Internacionales
Obispo de Nicaragua continúa retenido junto a otros curas
Foto: Cortesía
El obispo de Matagalpa, en Nicaragua, Rolando José Álvarez Lagos, cumple su quinto día bajo arresto domiciliario en la curia ubicada en el norte del país por órdenes de la policía. El religioso es investigado por supuestamente intentar «organizar grupos violentos… alterando la paz y armonía en la comunidad, con el propósito de desestabilizar el estado de Nicaragua y atacar a las autoridades», según un comunicado difundido por la Policía.
El obispo se encuentra retenido junto a otros seis sacerdotes y seis religiosos, entre laicos y seminaristas.
Tras las acusaciones, la policía del régimen de Daniel Ortega anunció que ya «inició un proceso de investigación, con la finalidad de determinar la responsabilidad penal de las personas involucradas, de los que se ha informado al Ministerio Público y al poder judicial. Las personas investigadas se mantendrán en sus casas», se detalla en el texto publicado el 5 de agosto.
Exiliados nicaragüenses en Miami, Estados Unidos y San José, Costa Rica, mostraron su respaldo al obispo a través de manifestaciones desde el exterior.
«Somos una iglesia que está sufriendo y estamos en comunión con él. Al papa Francisco le queremos decir que por favor ponga su mirada sobre Nicaragua», llamó el nicaragüense Gabriel Putoy.
Obispos de la Iglesia católica de América Latina reaccionaron al asedio de las autoridades sobre su par de la diócesis de Matagalpa en Nicaragua, mientras que el papa Francisco se abstuvo de mencionar el tema en su homilía del domingo.
«Los últimos acontecimientos, como el asedio a sacerdotes y obispos, la expulsión de miembros de comunidades religiosas, la profanación de templos y el cierre de radios, nos duelen profundamente», deploró el obispo peruano Miguel Cabrejos, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM).
Los prelados de CELAM invitaron a los católicos de Latinoamérica a unirse en oración por la Iglesia en Nicaragua.
Internacionales
Senado de Estados Unidos aprueba 70,000 millones de dólares para la ofensiva migratoria de Trump
El Senado de Estados Unidos aprobó una asignación de 70.000 millones de dólares destinada a financiar la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, tras una extensa jornada de votaciones sobre diversas enmiendas que pusieron de manifiesto diferencias dentro del Partido Republicano.
La iniciativa contempla recursos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato presidencial. Con esta aprobación, el proyecto avanza a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén discutirlo en los próximos días antes de enviarlo al mandatario para su eventual sanción.
La votación se produjo después del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registrado a principios de año, cuando los demócratas rechazaron respaldar nuevos fondos para la aplicación de las leyes migratorias sin restricciones específicas. Entre los puntos cuestionados se encontraban las redadas y el uso de máscaras por parte de agentes migratorios.
Ante la falta de consenso con la oposición, los republicanos recurrieron al mecanismo de reconciliación presupuestaria, que permite aprobar determinadas medidas con mayoría simple siempre que mantengan el respaldo de sus propios legisladores.
Durante el debate también surgieron discrepancias internas sobre otras iniciativas vinculadas a las prioridades de Trump, entre ellas un fondo destinado a compensar a personas que afirman haber sido perseguidas políticamente por administraciones anteriores. Algunos senadores expresaron preocupación por el impacto político de estas propuestas y buscaron limitar o eliminar ciertos componentes del paquete.
Los demócratas, por su parte, intentaron redirigir parte de los recursos hacia programas de vivienda y otras áreas sociales, argumentando que la prioridad debería centrarse en asuntos relacionados con el costo de vida y la inflación.
El gobierno de Francia analiza cómo responder a las críticas surgidas tras la desaparición de una niña de 11 años, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial y el tratamiento de denuncias previas por agresiones sexuales contra el principal sospechoso.
La menor, identificada como Lyhanna, desapareció el 29 de mayo en la localidad de Fleurance, en el suroeste del país. Según las investigaciones, la última vez que fue vista con vida fue cuando subía al vehículo de un hombre señalado posteriormente como principal sospechoso, quien es padre de una amiga de la niña.
Las autoridades informaron que, tras varios días de búsqueda, fue hallado un cadáver con características similares a las de la menor en un silo agrícola abandonado. Las diligencias continúan para confirmar formalmente la identidad del cuerpo y determinar las causas de la muerte.
El principal sospechoso, identificado como Jérôme B., había sido acusado previamente de secuestro y se encontraba encarcelado. De acuerdo con la fiscal local, el hombre acumulaba varias denuncias por presuntos delitos sexuales contra menores presentadas entre 2017 y 2025. Algunos de estos casos fueron archivados por falta de pruebas o por declaraciones de las denunciantes.
Ante la conmoción generada por el caso, el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció la existencia de posibles fallos y deficiencias que deberán ser esclarecidos. Asimismo, expresó su solidaridad con la familia de la menor.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, sostuvo una reunión con los ministros de Justicia e Interior para revisar los posibles errores judiciales y ordenó una investigación administrativa. Paralelamente, la gendarmería y las autoridades judiciales anunciaron revisiones de procedimientos relacionados con casos sensibles que involucran a menores.
El caso ha reavivado el debate en Francia sobre la atención que reciben las denuncias de violencia sexual contra menores. Según datos de la comisión independiente Civiise, una parte significativa de estas denuncias son archivadas sin llegar a una condena judicial.
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La OMS y agencia de salud africana lanzan plan de $518 millones para combatir brote de ébola
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), agencia de salud pública de la Unión Africana, lanzaron un plan conjunto valorado en 518 millones de dólares para responder al brote de ébola que afecta a África central.
Las instituciones informaron que la estrategia se ejecutará entre junio y noviembre. El brote fue declarado el 15 de mayo en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), aunque se considera que la cepa Bundibugyo del virus del Ébola pudo haber estado propagándose de manera inadvertida antes de su detección.
De acuerdo con las cifras más recientes de la OMS, en la RDC se han confirmado 381 casos y 64 fallecimientos. El brote afecta a tres provincias del país, con epicentro en Ituri, donde se concentra el 90 % de los casos confirmados y el 76 % de las muertes, según los CDC de África.
En Uganda, país vecino de la RDC, se han confirmado 16 casos, incluida una muerte.
Durante una rueda de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que el plan contempla acciones de coordinación de emergencias, vigilancia epidemiológica, pruebas de laboratorio, prevención y control de infecciones, atención clínica y movilización comunitaria.
El funcionario indicó que la iniciativa tiene un plazo definido de junio a noviembre y cuenta con un presupuesto de 518 millones de dólares. Según los CDC de África, el actual brote de la cepa Bundibugyo supera en magnitud a los registrados en 2007 y 2012.
