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Sujeto se saltó la cuarentena y contagió de coronavirus a más de 20 personas. Ahora piden cárcel para él por violar decreto presidencial
Eric Luciano Torales Pereyra es un joven de 24 años que regresó el 13 de marzo de Estados Unidos y a los dos días fue a la fiesta de 15 de su prima en la ciudad de Moreno (Buenos Aires) donde supuestamente contagió de coronavirus a más de 20 personas.
Está acusado de tres delitos: propagar una enfermedad, violar el decreto presidencial de la cuarentena, y ahora, según pudo saber Infobae, se suma el de homicidio culposo: su propio abuelo de 78 años murió luego de haberse infectado en la fiesta.
Según consta en los registros de Migraciones, Torales viajó a los Estados Unidos el 25 de febrero y regresó el 13 de marzo en el vuelo AR1313 de Aerolíneas Argentinas. El día anterior se emitió un decreto que en su artículo 7 establecía que las personas que retornaban al país, debían permanecer obligatoriamente aisladas por 14 días. Torales no lo cumplió.
Dos días después de su llegada Buenos Aires, el 15 de marzo, el acusado abandonó su departamento en Palermo y fue al cumpleaños de 15 de su prima. A la fiesta asistieron casi 100 personas entre familiares, amigos de la agasajada, mozos y cocineros.
Posteriormente, el fiscal federal Santiago Marquevich confeccionó una serie de preguntas relacionadas a la actitud de Torales durante la fiesta y se las envío por correo electrónico a la mayoría de los asistentes del cumpleaños. Respondieron, hasta el momento, 13 personas que relataron cómo vieron a Eric.
Una de las amigas de la cumpleañera escribió en su respuesta que “no saludaba porque nos decía que había venido de viaje”. Otra de las chicas dijo haberlo visto mientras tosía. Quienes también respondieron el mail de la Justicia fueron la prima del padre de Eric y su esposo: “Lo vimos que saludaba con un gesto desde lejos pero además lo vimos bailando, celebrando y disfrutando de la fiesta”
Al día siguiente del evento, el 16 de marzo, exactamente a las 18:27, Eric Torales ingresó a la Clínica Adventista de Belgrano con síntoma compatibles con coronavirus. En su historia clínica que es parte de la causa del fiscal Marquevich se describe cómo se sentía: “Paciente de 24 años quien refiere viaje reciente (EE.UU.) con retorno el día viernes 13 de marzo consulta por tos seca asociado a registros febriles (38º) de aproximadamente 24 horas de evolución”.
Cinco días después de la internación, y tras haber sido aislado preventivamente en una habitación de la clínica, llegaron los resultados del Instituto Malbrán donde se confirmaba que Torales había dado positivo por COVID-19. El desastre ya estaba desatado y la noticia llegó rápidamente a oídos de los funcionarios de salud del municipio de Moreno que se contactaron con la mamá de la cumpleañera para corroborar si efectivamente el joven había asistido a la fiesta.
Tras recibir la confirmación de la mujer y de solicitar el listado de los invitados se puso en marcha el protocolo para aislar a todos los asistentes lo antes posible. A través de distintas comunicaciones telefónicas se constató que para ese momento ya había al menos cinco personas infectadas.
La intendente de Moreno, Mariel Fernández, realizó la denuncia en la Justicia federal y rápidamente se inició una causa por el delito de propagar una enfermedad y por desobedecer el DNU. El fiscal Marquevich pidió además la prisión domiciliaria que fue concedida por el juez y se hizo efectiva cuando el paciente abandonó la clínica y continuó con el tratamiento en su departamento porteño.
A medida que pasaban los días la salud del detenido iba mejorando, pero también se iban conociendo más y más casos de contagiados que habían asistido a la fiesta. Primero el discjockey, después la cumpleañera y hasta su madre.
