Nacionales
Alcalde de Soyapango privatizará la recolección de basura dejando decenas de trabajadores municipales sin empleo
Al igual que su colega arenero de Santa Tecla que privatizó de forma “oscura” varios servicios de la alcaldía, ahora el alcalde de Soyapango, Juan Pablo Alvarez, pretende hacer lo mismo en su municipio.
Ayer se dio a conocer la oferta del alcalde, donde ofrece formar sociedad con privados, entregándoles el 90 por ciento de dicha sociedad a formar.
Decenas de trabajadores municipales que perderán sus empleos han mostrado su preocupación por las acciones que está emprendiendo el edil de Soyapango para privatizar primero el servicio de recolección de basura, lo que empeorará el servicio, según se ha demostrado en Santa Tecla.
El guion seguido por Alvarez es el que impuso Roberto d’Aubuisson, quien de forma “oscura” realizó negocio millonario con la empresa colombiana Teclaseo SEM de CV, y del cual se ha negado a toda costa revelar el contrato, el cual fue declarado lesivo para los tecleños por parte de la Corte de Cuentas de la República (CCR).
La CCR realizó auditoría a la alcaldía tecleña y determinó le ilegalidad cometida por d’Aubuisson y su concejo. La auditoría especial de la CCR reveló además que el contrato con la empresa colombiana es “lesivo a los intereses de Santa Tecla”; que no se llevó a cabo los requisitos para contratar; que regalaron todos los camiones y equipos de transporte y recolección propiedad de Santa Tecla, sin la debida autorización de desafectación según ordena la ley.
Se “conoce además que los fondos son de origen oscuro y fueron depositados a una persona que no es el socio; tampoco hay evidencia del ingreso de divisas de la empresa colombiana. Teclaseo no posee relleno sanitario, por lo que hace uso de uno (del señor Salume) que es altamente cuestionado”.
No solo eso, d’Aubuisson ha incumplido las sentencias del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que le ha ordenado dar a conocer dicho contrato, por lo que ya se ha procedido a la imposición de sanciones y multas, y se ha solicitado a la Fiscalía General de la República, proceda contra el alcalde tecleño.
Desempleados en Santa Tecla y el desacato del alcalde
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, pidió anteriormente aplicar todo el peso de la ley contra el alcalde de Santa Teca, d’Aubuisson y su concejo municipal, debido a que se negaron a acatar una sentencia definitiva e inapelable, que les ordenaba reinstalar a decenas de empleados despedidos en 2018, cuando se privatizó el servicio de recolección de basura en el municipio. Así como por no dar a conocer el “contrato oscuro” firmado con Teclaseo.
“Con esta resolución donde el tribunal da por incumplida la sentencia de reinstalo de los trabajadores contra Roberto d’Aubuisson y su concejo, esperamos en los próximos días ver a estos infractores que caiga todo el peso de la ley, en otro país ya estuvieran tras las rejas”, expresó el ministro Castro de manera contundente.
Nacionales
PNC desarticula estructura de tráfico de drogas entre Chalatenango y San Salvador; decomisan más de 2 kilos de cocaína
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo en las últimas horas a cuatro personas que integraban una estructura dedicada al tráfico ilícito de drogas con operaciones entre los departamentos de Chalatenango y San Salvador. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que los operativos permitieron la captura de Gerardo José Cerrato Montes, Raúl Armando Arteaga Valdivieso, Diego Alexander Osorto Salazar y Juan José Hernández.
Durante los procedimientos, las autoridades decomisaron 2,028 gramos de cocaína, 6 gramos de marihuana, cinco teléfonos celulares, dos vehículos y 700 dólares en efectivo. La droga incautada tiene un valor superior a los 50,000 dólares, lo que representa un golpe significativo contra las redes de distribución que abastecen el mercado local en la zona metropolitana y el norte del país.
El ministro Villatoro destacó que estas capturas son resultado del trabajo sostenido de la PNC en el marco del Plan Control Territorial. Las estructuras que operan entre departamentos como Chalatenango y San Salvador suelen funcionar como eslabones intermedios que reciben cargamentos de mayor escala y los distribuyen en porciones más pequeñas hacia colonias y municipios.
Este tipo de operativos permite desarticular cadenas de abastecimiento que alimentan el narcomenudeo en zonas urbanas y rurales, reduciendo la disponibilidad de drogas en las calles y afectando directamente la rentabilidad de las organizaciones criminales locales. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar posibles conexiones con otras células de tráfico.
Nacionales
El Salvador: Marina Nacional decomisa 1.36 toneladas de cocaína valoradas en $34 millones en el Pacífico
Elementos de la Marina Nacional interceptaron el 17 de julio una lancha con motor fuera de borda que transportaba 1.36 toneladas de cocaína en aguas internacionales del océano Pacífico, a 947 millas náuticas (1,764 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque, departamento de La Paz. La operación permitió la captura de dos ciudadanos ecuatorianos que tripulaban la embarcación.
El cargamento tiene un valor estimado de 34 millones de dólares en el mercado ilícito. Este tipo de interdicciones en alta mar forma parte de la estrategia de El Salvador para golpear las rutas marítimas del narcotráfico que conectan los centros de producción en Sudamérica con los mercados de Centroamérica, México y Estados Unidos, donde Ecuador se ha consolidado como uno de los principales puntos de salida de cocaína en lanchas rápidas.
El presidente Nayib Bukele informó sobre el decomiso y lo calificó como un nuevo golpe contra las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas. Las autoridades destacaron que estas operaciones, realizadas a cientos de millas de la costa, evidencian el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y respuesta de la Marina Nacional en el marco del Plan Control Territorial.
En lo que va de 2026, El Salvador acumula 14.61 toneladas de cocaína decomisadas en diferentes procedimientos, con un valor superior a los 365 millones de dólares. Estas cifras reflejan el impacto sostenido de las interdicciones marítimas sobre las estructuras logísticas del crimen organizado transnacional, que frecuentemente emplean tripulantes ecuatorianos y colombianos en estas rutas del Pacífico oriental.
