Internacionales
Queman vivos a cinco militares bolivianos
En un crimen que ha estremecido a la nación, cinco miembros del Ejército Boliviano fueron brutalmente asesinados el pasado jueves cerca de Villamontes, a unos 90 kilómetros de la frontera con Argentina. Los subtenientes Yamil Argani y José María Romero, junto a los sargentos Braulio Pacaje, Vladimir Pacasi y Ruddy Medoza, fueron incinerados dentro de su vehículo tras ser emboscados por una organización criminal.
Inicialmente se pensó que el incendio había sido causado por un accidente de tránsito, pero el viceministro de Lucha contra el Contrabando, Daniel Vargas, descartó esta versión y denunció que lo sucedido fue un acto criminal premeditado, una manifestación de la violencia que enfrentan las fuerzas armadas en su lucha contra el contrabando y narcotráfico. El funcionario agregó que “se está llevando a cabo una movilización de los grupos de inteligencia militar para dar con los responsables de esta atrocidad”.
Las muertes de los cinco militares conmovieron al país por su particular crueldad. Según una fuente policial, los unifromados asesinados formaban parte de una operación destinada a combatir actividades ilícitas en las zonas fronterizas bolivianas y el día del crimen perseguían un vehículo cargado con sustancias químicas ilegales.
Testigos revelaron que la camioneta militar fue forzada a salirse del camino y volcó. Los atacantes aprovecharon la confusión tras el accidente para desarmar a los militares, rociarlos con gasolina y prenderlos fuego. Después del asesinato, los narcos huyeron, dejando tras de sí botellas de gasolina como testimonio del horror.
Posteriormente, uno de ellos se jactó del crimen, lo que quedó registrado en uno de las varios audios que, por una razón aún no determinada, terminaron en las redes sociales y llegaron a oídos policiales. “Tanto que hacen llorar a la gente estos maleantes, están ardiéndose como perros que son”, se escucha en una de estas grabaciones, que fueron reproducidas por los medios de comunicación.
La comunidad internacional ha puesto sus ojos sobre Bolivia, especialmente al considerar el estado actual de Ecuador, donde el narcotráfico ha cobrado un poder significativo. Según la oposición, Bolivia tiene parecidas vulnerabilidades económicas, sociales e institucionales que este país, y el Gobierno de Luis Arce no está tomando las medidas necesarias para impedir que los narcotraficantes se apoderen de las instituciones públicas, en particular de la policía y las cárceles, ni establezcan zonas liberadas del control del Estado, como las que han creado en las fronteras las más temibles organizaciones de contrabandistas.
Estas organizaciones están armadas e, intermitentemente, responden con fuego y muerte a las brigadas militares que intentan detener los convoyes con mercadería de contrabando, entre la cual se encuentra, a veces, los precursores químicos requeridos para la fabricación de cocaína. Aunque la oposición alerta sobre vulnerabilidades similares que podrían ser explotadas por el crimen organizado en Bolivia, el gobierno de Arce insiste en que la presencia de grandes mafias internacionales no es comparable con la situación ecuatoriana.
Bolivia, no obstante, es el tercer productor mundial de cocaína, justo detrás de Colombia y Perú, con más de 300 toneladas del narcótico puestas en el mercado según estimaciones de 2021 de autoridades estadounidenses.
El año pasado, el país reconoció que ya no solo produce la “pasta base” de la droga, sino también el clorhidrato o la cocaína refinada. Se teme que este hecho signifique que los carteles de la droga ya han aterrizado en Bolivia. Hace una semana, el Gobierno hizo uno de los mayores decomisos de la historia, incautando 8,7 toneladas de cocaína que viajaban hacia Chile para ser trasladas desde ahí hasta los Países Bajos. Y una de las más importantes noticias del año 2023 fue la espectacular fuga del país de Sebastián Marset, considerado por las autoridades un “narco de talla mundial”, que burló a la policía y violó las fronteras nacionales, al parecer para refugiarse en Paraguay.
Tras el ataque contra los militares, Samuel Doria Medina, empresario y líder opositor, expresó en redes sociales que “el Gobierno debe reprimir rigurosamente a los autores de este crimen para impedir que, a la larga, el narco se adueñe del país”.
Internacionales
Renuncia director de Inteligencia Nacional de Colombia, Carlos Ramón, por vínculos a caso de corrupción
El director de Inteligencia Nacional de Colombia, Carlos Ramón González, presentó su renuncia al presidente Gustavo Petro luego de ser vinculado en un caso de corrupción en su gobierno con el desvío de fondos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD). Medios colombianos aseguran que González era uno de los funcionarios más cercanos a Petro.
«Acepto la renuncia de Carlos Ramón, director de la Dirección de Inteligencia Nacional. Su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia del país», publicó Petro en su cuenta en X.
«Para tranquilidad de fiscales y jueces, para su independencia y buen juicio y para la misma labor de defensa de los abogados de Carlos Ramón, lo mejor es la separación de su cargo», explicó.
El funcionario dimitió del cargo un después de que la Fiscalía General de la Nación imputó cinco cargos al exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez, el ex subdirector para el Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el empresario Luis Eduardo López Rosero.