El 24 de marzo, es decir 9 días después de la fiesta, ingresó a la Clínica Mariano Moreno, Luis María Suarez, el abuelo del propio Torales. El hombre de 78 años tenía síntomas de coronavirus. Así quedó registrado en la historia clínica a la que accedió Infobae: “Ingreso con fecha 24.03.20 por cuadros de picos febriles que se asoció a accesos de tos productiva y sensación de cansancio. El paciente ingresa en contexto de COVID-19 debido a familiar quien es COVID-19 positivo”. Unos días después llegaría la confirmación del Malbrán y el 1 de abril Suarez falleció a causa de una falla multiorgánica.
En el pedido de indagatoria, el fiscal Marquevich es categórico al marcar la imprudencia de Torales y relacionar su accionar directamente con la muerte de su abuelo materno: “Considero que el análisis global de las pruebas permite dar cuenta que Eric Torales sabía o se podía representar perfectamente que su actuación podría conducir la propagación del virus. El fatal desenlace verificado respecto de Luis María Suarez fue resultado y encuentra íntima vinculación con el comportamiento desplegado por Torales”.
Para la fiscalía, el acusado estaba al tanto de tres cuestiones centrales al momento de haber decidió asistir a la fiesta de cumpleaños de su prima:
1. Sabía que venía de una zona de riesgo y debía permanecer aislado
2. Estaba al tanto que podía ser un posible portador del virus
3. Conocía el poder de contagio del COVID-19
Para sustentar estas afirmaciones, el fiscal se apoya en las pruebas que se fueron recolectando: la declaración jurada firmada por Torales antes de bajar del avión, las imágenes de las cámaras de seguridad de Ezeiza donde se lo ve con barbijo, la amplia difusión que tuvo y tiene la pandemia en todos los medios del mundo y en las respuestas vía mail de los asistentes a la fiesta donde aseguran que saludaba de lejos.
En caso de que Eric Torales decida hablar y contestar preguntas en la indagatoria de mañana deberá decirle a la justicia, básicamente, por qué no se quedó en su casa los 14 días que establecía el decreto presidencial para las personas que regresaban de países de riesgo. También deberá explicar por qué pesar de que las recomendaciones y obligaciones eran claras tomó la decisión de poner en riesgo a tantas personas, lo que derivó en más de 20 contagiados y la muerte de su abuelo.
La imputación en su contra, por otra parte, abre otro precedente que podrá ser aprovechado por fiscales y jueces a nivel nacional. Por primera vez, una persona que según la Justicia contagió a otra de coronavirus sabiendo los riesgos y le causó la muerte es un potencial homicida, como si lo hubiese atropellado con su automóvil, la misma acusación.
Al menos 25 personas, en su mayoría niños y adolescentes, murieron la noche del sábado en un accidente de tráfico ocurrido durante una gira de estudiantes en la isla de Fogo, Cabo Verde, informaron las autoridades en un comunicado divulgado este domingo por la radio pública.
El autobús transportaba a 32 personas que regresaban a Sao Filipe después de una excursión cerca del volcán Pico do Fogo. Según funcionarios locales, el recorrido formaba parte de una actividad anual dirigida a los niños antes de su regreso a clases.
El accidente ocurrió en un archipiélago de África Occidental de aproximadamente 550,000 habitantes, ubicado en el océano Atlántico frente a las costas de Senegal. Las autoridades señalaron que los accidentes de gran magnitud son poco frecuentes en Cabo Verde y que, en general, el país cuenta con carreteras en buen estado.
Otras personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, informó José Canuto, representante de Protección Civil de la municipalidad de Sao Filipe.
De acuerdo con testigos, el accidente se produjo cuando uno de los neumáticos del autobús explotó. El vehículo derrapó y terminó cayendo en un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad, ubicado en un valle de difícil acceso.
El Ministerio de Defensa de Bolivia elevó a seis la cifra de personas fallecidas tras las dos explosiones registradas el viernes por la tarde en una unidad militar de la ciudad de Viacha, ubicada a 30 kilómetros al suroeste de La Paz y con una población superior a los 100,000 habitantes. La actualización se produjo luego de que los equipos de rescate localizaran tres nuevos cadáveres entre los escombros.
