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Comisión de antejuicio cometió irregularidades en el proceso, señalan defensores de Arriaza Chicas
Para los abogados defensores del exviceministro de Seguridad, Mauricio Arriza Chicas, la comisión especial que analizó su desafuero, cometió varias irregularidades, entre estas, que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, no fue notificado que sería llevado por apremio si no se presentaba ante los diputados.
Además, la diputada del FMLN, Yanci Urbina, integrante de la comisión de antejuicio, cometió una ilegalidad procesal, señalaron los abogados. “El ministro de Hacienda fue citado hasta en cuatro ocasiones y en todas las ocasiones envió una justificación; si la justificación era válida o no, los diputados tenían que dejar constancia de eso en un acta. No dicen nada si aceptaban o no la justificación ese fue un error grave”, explicó el abogado Héctor Nahum Martínez.
En el cuarto citatorio, la diputada Urbina comete una falsedad al insertar un hecho falso en la orden, “porque le dice al comisionado que debe llevar al Ministro de Hacienda porque no ha justificado su no comparecencia”, explicó Martínez, quien agregó que todo eso está consignado en las actas.
Otro vacío de ley que cometieron los diputados es que no pueden llevar a un ministro por apremio como pretendía ARENA y el FMLN. De acuerdo con David Ramírez, otro de los abogados defensores del exviceministro, por esa ilegalidad desistieron de llevar por apremio a la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, porque era ilícita su petición.
Ramírez aseguró que los diputados instigaron al director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, a que cometiera un hecho delictivo: privar de libertad al titular de Hacienda para llevarlo a la Asamblea Legislativa, con lo que se hubiera cometido una violación a los derechos del funcionario.
La defensa del exviceministro dijo que los diputados están tratando de desacreditar el trabajo que ellos, como abogados, hicieron en el pleno atacando su credibilidad, pero esta puede comprobarse en la Corte Suprema de Justicia que tiene las credenciales suyas vigentes, manifestó Martínez.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
