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Netflix comienza a cobrar una tarifa extra por compartir la contraseña con otras casas
Foto: Archivo
Hace cuatro meses, Netflix comenzó a tomar medidas enérgicas para evitar el intercambio de contraseñas al implementar una tarifa de ‘miembro adicional’ para los usuarios que comparten cuentas con personas con las que no viven.
La tarifa de miembro adicional, que es de alrededor de $2 a $3 dólares por mes, ya se implementó en Chile, Costa Rica y Perú, y Netflix dijo que evaluaría el nuevo cobro antes de realizar cambios en otros países.
Esta semana Netflix anunció una nueva tarifa que se cobrará a los clientes que comparten cuentas. El cobro se hace a clientes por viviendas extra y se implementará a partir del 22 de agosto en Argentina, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Honduras.
“A partir del 22 de agosto de 2022, si tu cuenta de Netflix se usa en un televisor fuera de tu hogar, deberás pagar $2.99 dólares adicionales por mes por cada hogar adicional. Solo se te cobrará cuando tú o alguien que usa tu cuenta elige agregar una casa adicional. Esta tarifa NO se cobrará automáticamente”, dice Netflix en su página de precios de Honduras, de acuerdo con el portal Ars Technica.
La tarifa por cada hogar extra también es de $2.99 al mes en República Dominicana, El Salvador y Guatemala. En Argentina, la tarifa es de $219 pesos argentinos al mes (alrededor de $1,70 dólares).
Para el lanzamiento mundial de la tarifa, Netflix no ha dicho si se estandarizará en una sola tarifa, ofrecerá a los usuarios la posibilidad de elegir entre tarifas adicionales para el hogar y para miembros adicionales, o si creará alguna otra opción.
Netflix tiene como objetivo ser lo más cuidadoso posible sobre cómo cobrará por el uso en varios hogares y no hará cambios en otros países hasta que comprendan mejor qué es lo más fácil para sus clientes, según dijo la compañía.
Netflix también planea crear una suscripción con publicidad, además de los planes actuales sin publicidad que ofrece. Esto, con el fin de tener mayores ingresos.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
