Judicial
30 años cárcel para pandillero que portaba ilegalmente arma de fuego
Una condena de 30 años en prisión deberá cumplir José Alejandro Rodríguez, integrante de una estructura criminal y contra quien se comprobó en juicio que es culpable por los delitos de Agrupaciones Ilícitas y Tenencia, Portación o Conducción Ilegal o Irresponsable de Armas de Fuego.
La Fiscalía General de la República (FGR) demostró que el 5 de abril del año 2022, el terrorista transitaba por la comunidad Los Próceres, sobre la Avenida Lincoln en Mejicanos y al notar la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se dio a la fuga. Tras una persecución, los policías lo alcanzaron y al ser intervenido, descubrieron que portaba ilegalmente un arma de fuego, por lo que fue capturado de forma inmediata.
Durante la vista pública -juicio- en el Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador, la Fiscalía presentó toda la prueba recopilada y con la que demostró que en esa fecha llevaba una pistola calibre 40 S&W, y que es miembro activo de la pandilla 18 Revolucionarios, Tribu Zacamil, Cancha TWLS.
Por ello, fue declarado culpable y el respectivo juez le impuso una condena de prisión de 20 años por agrupaciones y le sumó 10 por la portación del arma, con lo que suman los 30 años que deberá purgar en una celda.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
