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Comisión de antejuicio cometió irregularidades en el proceso, señalan defensores de Arriaza Chicas
Para los abogados defensores del exviceministro de Seguridad, Mauricio Arriza Chicas, la comisión especial que analizó su desafuero, cometió varias irregularidades, entre estas, que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, no fue notificado que sería llevado por apremio si no se presentaba ante los diputados.
Además, la diputada del FMLN, Yanci Urbina, integrante de la comisión de antejuicio, cometió una ilegalidad procesal, señalaron los abogados. “El ministro de Hacienda fue citado hasta en cuatro ocasiones y en todas las ocasiones envió una justificación; si la justificación era válida o no, los diputados tenían que dejar constancia de eso en un acta. No dicen nada si aceptaban o no la justificación ese fue un error grave”, explicó el abogado Héctor Nahum Martínez.
En el cuarto citatorio, la diputada Urbina comete una falsedad al insertar un hecho falso en la orden, “porque le dice al comisionado que debe llevar al Ministro de Hacienda porque no ha justificado su no comparecencia”, explicó Martínez, quien agregó que todo eso está consignado en las actas.
Otro vacío de ley que cometieron los diputados es que no pueden llevar a un ministro por apremio como pretendía ARENA y el FMLN. De acuerdo con David Ramírez, otro de los abogados defensores del exviceministro, por esa ilegalidad desistieron de llevar por apremio a la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, porque era ilícita su petición.
Ramírez aseguró que los diputados instigaron al director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, a que cometiera un hecho delictivo: privar de libertad al titular de Hacienda para llevarlo a la Asamblea Legislativa, con lo que se hubiera cometido una violación a los derechos del funcionario.
La defensa del exviceministro dijo que los diputados están tratando de desacreditar el trabajo que ellos, como abogados, hicieron en el pleno atacando su credibilidad, pero esta puede comprobarse en la Corte Suprema de Justicia que tiene las credenciales suyas vigentes, manifestó Martínez.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
