solo a los mercados y plazas comerciales similares: también se han puesto en marcha en las cadenas de supermercados con presencia a nivel nacional.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, supervisó esta mañana verificaciones realizadas en dos sucursales de dos de estas cadenas: Walmart, sucursal Mejicanos, y Súper Selectos sobre la calle Motocross, ambas en el municipio de San Salvador Centro.
“Este día, desde tempranas horas, nuestros equipos se han desplazado a diferentes puntos del país a efecto de realizar verificaciones en mercados, y hoy también nos encontramos en supermercados”, explicó el funcionario.
“Estamos realizando estas verificaciones en los principales puntos poblacionales, a efecto de poder evitar cualquier tipo de práctica abusiva como el incremento injustificado de precios, como la especulación de precios, que es una situación en la cual algún comerciante podría, de alguna manera y otra, aprovecharse de las condiciones del clima que vive nuestro país”, añadió.
A este plan de verificaciones también se ha sumado el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los equipos de ambas instituciones corroboran en sus visitas la disponibilidad de productos como frutas, verduras, granos básicos, alimentos enlatados y agua envasada, “productos de alto consumo que, en un período de emergencia como este, es importante prestarles toda la atención”, explicó Salazar.
El titular de la Defensoría añadió que este tipo de prácticas abusivas son sancionadas con hasta 500 salarios mínimos, las cuales son aplicadas incluso en los casos en los que los comerciantes o proveedores no brinden la información requerida de sus inventarios, obstaculizando la labor de la institución.
“No vamos a tolerar este tipo de prácticas en un momento de necesidad de nuestra población”, recalcó.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Nacionales
Conductor sin licencia atropella a mujer de 81 años al no permitirle bajar del microbús en Mejicanos
Una mujer de 81 años resultó lesionada la mañana de este jueves tras ser atropellada por un microbús de la ruta 44 en la 29 Avenida Norte, frente al centro comercial Zacamil, en el distrito de Mejicanos, San Salvador Centro.
Según el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), el motorista del microbús no esperó a que la víctima descendiera completamente de la unidad, lo que provocó que cayera y sufriera lesiones en las piernas. Fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.
El conductor fue identificado como Carlos Elías Baires Flores, de 40 años, quien, según las autoridades, no posee licencia de conducir ni carnet de motorista. Por este motivo, será remitido a las instancias correspondientes por el delito de lesiones.
Las autoridades reiteraron el llamado a los motoristas del transporte público a cumplir con los protocolos de seguridad y contar con los permisos requeridos para operar unidades.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
