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Alcalde de Soyapango privatizará la recolección de basura dejando decenas de trabajadores municipales sin empleo
Al igual que su colega arenero de Santa Tecla que privatizó de forma “oscura” varios servicios de la alcaldía, ahora el alcalde de Soyapango, Juan Pablo Alvarez, pretende hacer lo mismo en su municipio.
Ayer se dio a conocer la oferta del alcalde, donde ofrece formar sociedad con privados, entregándoles el 90 por ciento de dicha sociedad a formar.
Decenas de trabajadores municipales que perderán sus empleos han mostrado su preocupación por las acciones que está emprendiendo el edil de Soyapango para privatizar primero el servicio de recolección de basura, lo que empeorará el servicio, según se ha demostrado en Santa Tecla.
El guion seguido por Alvarez es el que impuso Roberto d’Aubuisson, quien de forma “oscura” realizó negocio millonario con la empresa colombiana Teclaseo SEM de CV, y del cual se ha negado a toda costa revelar el contrato, el cual fue declarado lesivo para los tecleños por parte de la Corte de Cuentas de la República (CCR).
La CCR realizó auditoría a la alcaldía tecleña y determinó le ilegalidad cometida por d’Aubuisson y su concejo. La auditoría especial de la CCR reveló además que el contrato con la empresa colombiana es “lesivo a los intereses de Santa Tecla”; que no se llevó a cabo los requisitos para contratar; que regalaron todos los camiones y equipos de transporte y recolección propiedad de Santa Tecla, sin la debida autorización de desafectación según ordena la ley.
Se “conoce además que los fondos son de origen oscuro y fueron depositados a una persona que no es el socio; tampoco hay evidencia del ingreso de divisas de la empresa colombiana. Teclaseo no posee relleno sanitario, por lo que hace uso de uno (del señor Salume) que es altamente cuestionado”.
No solo eso, d’Aubuisson ha incumplido las sentencias del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que le ha ordenado dar a conocer dicho contrato, por lo que ya se ha procedido a la imposición de sanciones y multas, y se ha solicitado a la Fiscalía General de la República, proceda contra el alcalde tecleño.
Desempleados en Santa Tecla y el desacato del alcalde
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, pidió anteriormente aplicar todo el peso de la ley contra el alcalde de Santa Teca, d’Aubuisson y su concejo municipal, debido a que se negaron a acatar una sentencia definitiva e inapelable, que les ordenaba reinstalar a decenas de empleados despedidos en 2018, cuando se privatizó el servicio de recolección de basura en el municipio. Así como por no dar a conocer el “contrato oscuro” firmado con Teclaseo.
“Con esta resolución donde el tribunal da por incumplida la sentencia de reinstalo de los trabajadores contra Roberto d’Aubuisson y su concejo, esperamos en los próximos días ver a estos infractores que caiga todo el peso de la ley, en otro país ya estuvieran tras las rejas”, expresó el ministro Castro de manera contundente.
La Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó este lunes que los precios de referencia de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin variación durante el periodo comprendido entre el 21 de julio y el 3 de agosto.
En la zona central del país, el precio por galón será de $4.74 para la gasolina superior, $4.41 para la gasolina regular y $4.44 para el diésel.
Mientras tanto, en las zonas oriental y occidental, la gasolina superior tendrá un precio de $4.75 por galón, la gasolina regular costará $4.42 y el diésel se mantendrá en $4.44.
La entidad explicó que, pese al incremento en la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, los precios nacionales permanecerán estables gracias a la gestión oportuna de los inventarios.
«Tras la reanudación y el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, así como la expansión de los ataques en la región del estrecho de Ormuz, se ha incrementado la volatilidad de los precios internacionales del petróleo. No obstante, la gestión oportuna de los inventarios nacionales permite mantener sin variación los precios de los combustibles durante el presente periodo», comunicó la DGEHM.
Asimismo, señaló que los continuos ataques a la infraestructura energética rusa por parte de Ucrania mantienen expectativas sobre el comportamiento de los precios internacionales de los hidrocarburos.
La institución recordó que los precios de referencia incluyen los impuestos de ley vigentes, así como la Contribución para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público del Transporte Colectivo de Pasajeros de tipo colectivo y masivo (COTRANS), el Fondo de Estabilización del Fomento Económico (FEFE) y el Impuesto Especial a los Combustibles (IEC).
Además, la DGEHM informó que ha reforzado las verificaciones en estaciones de servicio para garantizar la cantidad y calidad de los combustibles, con el objetivo de que la población reciba el volumen con las especificaciones técnicas requeridas y se entregue la cantidad exacta por la que paga.
Entretanto, inspectores de la institución mantienen un sondeo constante del mercado de las empresas dedicadas a la comercialización de productos derivados del petróleo. En caso de detectar incumplimientos a la ley, estas se exponen a las sanciones correspondientes.
Al menos 281 vehículos han sido afectados por incendios entre el 1 de enero y el 16 de julio de este año, según los registros del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, que atribuye estos incidentes a factores como fallas en el sistema eléctrico, conexiones defectuosas o reparaciones deficientes.
De acuerdo con las estadísticas de la institución, la cifra representa un incremento del 17 % en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 241 incendios en vehículos.
El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, explicó que ante un incendio vehicular es importante actuar de manera inmediata y priorizar la seguridad de las personas.
“Ante un incendio en un vehículo, el conductor debe detener la marcha, salir de la vía y evacuar el automotor”, indicó.
Además, recomendó que si las llamas alcanzan una altura considerable, las personas no deben exponerse al riesgo y, después de abandonar el vehículo, deben comunicarse con el Cuerpo de Bomberos.
Solano señaló que, si el conductor cuenta con un extintor y tiene la capacitación necesaria para utilizarlo, puede intentar controlar el fuego, siempre que las condiciones del incendio no representen un peligro.
De los 281 incendios reportados durante 2026, 238 correspondieron a automóviles, 17 a autobuses, 14 a motocicletas, dos a microbuses y diez a vehículos pesados.
Como parte de las medidas preventivas, el Cuerpo de Bomberos recomienda realizar revisiones periódicas del funcionamiento mecánico del vehículo, los sistemas de frenos y el sistema eléctrico.
La institución también exhorta a evitar instalaciones eléctricas improvisadas, revisar que no existan mangueras deterioradas ni cables con el recubrimiento expuesto, además de mantener limpias las áreas del vehículo y libres de residuos de aceite o suciedad para facilitar la identificación de posibles daños.
Asimismo, recomienda no sobrecargar el sistema eléctrico, asegurar y aislar los bordes de la batería para prevenir cortocircuitos y portar un extintor tipo ABC con una capacidad mínima de cinco libras.
Bomberos indicó que, en caso de utilizar el extintor, la descarga debe dirigirse directamente a la base del fuego para intentar controlar las llamas.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
