Internacionales
Amenazas de atentados sacuden la calma de Uruguay
Una ola de amenazas de atentados a sitios de aglomeración pública mantiene en vilo a Uruguay, donde desde hace más de una semana múltiples advertencias provocaron una seguidilla de evacuaciones en la capital y otras ciudades.
Los casos, que siguen bajo investigación y por los que hay ya tres personas judicializadas, resultaron ser falsas alarmas, pero han generado inquietud en este país de 3,5 millones de habitantes, considerado uno de los más pacíficos de Latinoamérica.
Nicolás Corbo dijo a la AFP que no tiene ganas de volver al Mercado Agrícola de Montevideo después de ser desalojado el domingo al mediodía.
«Estás tranquilo haciendo las compras y tenés que salir corriendo, no sabés qué va a pasar, suenan pitidos de alerta, es una situación fea», comentó este médico de 28 años, que abandonó el lugar junto con muchos turistas perplejos tras el aviso de una supuesta bomba.
La policía informó que unas 20 llamadas telefónicas y al menos cinco correos electrónicos amenazantes dirigidos contra más de una docena de instituciones públicas y privadas están bajo estudio desde el 22 de marzo.
Dos personas fueron imputadas por simulación de delito y violencia privada: una mujer de 28 años por amenazas a un centro comercial, y un joven de 20 por amenazas a centros educativos.
Ambos cumplen prisión domiciliaria con tobillera electrónica, ella por 45 días y él por 120, como medida cautelar mientras avanzan las pesquisas.
Aparte, un hombre de 32 años que se desempeñaba como guardia de seguridad en el Montevideo Shopping Center fue condenado a seis meses de prisión por las amenazas a ese complejo y a dos hospitales. Cumplirá su pena en régimen de libertad a prueba y trabajo comunitario.
Insólitamente, había dado una entrevista por los desalojos al centro comercial. «Dijeron que había una amenaza y evacuamos», declaró a Canal 12 el 23 de marzo.
Los tres detenidos no son las únicas personas involucradas, advirtió el ministro del Interior, Carlos Negro, quien prometió llevar «a todas y cada una» a la justicia y cobrarles las multas estipuladas por la ley, que pueden alcanzar los 182.000 pesos (unos 4.300 dólares).
«Una broma»
La policía también investiga la amenaza de una «masacre» que recibió la estatal Universidad de la República (Udelar) el miércoles pasado, cuyo autor dijo pertenecer al grupo 764, una red online vinculada a amenazas violentas en Estados Unidos y España.
Un correo electrónico «similar» al dirigido a la Udelar llegó el lunes a la Universidad Católica del Uruguay (UCU).
La UCU se limitó a comunicar que «un mensaje con una amenaza» había provocado el desalojo y la suspensión de las clases en sus campus en Montevideo, Salto y Punta del Este. Más tarde indicó que la actividad se había reiniciado «con normalidad» en la tarde.
«Lo tomás con risas hasta que empieza a sonar la alarma y te empezás a asustar un poco», dijo a la AFP Francisco Ameigenda, uno de los evacuados.
«Uno termina dudando hasta qué puento termina siendo verdad o mentira, si están probando qué tan bien actúa la policía o es gente que se quiere sacar de encima los exámenes», añadió este estudiante de 23 años.
Un centenar de llamados por artefactos explosivos, casi todos correspondientes a centros educativos, fueron registrados en 2024 en Uruguay, de los cuales la enorme mayoría fueron falsa alarma, según datos oficiales.
Quizás por eso Lorena Garín, una psiquiatra de 43 años, no percibió nerviosismo en el Montevideo Shopping Center el 22 de marzo, cuando estaba en un probador con su hija de 13 años y llamaron a evacuar.
«Me pareció que era una broma», contó a la AFP. «Después tomé conciencia, pero en el momento estaba muy tranquila».
Cuatro jóvenes fueron encontrados sin vida durante el fin de semana en diferentes colonias de La Ceiba, en la zona atlántica de Honduras, informaron medios locales.
Las víctimas fueron identificadas como Diego Jassir Canelas Solís, de 20 años; Dylan Mateo Canelas Solís, de 14 años; Daniel Enrique Antúnez Canelas, de 15 años; y Kelvin Magdiel Canelas, cuya edad no fue precisada.
De acuerdo con la información preliminar, los cuerpos fueron hallados atados de manos y pies en dos sectores de la ciudad y presentaban múltiples impactos de bala.
El medio La Prensa informó que dos de las víctimas fueron encontradas el sábado en una calle de la colonia San José, mientras que las otras dos fueron localizadas el domingo por la mañana en la colonia Canelas.
Los primeros en ser encontrados fueron Diego Jassir Canelas Solís y Daniel Enrique Antúnez Canelas, quienes, según información preliminar, eran primos. El diario El Heraldo indicó que vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar los cuerpos tendidos en una calle cercana a una tienda concurrida de la zona.
El mismo medio señaló que, de acuerdo con la información disponible, los jóvenes habrían sido privados de libertad desde el viernes junto con otras dos personas. Además, versiones citadas por El Heraldo indican que los cuatro jóvenes formaban parte de la congregación de los Testigos de Jehová.
