Un total de 50 años de prisión deberá cumplir un miembro de estructura criminal luego de haber sido declarado culpable por el asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y el intento de homicidio en otra persona. Los hechos sucedieron el año pasado en Ahuachapán.

Fiscales de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio lograron que se impusiera la pena máxima en contra de Francisco Terán Pérez, quien fue declarado culpable de homicidio agravado en perjuicio de Salvador Alexander Ramírez Martínez, agente de la PNC y el delito de homicidio agravado tentado, en contra de otra víctima.

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán, a cargo de la vista pública, admitió toda la prueba expuesta en audiencia por la FGR y validó la investigación por lo que pronunció el fallo condenatorio.

Los hechos sucedieron el 28 de enero del año 2020 cuando las víctimas transitaban por la noche sobre la Carretera Panamericana que de Ahuachapán conduce hacia San Salvador en jurisdicción del cantón Izcanquillo, municipio de Atiquizaya.

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele sigue haciendo todo lo necesario para proteger la salud y vida de los salvadoreños, a través de diferentes estrategias; una de ellas es el Plan Nacional de Vacunación anti-COVID-19, que continúa avanzando eficientemente y llegando a toda la población meta.

La estrategia de vacunación inició el pasado 17 de febrero y, desde entonces, han sido aplicadas 8,141,990 dosis; de las cuales, 4,239,093 corresponden a la primera dosis, 3,601,685 a la segunda y 301,212 a personas que ya recibieron el refuerzo del fármaco.

Día a día, el Gobierno del Presidente Bukele, a través del Ministerio de Salud y el equipo interinstitucional que colabora en este esfuerzo, atiende a miles de salvadoreños que llegan a los 166 centros de vacunación y a los puntos móviles que permiten garantizar el acceso a la vacuna contra el COVID-19

A esta logística, desde el pasado 6 de octubre, se sumó la modalidad de vacunación casa por casa, con la cual se lleva el biológico hasta la puerta de los hogares de aquellas personas que, por alguna razón, no han podido acercarse a un punto de vacunación, así como a lugares de difícil acceso.

De esta manera, el plan de vacunación sigue progresando aceleradamente y las condiciones para acceder al fármaco han sido facilitadas para la población salvadoreña y extranjeros residentes en el país.

Este lunes, 34 puntos móviles de vacunación fueron instalados en municipios de todo el territorio salvadoreño, acercando así la vacuna hasta las localidades de las personas beneficiadas con la jornada. Uno de ellos fue colocado en un supermercado ubicado en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

“Muy bueno para nosotros, es una oportunidad más; uno que trabaja, de poder gozar del beneficio de la vacunación. Es mejor así, sin cita, me avisó un familiar y vine. Muy buen servicio”, opinó Patricia Guirola.

Mientras que, Michelle Avelar, dijo: “Es bastante beneficioso porque uno se  ahorra tiempo. Son súper amables, super rápido, menos de 10 minutos”.

El Gobierno prioriza la vida de la población; por ello, se mantiene ejecutando acciones en medio de la crisis sanitaria que ha golpeado al mundo entero y en la cual El Salvador ha logrado ser un referente gracias al exitoso manejo de la pandemia.

Este lunes 18 de octubre, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador desarrolló la audiencia preliminar en contra del exembajador de El Salvador en Honduras (2005-2009), Sigfredo Ochoa Pérez, quien junto al exministro consejero Walter Alfredo Anaya Escalante, es acusado de peculado (apropiación de fondos públicos).

Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), Ochoa Pérez es señalado de apropiarse $41,040 los cuales fueron erogados por el Ministerio de Relaciones Exteriores; mientras que en el caso de Anaya Escalante la suma fue de $59,840.

Una tercera persona de nacionalidad hondureña también resultó involucrada en estos hechos, ella es Soledad Funes de Ramírez señalada de apropiarse $6,000. En total, el monto por el cual son acusados suman más de $106,000 en concepto de arrendamiento.

De acuerdo con las investigaciones, las circunstancias bajo las cuales incurrió en el delito fue durante una suscripción de dos contratos de arrendamiento de los locales donde funcionaban las oficinas diplomáticas de El Salvador en Honduras, en 2005, cuando Ochoa Pérez era embajador.

Estas irregularidades fueron denunciadas en 2018 ante la Fiscalía por el embajador que sucedió a Ochoa Pérez y Anaya Escalante en 2016.

Estos señalamientos han sido negados por Ochoa Pérez, quien también fuera diputado del partido ARENA en el período 201-2015.