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Internacionales

¿Quién era Fernando Villavicencio, el candidato presidencial asesinado en Ecuador?

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Ecuador se encuentra de luto por la noticia del asesinato del candidato a las elecciones, Fernando Villavicencio, este jueves 9 de agosto. Este periodista, sindicalista y activista político, nacido en el cantón Alausí, en una zona rural de Ecuador, perdió la vida en un acto de violencia mientras salía de un mitin político en la ciudad de Quito.

Villavicencio, quien a la edad de 13 años emigró junto a su familia a la capital, tenía un historial de valiente oposición a las mafias y una firme determinación para abordar los problemas que afectaban a su país. En estas elecciones, se presentaba por primera vez como candidato del izquierdista Partido «Movimiento Construye», planteaba un programa electoral centrado en combatir el desempleo y enfrentar abiertamente las prácticas corruptas.

Su nombre ya resonaba en los círculos políticos y en la Asamblea Nacional de Ecuador, donde se desempeñó como diputado entre 2021 y 2023. Durante su tiempo en la Asamblea, Villavicencio destacó por su compromiso en la lucha contra la corrupción, particularmente en el sector energético. Fue presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, liderando la elaboración de 24 informes que revelaron y denunciaron diversas irregularidades en compañías relacionadas con la industria petrolera e hidroeléctrica que mantenían contratos con el Estado.

El punto de quiebre en su relación con el entonces presidente Rafael Correa se dio en 2007, cuando formó parte de un panel de expertos petroleros que instaba a finalizar un contrato con la empresa Petrobras debido a los perjuicios económicos que ocasionaría al Estado. A pesar de las recomendaciones del panel, Correa ignoró las advertencias, lo que llevó a Villavicencio a denunciar la situación ante la fiscalía.

No fue la única vez que Villavicencio enfrentó al poder. En 2014, presentó denuncias por supuestos delitos de lesa humanidad que habrían ocurrido en 2010, relacionados con la incursión de las fuerzas militares en el Hospital de la Policía. Sin embargo, estas acusaciones fueron consideradas «maliciosas» por la Corte, lo que resultó en una condena de 18 meses de prisión por difamación para él y dos compañeros. Evitando la prisión, el trío buscó refugio en una comunidad indígena en la Amazonía ecuatoriana y luego obtuvieron asilo político en Perú.

Villavicencio había denunciado públicamente amenazas en su contra, incluido un mensaje que recibió de Fito, líder de la organización criminal «Los Choneros», conocida por su participación en el narcotráfico. En un escalofriante aviso el 1 de agosto, Villavicencio declaró que había sido amenazado por su denuncia contra este grupo criminal. A pesar de estas amenazas, su partido mantuvo su determinación de seguir adelante con la campaña electoral.

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Fiscalía de Milán pide cadena perpetua para salvadoreño acusado de feminicidio de Jhoanna Nataly Quintanilla

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La Fiscalía de Milán solicitó este 20 de octubre la pena de cadena perpetua (ergastolo) para el salvadoreño Pablo González Rivas, de 50 años, acusado del feminicidio de su compañera, la salvadoreña Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, de 40 años.

Según la acusación, González Rivas habría asfixiado a Nataly la noche del 24 al 25 de enero de 2025, en el apartamento que compartían en la piazza dei Daini, zona Bicocca, en Milán. Posteriormente habría colocado el cuerpo en una maleta deportiva y lo arrojó al río Adda, donde fue hallado en marzo de 2025 en Zelo Buon Persico.

La fiscal Alessia Menegazzo pidió el ergastolo por homicidio voluntario agravado y ocultamiento de cadáver ante la Corte de Asís de Milán.

El caso conmocionó a la comunidad salvadoreña en Italia. La víctima era originaria de El Salvador y trabajaba como niñera. Su pareja confesó el crimen alegando un «juego erótico» que terminó mal, versión que la autopsia y la fiscalía desmintieron.

La familia de Nataly, su tía y su prima, viajaron desde El Salvador para constituirse como parte civil y exigen justicia.

Se espera que el tribunal de Milán dicte sentencia en los próximos días.

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Guatemalteco recibe 30 años de cárcel por su papel en la tragedia de 53 migrantes en Texas

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Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a 30 años de prisión al guatemalteco Rigoberto Ramón Miranda Orozco por su participación en la operación de tráfico de migrantes que terminó con 53 muertos en San Antonio, Texas, en junio de 2022. La sentencia fue dictada este martes 20 de octubre por el juez Orlando García.

Miranda Orozco admitió haber organizado el viaje y alojamiento de tres personas que terminaron en el camión: dos fallecieron y una sufrió lesiones graves. Fue detenido en Guatemala en 2024 y extraditado a Estados Unidos en 2025. Posteriormente se declaró culpable de cargos relacionados con el ingreso irregular de migrantes con resultado de muerte y lesiones.

La tragedia ocurrió el 27 de junio de 2022, cuando un remolque con migrantes fue abandonado en una carretera de San Antonio. Según las autoridades, el sistema de aire acondicionado falló durante el recorrido desde Laredo. Dentro del vehículo murieron 48 personas y otras cinco fallecieron después en hospitales. Los traficantes cobraban hasta 15,000 dólares por persona para realizar el traslado.

El proceso también ha derivado en condenas contra otros integrantes de la red. Felipe Orduna Torres, identificado por los fiscales como uno de sus líderes en Estados Unidos, recibió prisión perpetua, mientras Armando González Ortega fue sentenciado a 83 años. Otros involucrados, incluido el conductor del camión, permanecían pendientes de sentencia, de acuerdo con los reportes consultados.

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Ébola en RD del Congo: más de 9,400 casos y 4,500 muertes mientras el brote se extiende

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La República Democrática del Congo acumulaba 9,415 casos de ébola y 4,536 fallecimientos al 16 de octubre, según el balance recogido por Reuters. Las cifras actualizan los más de 9,000 casos y 4,300 decesos mencionados en reportes anteriores y reflejan la gravedad del brote detectado en mayo de 2026.

La epidemia se extendió a una octava provincia, Ubangi del Norte, donde el Instituto Nacional de Investigación Biomédica confirmó dos casos, uno de ellos mortal. Su ubicación fronteriza con la República Centroafricana añade dificultades a la vigilancia sanitaria. Ituri continúa como el principal foco de transmisión dentro del territorio congoleño.

El brote es causado por el virus Bundibugyo, para el que no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La transmisión ocurre mediante contacto directo con sangre u otros fluidos corporales de personas infectadas, así como con materiales contaminados. La atención temprana y los cuidados de soporte pueden mejorar las posibilidades de supervivencia.

La respuesta sanitaria enfrenta dificultades para detectar rápidamente a los pacientes y dar seguimiento a sus contactos. La OMS advierte que las muertes fuera de los centros de tratamiento reflejan retrasos en el acceso a la atención. El control del brote requiere aislamiento y cuidado de los enfermos, protección del personal sanitario, entierros seguros y colaboración con las comunidades.

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