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Netflix comienza a cobrar una tarifa extra por compartir la contraseña con otras casas
Foto: Archivo
Hace cuatro meses, Netflix comenzó a tomar medidas enérgicas para evitar el intercambio de contraseñas al implementar una tarifa de ‘miembro adicional’ para los usuarios que comparten cuentas con personas con las que no viven.
La tarifa de miembro adicional, que es de alrededor de $2 a $3 dólares por mes, ya se implementó en Chile, Costa Rica y Perú, y Netflix dijo que evaluaría el nuevo cobro antes de realizar cambios en otros países.
Esta semana Netflix anunció una nueva tarifa que se cobrará a los clientes que comparten cuentas. El cobro se hace a clientes por viviendas extra y se implementará a partir del 22 de agosto en Argentina, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Honduras.
“A partir del 22 de agosto de 2022, si tu cuenta de Netflix se usa en un televisor fuera de tu hogar, deberás pagar $2.99 dólares adicionales por mes por cada hogar adicional. Solo se te cobrará cuando tú o alguien que usa tu cuenta elige agregar una casa adicional. Esta tarifa NO se cobrará automáticamente”, dice Netflix en su página de precios de Honduras, de acuerdo con el portal Ars Technica.
La tarifa por cada hogar extra también es de $2.99 al mes en República Dominicana, El Salvador y Guatemala. En Argentina, la tarifa es de $219 pesos argentinos al mes (alrededor de $1,70 dólares).
Para el lanzamiento mundial de la tarifa, Netflix no ha dicho si se estandarizará en una sola tarifa, ofrecerá a los usuarios la posibilidad de elegir entre tarifas adicionales para el hogar y para miembros adicionales, o si creará alguna otra opción.
Netflix tiene como objetivo ser lo más cuidadoso posible sobre cómo cobrará por el uso en varios hogares y no hará cambios en otros países hasta que comprendan mejor qué es lo más fácil para sus clientes, según dijo la compañía.
Netflix también planea crear una suscripción con publicidad, además de los planes actuales sin publicidad que ofrece. Esto, con el fin de tener mayores ingresos.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
