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¿Quién era Fernando Villavicencio, el candidato presidencial asesinado en Ecuador?
Ecuador se encuentra de luto por la noticia del asesinato del candidato a las elecciones, Fernando Villavicencio, este jueves 9 de agosto. Este periodista, sindicalista y activista político, nacido en el cantón Alausí, en una zona rural de Ecuador, perdió la vida en un acto de violencia mientras salía de un mitin político en la ciudad de Quito.
Villavicencio, quien a la edad de 13 años emigró junto a su familia a la capital, tenía un historial de valiente oposición a las mafias y una firme determinación para abordar los problemas que afectaban a su país. En estas elecciones, se presentaba por primera vez como candidato del izquierdista Partido «Movimiento Construye», planteaba un programa electoral centrado en combatir el desempleo y enfrentar abiertamente las prácticas corruptas.
Su nombre ya resonaba en los círculos políticos y en la Asamblea Nacional de Ecuador, donde se desempeñó como diputado entre 2021 y 2023. Durante su tiempo en la Asamblea, Villavicencio destacó por su compromiso en la lucha contra la corrupción, particularmente en el sector energético. Fue presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, liderando la elaboración de 24 informes que revelaron y denunciaron diversas irregularidades en compañías relacionadas con la industria petrolera e hidroeléctrica que mantenían contratos con el Estado.
El punto de quiebre en su relación con el entonces presidente Rafael Correa se dio en 2007, cuando formó parte de un panel de expertos petroleros que instaba a finalizar un contrato con la empresa Petrobras debido a los perjuicios económicos que ocasionaría al Estado. A pesar de las recomendaciones del panel, Correa ignoró las advertencias, lo que llevó a Villavicencio a denunciar la situación ante la fiscalía.
No fue la única vez que Villavicencio enfrentó al poder. En 2014, presentó denuncias por supuestos delitos de lesa humanidad que habrían ocurrido en 2010, relacionados con la incursión de las fuerzas militares en el Hospital de la Policía. Sin embargo, estas acusaciones fueron consideradas «maliciosas» por la Corte, lo que resultó en una condena de 18 meses de prisión por difamación para él y dos compañeros. Evitando la prisión, el trío buscó refugio en una comunidad indígena en la Amazonía ecuatoriana y luego obtuvieron asilo político en Perú.
Villavicencio había denunciado públicamente amenazas en su contra, incluido un mensaje que recibió de Fito, líder de la organización criminal «Los Choneros», conocida por su participación en el narcotráfico. En un escalofriante aviso el 1 de agosto, Villavicencio declaró que había sido amenazado por su denuncia contra este grupo criminal. A pesar de estas amenazas, su partido mantuvo su determinación de seguir adelante con la campaña electoral.
Cuatro astronautas despegarán para volver a dotar de personal la Estación Espacial Internacional (EEI) la próxima semana, informó la NASA el viernes, tras la evacuación médica de emergencia de la tripulación anterior.
La NASA anunció que la nueva misión, llamada Crew-12, despegará en el cohete Falcon 9 de SpaceX a primera hora del miércoles, con el lanzamiento «previsto para no antes de las 6H01 a.m.» hora local (11H01 GMT).
La confirmación aporta una pizca de certeza a la Crew-12, que había afrontado problemas de último minuto con el cohete y cambios de personal.
A principios de esta semana, SpaceX había dejado en tierra sus cohetes Falcon 9 mientras investigaba lo que la Administración Federal de Aviación (FAA) describió como una «falla de encendido del motor de la segunda etapa».
«El vehículo Falcon 9 está autorizado para volver a volar», dijo el viernes a la AFP un portavoz de la FAA.
La pausa temporal por parte de SpaceX generó preocupaciones de que el vuelo de la Crew-12 pudiera haberse retrasado.
La misión reemplazará a la Crew-11, que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, durante la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial.
Militares y agentes federales capturaron en el estado mexicano de Querétaro (centro) a 30 integrantes de una célula criminal ligada al poderoso cártel de Sinaloa, informó este viernes la secretaría de Seguridad Federal.
Los detenidos son 21 hombres y nueve mujeres señaladas de ser presuntos vendedores de drogas y extorsionadores de la banda criminal conocida como Los Salazar. Entre los capturados está uno de sus jefes, Diego «N», alias ‘El Flaco’ (por ley se reservan los apellidos).
Este grupo criminal es «afín al cártel de Sinaloa» y las capturas fueron resultado de cuatro meses de investigación, escribió en la red social X el secretario de seguridad mexicano Omar García Harfuch.
Un comunicado de la dependencia detalló que las capturas se realizaron en doce operativos en la ciudad de Querétaro, capital del estado del mismo nombre.
«Se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información», añadió el comunicado.
Estas detenciones se conocen luego de que el pasado jueves la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Querétaro para participar con autoridades locales en un evento público.
El gobierno mexicano ha multiplicado sus operativos contra el narcotráfico en medio de reclamos y amenazas de imponer aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.
Tras dos semanas de protestas indígenas, el gobierno de Brasil anunció este viernes la suspensión del dragado del río Tapajós, en la Amazonía, donde pueblos nativos rechazan la explotación fluvial para la exportación de granos.
Cientos de indígenas acamparon durante días frente a la terminal portuaria del gigante agroindustrial estadounidense Cargill, en el norte brasileño, para llamar la atención del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
«Frente a la movilización de pueblos indígenas y (…) como gesto de negociación», el gobierno suspendió el proceso de contratación de una empresa para las obras de dragado anual del Tapajós, en el estado de Pará, según una nota oficial.
Pueblos amazónicos alertan sobre la expansión portuaria en ríos que consideran vitales para su modo de vida, una queja que ya expresaron en la conferencia climática COP30 de la ONU en noviembre.
Piden la derogación de un decreto firmado por el izquierdista Lula en agosto pasado, que designa los principales ríos de la Amazonía como prioritarios para la navegación de carga y la expansión de puertos privados.
También reclamaban la cancelación de la licitación para dragar el Tapajós, un importante afluente del Amazonas.
Además de suspender ese proceso, el gobierno prometió este viernes una «consulta libre, previa e informada» a las comunidades locales antes de avanzar en obras.
«El gobierno está abriendo nuestros territorios a muchos proyectos (…) para impulsar el agronegocio», dijo esta semana a la AFP la líder indígena Auricelia Arapiuns, por video desde la protesta en la ciudad portuaria amazónica de Santarém.
Los manifestantes llegaron a impedir que los camiones «entren y salgan de la terminal», dijo Cargill en un comunicado enviado a la AFP.
La multinacional estadounidense cuenta con operaciones de logística agrícola en todo Brasil.
Los manifestantes bloquearon la carretera que conduce al aeropuerto internacional de Santarém, punto frecuentado por turistas.
«La infraestructura (para los ríos) que llega no es un espacio para nosotros, y nunca lo será», afirmó esta semana la líder indígena Alessandra Korap, del pueblo mundurukú.
Brasil es el mayor exportador mundial de soja y maíz y, en los últimos años, ha optado por puertos fluviales del norte para abaratar la exportación de granos.
La fiscalía general había señalado el martes «serios riesgos ambientales» para el río Tapajós.