Por su parte, el portavoz de la Secretaría de Seguridad de Honduras, Edgardo Barahona, confirmó en el noticiero Hoy Mismo, de TSi, que los jóvenes fueron privados de su libertad la noche del viernes en otro sector de La Ceiba, cuando presuntamente se dirigían a comer, según información divulgada por la radio HRN, conocida como La Voz de Honduras.
Barahona también indicó que la principal línea de investigación vincula el caso con estructuras criminales, principalmente relacionadas con maras y pandillas.
Persistencia de la violencia
En Honduras operan organizaciones dedicadas al narcotráfico, pandillas, redes de tráfico de personas y otros grupos criminales.
El país cerró 2025 con una tasa de 23.2 homicidios por cada 100,000 habitantes y, según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), durante el primer semestre de este año se registraron 1,235 homicidios, lo que refleja la persistencia de la violencia.
Los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Yoro concentran la mayor cantidad de asesinatos reportados por las autoridades durante este año.
Aunque el Gobierno hondureño ha implementado medidas para combatir la inseguridad, hasta la fecha no ha logrado revertir los altos índices de criminalidad.
Recientemente, el Congreso aprobó una serie de reformas para enfrentar la violencia, que mantiene la tasa de homicidios en Honduras por encima de los 24 casos por cada 100,000 habitantes.
Las reformas autorizan a los militares a participar en tareas de seguridad pública, crean una nueva división contra el crimen organizado y permiten clasificar a las pandillas y a los carteles de la droga como grupos terroristas.
Venezuela inició la fase de reconstrucción de las zonas devastadas por los sismos del 24 de junio con 9,055 viviendas en proceso de reparación, informó la presidenta del Plan Venezuela Renace, Jacqueline Faría. En el marco de esta nueva etapa, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó a transformar «el espíritu del rescate en las manos laboriosas de la recuperación».
Faría explicó a la televisión estatal que, en La Guaira, la entidad más afectada por los terremotos, el 49.3 % de los inmuebles inspeccionados recibió etiqueta verde, lo que indica que las estructuras son habitables; el 23.5 % fue clasificado con etiqueta amarilla debido a daños superficiales, mientras que el 27.2 % obtuvo etiqueta roja por presentar peligro estructural.
La funcionaria aclaró que una clasificación con etiqueta roja no implica necesariamente la demolición de la vivienda.
«Los ingenieros estructurales, los patólogos, tienen que hacer un recálculo de la estructura y ejecutar esa obra y poder entonces hacerla habitable. No todas las rojas van a demolición», precisó.
Según el informe oficial, La Guaira concentra 2,926 viviendas en reconstrucción, Caracas registra 1,690, Yaracuy, donde se ubicó el epicentro del segundo sismo, suma 2,700 y Aragua contabiliza 918, para un total de 9,055 estructuras residenciales intervenidas hasta el momento.
Faría aseguró que el objetivo es que las personas que permanecen en campamentos temporales o frente a sus viviendas puedan regresar a sus hogares «lo antes posible en suma seguridad y con el ciento por ciento de atención».
En otra actividad, Delcy Rodríguez exhortó a los equipos de rescate a mantenerse movilizados durante la nueva etapa de recuperación.
«Yo pido que ese espíritu de este despliegue histórico para superarnos en el dolor, lo transformamos ahora en las manos laboriosas de la recuperación y de la reconstrucción», expresó.
Asimismo, hizo un llamado a impulsar una reconstrucción que trascienda la infraestructura.
«He llamado a la reconstrucción, no solamente de la infraestructura, he llamado a la reconstrucción humana, de nuevos valores humanos».
Rodríguez añadió: «Construyamos también una nueva ética para la sociedad venezolana, que sea una ética de amor, de comprensión, que sea una ética de cooperación para quien lo necesite».
Las declaraciones fueron brindadas durante la ceremonia de condecoración a más de 6,000 rescatistas, celebrada este sábado en La Guaira.
El balance oficial más reciente elevó este sábado a 5,119 la cifra de fallecidos por el doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrido el 24 de junio. Además, 21,470 personas permanecen en 107 campamentos transitorios mientras esperan soluciones habitacionales.
El capo mexicano de la droga Ismael «El Mayo» Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York, tras ser declarado responsable de haber codirigido el Cártel de Sinaloa.
Zambada, de 76 años, permanece encarcelado en Estados Unidos desde hace dos años y, en agosto de 2025, se declaró culpable de varios delitos relacionados con su responsabilidad al frente de esa organización narcotraficante.
Su exsocio, Joaquín «El Chapo» Guzmán, también cumple una condena de prisión de por vida en Estados Unidos.
«El Mayo» fue detenido el 26 de julio de 2024 en un aeropuerto de Estados Unidos. El narcotraficante sostiene que fue engañado por un aliado del cártel para abordar un avión que posteriormente lo dejó en manos de las autoridades estadounidenses.
Como parte del acuerdo derivado de su declaración de culpabilidad, las autoridades estadounidenses desistieron de solicitar la pena de muerte.
En un comunicado, el Departamento de Justicia informó que el juez federal de distrito Brian Cogan impuso la condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en la corte federal de Brooklyn, por su papel como principal líder de una «organización criminal continua» y por violaciones de la ley contra el crimen organizado.
«Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando los asesinatos de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente», afirmó el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr.
Conocido por mantener un perfil bajo y evitar ser fotografiado, Zambada pasó décadas ascendiendo dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa, mientras eludía tanto la captura como múltiples intentos de asesinato.
