El expresidente de la República Alfredo Cristiani y el diputado democristiano Rodolfo Parker podrían ser llamados a juicio en España si la justicia de ese país los requiere por ser involucrados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras el 16 de noviembre de 1989, asegura el abogado Henry Campos.

Los nombres de Cristiani y de Parker saltaron en el juicio que en España se sigue contra el coronel Inocente Orlando Montano, único militar salvadoreño que está en el banquillo de los acusados por el crimen de los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Amando López, del cura salvadoreño Joaquín López y López, como también de Elba Ramos y su hija Celina Ramos, de 16 años de edad.

En entrevista de Radio YSUCA 91.7, el profesional en derecho se refirió a que Cristiani y Parker podrían ser requeridos por la Fiscalía española ya que han sido señalados como responsables directos en algunos de los hechos que sucedieron antes y después del asesinato de los sacerdotes y sus dos colaboradoras.

En ese sentido, Campos explicó que por lo que se ha conocido en el juicio contra Inocente Montano, “Alfredo Cristiani ha tenido alguna responsabilidad por haber sido el comandante general de la Fuerza Armada y que por ello la justicia de España le puede instalar una audiencia en su contra”.

En el juicio ha desfilado suficiente información de testigos que también involucran como responsables directos a los militares René Emilio Ponce, Carlos Humberto Larios y Juan Orlando Zepeda, quienes también son señalados como violadores de los derechos humanos en la época del conflicto armado.

Henry Campos manifestó que el general y actual diputado del partido ARENA Mauricio Ernesto Vargas, ha declarado a favor de la parte interesada porque perteneció al Ejército y busca encubrir a sus compañeros de armas, de las actuaciones que realizó La Tandona y en particular, las acciones que cometió el coronel Inocente Orlando Montano, que de resultar culpable puede recibir una condena de 150 años de cárcel.

En esa misma línea, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), José María Tojeira, recalcó que las declaraciones del general Vargas no coinciden con las declaraciones de los testigos, y está a favor de los acusados

“Por todos es conocido que un buen número de La Tandona eran violadores de derechos humanos. Los responsables fueron los del alto mando de la Fuerza Armada y el proceso contra el coronel Montano por la masacre de la UCA es un estímulo para lograr justicia por ese caso”, sentenció Tojeira.

También manifestó, que es necesario que exista una Ley de Justicia Transicional que implique la persecución del delito, la verdad de los hechos y finalmente una condena contra los implicados.

Sin embargo, detalló que los gobiernos les temen a los militares y que por ese motivo no se abren los archivos, aunque reconoce que hoy día hay un menor abuso de los militares en comparación de los cometidos en el pasado.

Concluyó diciendo que un paso fundamental dentro de la Fuerza Armada sería que un civil estuviera al frente del Ministerio de Defensa.