Judicial
Agentes encubiertos descubren venta de droga en bares y discotecas del Paseo El Carmen, Santa Tecla
El Juzgado de Paz de Santa Tecla ordenó que los empleados de bares y discotecas del Paseo El Carmen y contornos del parque El Cafetalón, en Santa Tecla, sigan presos mientras continúa el proceso judicial en su contra por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Según la Fiscalía, son nueve personas las vinculadas con los casos de venta de drogas en establecimientos nocturnos de Santa Tecla.
Los procesados son: Juan Carlos Herrera Cuchilla, Joaquín Dolores Ayala Martínez, José Antonio Alas Canales, José Antonio Melara Zedan, Arnold Alberto Alas Córdova, Carlos Alberto Castillo Minero, Alexander Castellanos Posada, Edwin Javier Hernández Hernández y Juan Carlos Contreras.
Todos fueron arrestados el pasado fin de semana con órdenes administrativas giradas por el Ministerio Público.
Los hechos por los cuales fueron llevados a los tribunales iniciaron en 2015 cuando la población denunció en la alcaldía de Santa Tecla el comercio de cocaína por parte de los sospechosos.
«Por tal motivo la alcaldía de Santa Tecla mandó un informe a Fiscalía, en el cual establecía de que en ciertos establecimientos del Paseo El Carmen y Paseo El Cafetalón, además de dedicarse a la venta de bebidas embriagantes, también se dedicaban a la venta drogas», explicó la fiscal del caso.
Recibida la denuncia, las autoridades iniciaron con las averiguaciones y hasta enviaron a investigadores encubiertos.
«Es así que se realiza las respectivas vigilancias de las primeras diligencias de investigación culminando con las compras que se hicieron en dichos restaurantes con la técnica especial del agente encubierto, en el cual se logró determinar que efectivamente en esos lugares se vendía droga que resultó ser cocaína incautándose varias porciones de cocaína en diferentes fechas. Estos fue entre junio a septiembre de del año 2016», detalló la fiscal.
Entre los detenidos se encuentra el dueño de uno de los negocios, pero también meseros, otro tipo de empleados y personas de confianza que frecuentan estos lugares para comercializar la droga.
“Fiscalía lo que está pidiendo es instrucción con detención -que fue lo decretado por el juez este miércoles 30 de octubre durante la audiencia inicial- por ser un delito grave, para ello tiene prueba documental, testimonial y pericial que son los análisis físico-químico en los que se ha logrado determinar que lo incautado resultó ser cocaína», aseguró la representante del Ministerio Público.
Por: El Salvador Times.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