Según el Ministerio de Defensa, en el recinto militar se almacenaba material pirotécnico decomisado, granadas y explosivos con base de TNT. De las seis personas fallecidas, tres han sido identificadas y corresponden a soldados, mientras que las identidades de los otros tres cuerpos recuperados permanecen pendientes de confirmación.
“El número de personas fallecidas tras las explosiones registradas el viernes en instalaciones militares de Viacha se elevó a seis (…) Tres de las víctimas fueron identificadas (…) mientras que otras tres permanecen en proceso de identificación”, indicó el comunicado oficial.
La cartera de Defensa señaló que se mantiene la cifra de 11 personas desaparecidas mientras continúan las labores de búsqueda entre las estructuras destruidas. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que todavía existen sectores afectados, materiales que deben ser revisados por especialistas y estructuras comprometidas.
Familiares de los soldados permanecían en los alrededores del cuartel en busca de información sobre sus seres queridos. Mientras tanto, las causas de las explosiones continúan bajo investigación. La Fiscalía abrió una causa por “homicidio culposo” y otros delitos.
El expresidente Evo Morales, opositor del mandatario Rodrigo Paz, calificó lo ocurrido como un “crimen de guerra” y cuestionó la actuación del Gobierno. A través de la red social X, afirmó que lo sucedido debería motivar una demanda ante la Corte Penal Internacional y pidió que la Fiscalía actuara de oficio.
Morales también señaló que el incidente afectó a varias familias de soldados que cumplían con su deber de servir a Bolivia.
Las explosiones provocaron daños en decenas de viviendas de los alrededores. Entre las afectaciones se reportaron ventanas hechas añicos, techos removidos, piedras esparcidas y árboles derribados como consecuencia de las ondas expansivas. Además, las puertas de algunos establecimientos comerciales quedaron retorcidas por la fuerza de las detonaciones.
Las autoridades de Indonesia cerraron este domingo ocho aeropuertos, entre ellos el principal de Yakarta, luego de la erupción del volcán Anak Krakatoa, una situación que dejó varados a más de 150,000 pasajeros y afectó 467 vuelos, de los cuales 58 correspondían a rutas internacionales y 409 a vuelos nacionales, informó el Ministerio de Transportes.
La suspensión de operaciones en el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, en Yakarta, comenzó a la 01:30 de la madrugada del domingo y fue prorrogada en varias ocasiones. Durante la noche, las autoridades extendieron nuevamente el cierre hasta las 23:59 horas locales (16:59 GMT).
De acuerdo con el Ministerio de Transportes, los análisis realizados durante la jornada detectaron dispersión de cenizas volcánicas en la zona del aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, por lo que se ordenó el cierre de la terminal aérea.
El volcán Anak Krakatoa entró en erupción el sábado, expulsando lava y provocando explosiones que, según la agencia indonesia de vulcanología, pudieron escucharse hasta a 700 kilómetros de distancia. El organismo también informó que el domingo se registraron otras dos erupciones del volcán, ubicado en el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra.
Las cenizas volcánicas, consideradas peligrosas para los motores de los aviones, se dispersaron por el espacio aéreo de varios aeropuertos y alcanzaron también la ciudad de Bandar Lampung, en el extremo sur de Sumatra, donde cubrieron vehículos estacionados y los bordes de las carreteras.
Ante esta situación, las escuelas de Yakarta permanecerán cerradas el lunes y las clases serán impartidas a distancia. La administración de la capital anunció la medida mediante un comunicado, aunque no precisó durante cuánto tiempo permanecerá vigente.
El Anak Krakatoa registra actividad intermitente desde su aparición a comienzos del siglo XX, dentro de la caldera formada tras la erupción del Krakatoa en 1883.
Aquella erupción fue una de las catástrofes más mortíferas y destructivas de la historia, con un saldo estimado de 35,000 personas fallecidas.
