El gobierno de Francia analiza cómo responder a las críticas surgidas tras la desaparición de una niña de 11 años, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial y el tratamiento de denuncias previas por agresiones sexuales contra el principal sospechoso.

La menor, identificada como Lyhanna, desapareció el 29 de mayo en la localidad de Fleurance, en el suroeste del país. Según las investigaciones, la última vez que fue vista con vida fue cuando subía al vehículo de un hombre señalado posteriormente como principal sospechoso, quien es padre de una amiga de la niña.

Las autoridades informaron que, tras varios días de búsqueda, fue hallado un cadáver con características similares a las de la menor en un silo agrícola abandonado. Las diligencias continúan para confirmar formalmente la identidad del cuerpo y determinar las causas de la muerte.

El principal sospechoso, identificado como Jérôme B., había sido acusado previamente de secuestro y se encontraba encarcelado. De acuerdo con la fiscal local, el hombre acumulaba varias denuncias por presuntos delitos sexuales contra menores presentadas entre 2017 y 2025. Algunos de estos casos fueron archivados por falta de pruebas o por declaraciones de las denunciantes.

Ante la conmoción generada por el caso, el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció la existencia de posibles fallos y deficiencias que deberán ser esclarecidos. Asimismo, expresó su solidaridad con la familia de la menor.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, sostuvo una reunión con los ministros de Justicia e Interior para revisar los posibles errores judiciales y ordenó una investigación administrativa. Paralelamente, la gendarmería y las autoridades judiciales anunciaron revisiones de procedimientos relacionados con casos sensibles que involucran a menores.

El caso ha reavivado el debate en Francia sobre la atención que reciben las denuncias de violencia sexual contra menores. Según datos de la comisión independiente Civiise, una parte significativa de estas denuncias son archivadas sin llegar a una condena judicial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), agencia de salud pública de la Unión Africana, lanzaron un plan conjunto valorado en 518 millones de dólares para responder al brote de ébola que afecta a África central.

Las instituciones informaron que la estrategia se ejecutará entre junio y noviembre. El brote fue declarado el 15 de mayo en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), aunque se considera que la cepa Bundibugyo del virus del Ébola pudo haber estado propagándose de manera inadvertida antes de su detección.

De acuerdo con las cifras más recientes de la OMS, en la RDC se han confirmado 381 casos y 64 fallecimientos. El brote afecta a tres provincias del país, con epicentro en Ituri, donde se concentra el 90 % de los casos confirmados y el 76 % de las muertes, según los CDC de África.

En Uganda, país vecino de la RDC, se han confirmado 16 casos, incluida una muerte.

Durante una rueda de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que el plan contempla acciones de coordinación de emergencias, vigilancia epidemiológica, pruebas de laboratorio, prevención y control de infecciones, atención clínica y movilización comunitaria.

El funcionario indicó que la iniciativa tiene un plazo definido de junio a noviembre y cuenta con un presupuesto de 518 millones de dólares. Según los CDC de África, el actual brote de la cepa Bundibugyo supera en magnitud a los registrados en 2007 y 2012.

Autoridades de Estados Unidos informaron sobre el hallazgo de un túnel que conectaba la ciudad mexicana de Tijuana con un local comercial ubicado en el Puerto de Entrada Mesa de Otay, en San Diego, California, y que presuntamente era utilizado para el tráfico de drogas.

Según las autoridades, el paso subterráneo se extendía a lo largo de 590 metros, se encontraba a una profundidad de 16,8 metros y tenía una altura de hasta 1,4 metros. La estructura contaba con paredes reforzadas, sistemas de vías, ventilación y suministro eléctrico, además de un montacargas eléctrico que facilitaba el acceso.

La investigación fue desarrollada por agentes de Seguridad Nacional, quienes durante varios meses realizaron labores de vigilancia sobre personas vinculadas a la tienda Buy 4 Less, situada en el lado estadounidense de la frontera.

Durante un allanamiento al establecimiento, las autoridades encontraron más de una tonelada de cocaína que, según la investigación, había sido transportada a través del túnel. Las autoridades estiman que por esta vía se movilizó cocaína valorada en aproximadamente 45 millones de dólares.

Justin de la Torre, jefe de la Patrulla Fronteriza del sector de San Diego, señaló que las organizaciones criminales continúan buscando formas de explotar la frontera entre ambos países.

Como resultado de la investigación, cuatro personas fueron acusadas por su presunta relación con el tráfico de drogas. Entre ellas se encuentran dos residentes de San Diego y dos ciudadanos mexicanos.