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Alcalde de Soyapango privatizará la recolección de basura dejando decenas de trabajadores municipales sin empleo
Al igual que su colega arenero de Santa Tecla que privatizó de forma “oscura” varios servicios de la alcaldía, ahora el alcalde de Soyapango, Juan Pablo Alvarez, pretende hacer lo mismo en su municipio.
Ayer se dio a conocer la oferta del alcalde, donde ofrece formar sociedad con privados, entregándoles el 90 por ciento de dicha sociedad a formar.
Decenas de trabajadores municipales que perderán sus empleos han mostrado su preocupación por las acciones que está emprendiendo el edil de Soyapango para privatizar primero el servicio de recolección de basura, lo que empeorará el servicio, según se ha demostrado en Santa Tecla.
El guion seguido por Alvarez es el que impuso Roberto d’Aubuisson, quien de forma “oscura” realizó negocio millonario con la empresa colombiana Teclaseo SEM de CV, y del cual se ha negado a toda costa revelar el contrato, el cual fue declarado lesivo para los tecleños por parte de la Corte de Cuentas de la República (CCR).
La CCR realizó auditoría a la alcaldía tecleña y determinó le ilegalidad cometida por d’Aubuisson y su concejo. La auditoría especial de la CCR reveló además que el contrato con la empresa colombiana es “lesivo a los intereses de Santa Tecla”; que no se llevó a cabo los requisitos para contratar; que regalaron todos los camiones y equipos de transporte y recolección propiedad de Santa Tecla, sin la debida autorización de desafectación según ordena la ley.
Se “conoce además que los fondos son de origen oscuro y fueron depositados a una persona que no es el socio; tampoco hay evidencia del ingreso de divisas de la empresa colombiana. Teclaseo no posee relleno sanitario, por lo que hace uso de uno (del señor Salume) que es altamente cuestionado”.
No solo eso, d’Aubuisson ha incumplido las sentencias del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que le ha ordenado dar a conocer dicho contrato, por lo que ya se ha procedido a la imposición de sanciones y multas, y se ha solicitado a la Fiscalía General de la República, proceda contra el alcalde tecleño.
Desempleados en Santa Tecla y el desacato del alcalde
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, pidió anteriormente aplicar todo el peso de la ley contra el alcalde de Santa Teca, d’Aubuisson y su concejo municipal, debido a que se negaron a acatar una sentencia definitiva e inapelable, que les ordenaba reinstalar a decenas de empleados despedidos en 2018, cuando se privatizó el servicio de recolección de basura en el municipio. Así como por no dar a conocer el “contrato oscuro” firmado con Teclaseo.
“Con esta resolución donde el tribunal da por incumplida la sentencia de reinstalo de los trabajadores contra Roberto d’Aubuisson y su concejo, esperamos en los próximos días ver a estos infractores que caiga todo el peso de la ley, en otro país ya estuvieran tras las rejas”, expresó el ministro Castro de manera contundente.
Por la mañana el cielo estará poco nublado. Durante la tarde, se prevén lluvias, algunas acompañadas de actividad eléctrica, en sectores de la zona centro y oriente, con énfasis en los departamentos de San Miguel y Usulután. En la noche, es posible alguna lluvia puntual en la zona oriental.
Ingresarán Vientos Nortes variando de 10 a 20 km/h, con ráfagas ocasionales entre 40 y 65 km/h, más notables en la noche y en zonas altas y descampadas del occidente del país.
Las temperaturas mantendrán un ambiente muy cálido durante la tarde, y fresco en la noche y en la madrugada.
La principal influencia será el ingreso de Vientos Nortes y flujo acelerado del noreste, acumulando humedad, que apoya la formación de nubosidad que genera lluvias.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a siete años de prisión a Adalberto Antonio Miranda Zepeda, hijo del fallecido Catalino Miranda, tras encontrarlo responsable del delito de estafa agravada en perjuicio de una víctima.
De acuerdo con los hechos acreditados en juicio, el 16 de mayo de 2019, Miranda Zepeda solicitó al Centro Nacional de Registros (CNR) el retiro de un documento de cancelación de mutuo hipotecario que no había sido inscrito, con el propósito de subsanar prevenciones señaladas por dicha institución; posteriormente, el documento fue presentado nuevamente por otra persona.
Sin embargo, la víctima no firmó dicha cancelación y la Sección del Notariado de la Corte Suprema de Justicia informó que el documento era inexistente; además, se estableció que el notario no se encontraba en el país en la fecha en que supuestamente fue suscrito.
Asimismo, el dolo se evidenció cuando el procesado, en su calidad de administrador único de ACOSTES de R. L., suscribió con la víctima una novación del contrato de mutuo con garantía prendaria sobre 78 unidades de buses. No obstante, posterior a la firma de la novación, esas mismas unidades fueron dadas como garantía ante otras instituciones financieras.
Los hechos se originaron en 2019, cuando la víctima otorgó un contrato de mutuo con garantía hipotecaria y prendaria por $1,800,000 a favor de su padre Catalino Ezequiel Miranda Arteaga (ya fallecido) y de su tío José Braulio Miranda Arteaga, quienes en ese entonces eran los representantes de ACOSTES de R. L. y ACOSTES de El Salvador S. A. de C. V. Con el tiempo, los obligados dejaron de cumplir con los pagos.
Además, el tribunal condenó en abstracto la responsabilidad civil, a fin de que la víctima pueda ejercer su derecho en la vía correspondiente. Esto debido a que no se demostró el monto exacto del perjuicio, ya que la víctima concilió con uno de los imputados, José Braulio Miranda Arteaga.
Hamlet Rafael de Paz Escobar, conocido como “La Romina” recobrará su libertad luego de confesar los delitos de daños a una patrulla policial y hurto de una gorra de un agente, en enero de 2025. Hasta hoy, Romina está detenida en el penal de Jucuapa.
La audiencia se desarrolló de forma virtual, debido a que el imputado permanece en prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por las autoridades.
De acuerdo con información judicial, el caso continúa en etapa de análisis, por lo que serán las instancias correspondientes las que determinen las responsabilidades del acusado conforme avance el procedimiento.
El aval a este tipo de proceso podría permitir una resolución más ágil del caso, siempre que se cumplan las condiciones legales requeridas, incluyendo la aceptación de los hechos por parte del imputado.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el avance específico del caso, aunque reiteraron que el proceso sigue activo.
Según el expediente fiscal, una patrulla de la PNC auxiliaba a una persona y habían dejado el vehículo estacionado; como a 15 metros aproximadamente estaba Romina, quien aprovechó que los agentes se alejaron para hurtar la gorra.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Romina el 23 de enero de 2025, cuando fue interceptada sobre el bulevar El Hipódromo, en el distrito de San Salvador.
Previo a su captura, la tiktoker subió un video en sus redes sociales donde aparentemente se encontraba a bordo de una patrulla policial, mostró una gorra de la PNC y activó la bocina del vehículo.
En agosto de 2024, la tiktoker fue acusada de robo y amenazas en contra de un conductor de aplicaciones.
