Nacionales
Rodolfo Delgado: “En gobiernos del FMLN dinero del Estado pasó a cuentas de personas vinculadas a Funes y Sánchez Cerén”
En el aviso presentado por la presidenta del Banco Hipotecario, Celina Padilla, ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos malversación de fondos públicos y peculado, es para que el Ministerio Público abra un proceso penal, contra las personas que fraguaron el desvío de fondos de más de $438 millones en los dos gobiernos del FMLN, dijo el abogado de esa institución bancaria, Rodolfo Delgado.
Según el exfiscal, en los gobiernos de Mauricio Funes y de Salvador Sánchez Cerén, abrieron varias cuentas a nombre de personas naturales, pero había depósitos y retiros sospechosos. “Para tener una idea, Solo en la primera administración del FMLN se malversó $379.5 millones y en el segundo periodo se sustrajo $58.7 millones”, explicó en la entrevista A Primera Hora de radio 102.9 F.M.
«El caso es que fondos públicos pasaron a cuentas de personas que tenían vínculos con Casa Presidencial, sobre todo en los gobiernos del FMLN”, expresó el profesional en derecho.
Delgado, aseguró que el aviso presentado en la FGR busca la acción penal contra las personas que se aprovecharon del erario público, desde los exfuncionarios hasta empleados de la bancaria estatal. Algunos de los señalados ya están siendo procesados por el sistema judicial y otros como el expresidente Mauricio Funes son prófugos de la justicia.
Sobre las declaraciones del subjefe de fracción del FMLN, Jorge Schafik Hándal que afirmó que este caso es una cortina de humo, Rodolfo Delgado confirmó tener pruebas que desvirtúan los señalamientos y expresó, que la institución que determinará si hay un hecho criminal es a la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con el abogado externo del Banco Hipotecario, el modo de operar para que nadie se diera cuenta del desvió de fondos públicos era ocultando los nombres de los dueños de las cuentas.
Economia
Comisión de Hacienda emite dictamen favorable a nueva amnistía fiscal vigente hasta el 11 de diciembre de 2026
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a la Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca facilitar a los contribuyentes el pago de impuestos y multas adeudadas, con vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026.
El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, explicó que la medida pretende dar oportunidades a quienes cumplen con sus pagos, pero que por alguna razón no han podido solventar sus compromisos con el fisco. “El Estado tiene claro que la economía no se incrementa por multas o intereses, sino que el impacto mayor corresponde a los impuestos propios”, afirmó. La amnistía permitirá regularizar deudas ante Impuestos Internos, Aduanas y el Tribunal de Apelaciones sin pagar intereses, recargos ni multas por mora, aunque los impuestos originales sí deberán cancelarse.
El beneficio también alcanzará a personas con procesos en la Fiscalía General de la República, cobros judiciales y recargos sobre multas de tránsito o de otras instituciones públicas (excepto municipalidades). Los contribuyentes podrán optar por un plan de pagos con una primera cuota del 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales sucesivas. En caso de incumplimiento, se perderán los beneficios y se reactivarán los recargos originales.
La última amnistía, aprobada el 15 de octubre de 2025, benefició a 56,195 contribuyentes. De la recaudación obtenida, el 71 % correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes. La iniciativa aún debe ser aprobada por el pleno legislativo para convertirse en ley.
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.

Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.


Judicial
Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.
Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.
Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.






