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¿Quién era Fernando Villavicencio, el candidato presidencial asesinado en Ecuador?
Ecuador se encuentra de luto por la noticia del asesinato del candidato a las elecciones, Fernando Villavicencio, este jueves 9 de agosto. Este periodista, sindicalista y activista político, nacido en el cantón Alausí, en una zona rural de Ecuador, perdió la vida en un acto de violencia mientras salía de un mitin político en la ciudad de Quito.
Villavicencio, quien a la edad de 13 años emigró junto a su familia a la capital, tenía un historial de valiente oposición a las mafias y una firme determinación para abordar los problemas que afectaban a su país. En estas elecciones, se presentaba por primera vez como candidato del izquierdista Partido «Movimiento Construye», planteaba un programa electoral centrado en combatir el desempleo y enfrentar abiertamente las prácticas corruptas.
Su nombre ya resonaba en los círculos políticos y en la Asamblea Nacional de Ecuador, donde se desempeñó como diputado entre 2021 y 2023. Durante su tiempo en la Asamblea, Villavicencio destacó por su compromiso en la lucha contra la corrupción, particularmente en el sector energético. Fue presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, liderando la elaboración de 24 informes que revelaron y denunciaron diversas irregularidades en compañías relacionadas con la industria petrolera e hidroeléctrica que mantenían contratos con el Estado.
El punto de quiebre en su relación con el entonces presidente Rafael Correa se dio en 2007, cuando formó parte de un panel de expertos petroleros que instaba a finalizar un contrato con la empresa Petrobras debido a los perjuicios económicos que ocasionaría al Estado. A pesar de las recomendaciones del panel, Correa ignoró las advertencias, lo que llevó a Villavicencio a denunciar la situación ante la fiscalía.
No fue la única vez que Villavicencio enfrentó al poder. En 2014, presentó denuncias por supuestos delitos de lesa humanidad que habrían ocurrido en 2010, relacionados con la incursión de las fuerzas militares en el Hospital de la Policía. Sin embargo, estas acusaciones fueron consideradas «maliciosas» por la Corte, lo que resultó en una condena de 18 meses de prisión por difamación para él y dos compañeros. Evitando la prisión, el trío buscó refugio en una comunidad indígena en la Amazonía ecuatoriana y luego obtuvieron asilo político en Perú.
Villavicencio había denunciado públicamente amenazas en su contra, incluido un mensaje que recibió de Fito, líder de la organización criminal «Los Choneros», conocida por su participación en el narcotráfico. En un escalofriante aviso el 1 de agosto, Villavicencio declaró que había sido amenazado por su denuncia contra este grupo criminal. A pesar de estas amenazas, su partido mantuvo su determinación de seguir adelante con la campaña electoral.
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
Internacionales
FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
