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Asamblea sigue privando fondos del BID para atender emergencia sanitaria
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dejó pasar una semana más sin aprobar la incorporación al Presupuesto General de la Nación de los $250 millones de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con lo que se atrasa el financiamiento del Hospital El Salvador, agricultores, veteranos y ex combatientes y el apoyo al sector informal y micro y pequeños empresarios.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele llamó a los legisladores a no seguir retrasando la asignación de estos fondos, pues con ello se pone en riesgo la salud de los salvadoreños y la seguridad alimentaria. El préstamo tiene un componente para apoyar a pequeños productores en el marco de la pandemia.
Pero los diputados de ARENA, FMLN y Rodolfo Parker siguen con la estrategia de retardar la aprobación de este financiamiento, que es crucial para que el Gobierno tenga liquidez y ejecute acciones en beneficio de El Salvador, en medio de la pandemia que ha dejado a los gobiernos del mundo con un déficit en sus ingresos.
De los fondos que están en vilo, hay $55 millones para FOMILENIO II que deben ser aprobados antes del 9 de septiembre, de lo contrario ese programa estaría obligado a suspender 40 proyectos de beneficio para el país.
Los partidos de oposición continúan argumentando que no dan sus votos por los préstamos porque el Gobierno no ha entregado la suficiente información al respecto, pese a que la comisión de Hacienda ha citado varias veces al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que explique la distribución y los destinos indicativos de estos instrumentos financieros.
Como lo ha venido señalando el Gobierno constantemente, la estrategia de estos partidos no tiene otra intención que complicar al Gobierno con un claro interés de carácter electoral, en vista de que toda la información respecto a los créditos ha sido entregada oportunamente a la Asamblea Legislativa.
El Gobierno también rechaza la intención del bloque de oposición de asignar los fondos de forma parcial y a conveniencia, pues su intención es que se incorpore al Presupuesto lo destinado para las alcaldías y los excombatientes.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
