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Alcalde de Soyapango privatizará la recolección de basura dejando decenas de trabajadores municipales sin empleo
Al igual que su colega arenero de Santa Tecla que privatizó de forma “oscura” varios servicios de la alcaldía, ahora el alcalde de Soyapango, Juan Pablo Alvarez, pretende hacer lo mismo en su municipio.
Ayer se dio a conocer la oferta del alcalde, donde ofrece formar sociedad con privados, entregándoles el 90 por ciento de dicha sociedad a formar.
Decenas de trabajadores municipales que perderán sus empleos han mostrado su preocupación por las acciones que está emprendiendo el edil de Soyapango para privatizar primero el servicio de recolección de basura, lo que empeorará el servicio, según se ha demostrado en Santa Tecla.
El guion seguido por Alvarez es el que impuso Roberto d’Aubuisson, quien de forma “oscura” realizó negocio millonario con la empresa colombiana Teclaseo SEM de CV, y del cual se ha negado a toda costa revelar el contrato, el cual fue declarado lesivo para los tecleños por parte de la Corte de Cuentas de la República (CCR).
La CCR realizó auditoría a la alcaldía tecleña y determinó le ilegalidad cometida por d’Aubuisson y su concejo. La auditoría especial de la CCR reveló además que el contrato con la empresa colombiana es “lesivo a los intereses de Santa Tecla”; que no se llevó a cabo los requisitos para contratar; que regalaron todos los camiones y equipos de transporte y recolección propiedad de Santa Tecla, sin la debida autorización de desafectación según ordena la ley.
Se “conoce además que los fondos son de origen oscuro y fueron depositados a una persona que no es el socio; tampoco hay evidencia del ingreso de divisas de la empresa colombiana. Teclaseo no posee relleno sanitario, por lo que hace uso de uno (del señor Salume) que es altamente cuestionado”.
No solo eso, d’Aubuisson ha incumplido las sentencias del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que le ha ordenado dar a conocer dicho contrato, por lo que ya se ha procedido a la imposición de sanciones y multas, y se ha solicitado a la Fiscalía General de la República, proceda contra el alcalde tecleño.
Desempleados en Santa Tecla y el desacato del alcalde
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, pidió anteriormente aplicar todo el peso de la ley contra el alcalde de Santa Teca, d’Aubuisson y su concejo municipal, debido a que se negaron a acatar una sentencia definitiva e inapelable, que les ordenaba reinstalar a decenas de empleados despedidos en 2018, cuando se privatizó el servicio de recolección de basura en el municipio. Así como por no dar a conocer el “contrato oscuro” firmado con Teclaseo.
“Con esta resolución donde el tribunal da por incumplida la sentencia de reinstalo de los trabajadores contra Roberto d’Aubuisson y su concejo, esperamos en los próximos días ver a estos infractores que caiga todo el peso de la ley, en otro país ya estuvieran tras las rejas”, expresó el ministro Castro de manera contundente.
Por extorsión agravada, Douglas Alexander Gutiérrez, deberá pagar con 12 años de prisión, así lo resolvió el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla. Asimismo, le impuso el pago de $1,500 en concepto de responsabilidad civil y lo declaró en rebeldía, por lo que giró orden de captura inmediata en su contra.
Los hechos se remontan a noviembre de 2014, en el distrito de Aguilares, municipio de San Salvador Norte. Según el expediente judicial, dos imputados con apariencia de pandilleros interceptaron al administrador de una empresa mientras inspeccionaba un inmueble y lo amenazaron con atentar contra la vida de los empleados si la sociedad si no entregaba la suma de $10,000.
Tras la denuncia interpuesta el 8 de diciembre de 2014, las autoridades coordinaron dos entregas controladas de dinero con billetes previamente seriados. Este procedimiento permitió identificar a Gutiérrez y establecer su participación directa en el cobro del dinero exigido, elementos probatorios que resultaron determinantes para que el juzgador estableciera su responsabilidad penal. El otro implicado no forma parte de este proceso judicial.
En otro caso, José Ricardo Salvador Fuentes fue sentenciado a 10 años de prisión por extorsionar a un comerciante migueleño.
La víctima recibió una llamada telefónica, en noviembre de 2011, donde le decían que tenía que pagar quincenalmente la extorsión a la pandilla a cambio de no asesinar a su familia. Por miedo a las amenazas, el comerciante llegó a un acuerdo con los pandilleros y denunció el crimen a la Policía Nacional Civil (PNC) el 21 de noviembre del mismo año.
La PNC realizó seis entregas de dinero controladas, logrando individualizar al procesado el 23 de enero de 2012, cuando recogía la extorsión.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.
«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.
De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.
«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.
Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.
«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.
Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.
Dos centros educativos del distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste, serán renovados con una inversión conjunta que supera los $1.3 millones, como parte del programa nacional de modernización de infraestructura escolar. Las obras corresponden a la Escuela #571, Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, y a la Escuela #572, Centro Escolar Caserío El Mogote.
La primera intervención corresponde al Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, que atiende a 63 estudiantes desde parvularia hasta básica. El proyecto contempla una inversión de $806,000 para renovar 620 metros cuadrados de infraestructura educativa, bajo la ejecución de la Dirección General de Centros Penales.
Además, se desarrolla la renovación del Centro Escolar Caserío El Mogote, que beneficia a 65 estudiantes y abarca un área de construcción de 412 metros cuadrados. En este caso, la inversión asciende a $535,000.
Las obras en ambos centros incluyen escarificación de paredes para retirar pintura deteriorada, repello y nuevos acabados; nivelación de pisos e instalación de porcelanato de alto tráfico; colocación de ventanas corredizas tipo francesa y sustitución de puertas por modelos metálicos. Asimismo, se renovará la red eléctrica con iluminación LED y ventiladores en cada aula, además de mejoras en los sistemas hidrosanitarios.
El proyecto también contempla obras exteriores como andenes, canchas deportivas, espacios lúdicos y jardines, además de la dotación de mobiliario para estudiantes y docentes, juegos didácticos y áreas de cocina, con el objetivo de garantizar instalaciones modernas, seguras y funcionales para la comunidad educativa.
