Nacionales
$58,000 en telefonía e internet se gastó Mario Ponce, 49 días antes de concluir su gestión en la A.L.
Cuarenta y nueve días antes de concluir su gestión como presidente de la anterior Asamblea Legislativa, Mario Ponce, del PCN, gastó $58,860.66 en cinco contratos que suscribió en marzo de 2021 para el suministro del servicio de cable, telefonía e internet dedicado a ese órgano del Estado.
Ponce suscribió los contratos después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer públicamente los resultados de los comicios del 28 de febrero de 2021, sabiendo que quedaba fuera como diputado propietario del PCN por la circunscripción de Cuscatlán.
La gestión presidencial de Ponce —puesto que ocupó gracias a la venia de ARENA y del FMLN— concluyó el 30 de abril de 2021, pero los contratos los suscribió para un plazo de nueve meses, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
Es decir, el exlegislador dejó comprometidos fondos que serían ejecutados por la nueva presidencia y la nueva junta directiva de la Asamblea Legislativa que asumió funciones el 1.° de mayo del año pasado.
Los cinco contratos suscritos por Ponce fueron con la modalidad de libre gestión. La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) define en el artículo 40, literal b, que podrá utilizarse la figura de libre gestión «cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a 160 salarios mínimos mensuales para el sector comercio»; sin embargo, «debe dejarse constancia de haberse generado competencia» para la prestación del servicio y el contratante; en este caso, la Asamblea Legislativa debe haber «solicitado al menos tres cotizaciones».
El primero de los cinco contratos fue suscrito el 12 de marzo de 2021 con la empresa Escucha Panamá, S. A., sucursal El Salvador, por un monto de $18,000. La empresa se comprometió a suministrar el servicio de telefonía fija en las oficinas del Palacio Legislativo —en el Centro de Gobierno—, en las 13 oficinas departamentales y en el Centro Cívico Cultural Legislativo, conocido como Villa Dueñas.
El contrato explica que el servicio únicamente consistía en permitir «el tráfico de llamadas sin costo» y «sin límite de tiempo» entre teléfonos fijo y fijo, fijo y móvil, móvil y fijo, y móvil y móvil, pero se debía pagar además una cuota mensual fija por el servicio telefónico. Todas las llamadas que no estuvieran incluidas en estas cuatro modalidades y se hicieran hacia un número de una compañía telefónica distinta de la que prestaba el servicio generaría «un costo adicional para la institución contratante», es decir, la Asamblea.
Según la cláusula séptima del contrato —que fue hecho por libre gestión con el código LG-31/2021—, la empresa se comprometía a brindar el servicio a partir del 14 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2021.
El 22 de marzo del año pasado, Ponce suscribió el segundo contrato también con la empresa Escucha Panamá, S. A., sucursal El Salvador, esta vez por un monto de $13,221. La empresa se comprometió a proporcionar el «servicio de enlace de datos» para «interconectar a nivel de red informática las oficinas del Palacio Legislativo con las oficinas departamentales de la Asamblea Legislativa».
El plazo y la vigencia del contrato —por libre gestión con el código LG26/2021— comenzó el 1.º de abril y finalizó el 31 de diciembre de 2021, refleja la copia del documento publicada en el Portal de Transparencia de la Asamblea Legislativa.
Por: DES.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a 52 años de prisión a Diego Alejandro Romero de Paz, alias Little Happy, por los delitos de privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
De acuerdo con la resolución judicial, alias Little Happy tenía el rango de segundo palabrero dentro de la hengla Tiny Locos Sureños de la pandilla 18 Sureños, que operaba en la urbanización Jardines de Sel Sutt.
La juzgadora estableció que alias Little Happy participó en la privación de libertad de una menor de edad, a quien obligaban a sostener una relación sentimental con un pandillero que se encontraba detenido. Asimismo, amenazó de muerte a dos personas para que no denunciaran la desaparición de la víctima, por lo que ambas huyeron de sus hogares.
Junto a él, también fueron condenados José Dimas Romero Torres, alias Dimas, y José Alberto Martínez García, alias Chepe, a diez años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, mientras que Hugo Adonay Miranda Romero, alias Black, fue condenado a ocho años de prisión por el mismo delito.
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de tres hombres señalados de participar en una pelea callejera ocurrida en el barrio El Centro, en Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según el reporte policial, los involucrados atacaron a puños y patadas a otro hombre luego de una discusión mientras consumían bebidas alcohólicas.
Los detenidos fueron identificados como Erick Joseph Gamero Santos, Orlando de Jesús Miranda y José Raúl Ventura Carranza.
Las autoridades indicaron que la víctima sufrió lesiones leves. Asimismo, informaron que los capturados serán remitidos por los delitos de lesiones y desórdenes públicos.