Según la investigación, los tres involucrados, «en complicidad con otros funcionarios», «acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en las modalidades de contratación privada y expedita de la UNGRD», entre ellas se destaca la «adquisición de asistencia humanitaria de emergencia para la ejecución de las respuestas ante emergencias», por medio de decretos de calamidad pública y declaratorias de desastre nacional.
Su principal propósito era el «direccionamiento irregular de la contratación de la entidad en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros».
Martínez, Álvarez y Rosero fueron acusados por los delitos de «concierto para delinquir agravado», interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor propio y de terceros, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Durante la audiencia de imputación de cargos, la fiscalía reveló que el exdirector de la UNGRD declaró que González fue quien ordenó redireccionar contratos y desviar millones para sobornar al expresidente de Senado, Iván Name; y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
González publicó su carta de renuncia y aseguró que cooperará con las autoridades judiciales. «Me he jugado la vida por este proyecto y jamás atentaría contra él, mi inocencia irrefutable», reiteró.
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Dos años y medio de cárcel para el maquinista por accidente de tren en España que dejó 80 muertos
Once años y dos días después de la tragedia, un tribunal de la ciudad gallega de Santiago de Compostela, en el noroeste de España, declaró a los dos hombres culpables de homicidio involuntario al considerar que «infringieron el deber de cuidado que sus cargos les imponían».
Su negligencia supuso «un incremento ilícito del riesgo» de los pasajeros del tren, añadió el tribunal, que les prohibió ejercer su profesión durante cuatro años y medio y los condenó a indemnizar a las partes civiles, a través de un seguro, con más de 25 millones de euros (27 millones de dólares).
El 24 de julio de 2013, el tren de alta velocidad Alvia 04155 descarriló poco antes de su llegada a Santiago y se estrelló brutalmente en una curva pronunciada y protegida por un muro de hormigón, a cuatro kilómetros de su destino.
El accidente, ocurrido la víspera de la fiesta de Santiago, que cada año reúne a miles de peregrinos en la ciudad gallega, también dejó más de 140 heridos.
Fue la peor tragedia ferroviaria sufrida en España desde que en 1944 tres trenes chocaron en un túnel en la provincia de León, dejando más de un centenar de muertos.
La sentencia «nos da la razón tras 11 años de lucha», expresó Jesús Domínguez, presidente de la asociación de víctimas del accidente en el canal público TVE, y aunque dijo que los afectados están «satisfechos», criticó la tardanza de los tribunales: «Una justicia lenta no es justicia».
«La más elemental de las precauciones»
La investigación determinó rápidamente que el tren circulaba a una velocidad excesiva –179 km/h en vez de los 80 km/h marcados como límite para aquel tramo– y el maquinista estaba hablando por teléfono con el interventor del tren justo antes del accidente.
En su fallo de 530 páginas, el tribunal establece la responsabilidad directa del maquinista del tren, Francisco Garzón, y de un exresponsable de seguridad de la sociedad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Andrés Cortabitarte, en la muerte de 79 de los 80 fallecidos.
La 80ª víctima, que resultó herida en el accidente y murió 73 días después a causa de una grave enfermedad, fue contabilizada entre los heridos, por lo que debe ser indemnizada.
Garzón, que estaba hablando por teléfono justo antes del accidente, no respetó «la más elemental de las precauciones» al contestar la llamada sin tener en cuenta el «lugar en el que estaba», estimó el tribunal.
Esta negligencia, que lo llevó a activar el freno de emergencia del tren con cuatro segundos de retraso, es tanto más grave cuanto que «conocía» la línea y sabía que era necesaria una reducción muy «importante» de velocidad en ese lugar, insistió la sentencia.
Cortabitarte tampoco tuvo en cuenta los riesgos en este tramo de la vía: La tragedia no se habría producido si se hubiesen «adoptado medidas que controlasen la velocidad del tren» y «que llamasen la atención del maquinista».
Lágrimas y pedido de perdón
Durante el juicio, que se desarrolló desde octubre de 2022 hasta julio de 2023, la Fiscalía solicitó inicialmente cuatro años de prisión contra cada uno de los dos hombres, pero acabó retirando su solicitud para Cortabitarte.
El importe de la indemnización reclamada por las familias de las víctimas ascendió a 58 millones de euros.
Durante el proceso, Garzón, entre lágrimas, pidió perdón a las víctimas y, aunque reconoció su responsabilidad, cuestionó la falta de un sistema de frenado automático en el lugar del accidente.
Cortabitarte, que aseguró en el juicio que la línea era «100%» segura, llegó a ser agredido por familiares de las víctimas.
En total, 600 testigos y peritos testificaron en el megajuicio.
Hasta las 6:00 horas de hoy viernes, cerca de 628,600 personas habían resultado damnificadas por el tifón Gaemi, el tercero de este año, en la provincia oriental china de Fujian, incluidas unas 290,000 reubicadas, informaron las autoridades locales.
Con vientos de hasta 118,8 kilometros por hora en su centro, el tifón tocó tierra por segunda ocasión en el país en la noche del jueves, en el distrito de Xiuyu en la ciudad de Putian de la provincia de Fujian. A las 6:00 horas del viernes, su centro se ubicaba en el distrito de Youxi de la ciudad de Sanming, con vientos de 100,8 kilómetros por hora.
De acuerdo con los pronósticos, el fenómeno se desplazará hacia el noroeste a una velocidad de unos 20 kilómetros por hora, debilitándose gradualmente, y llegará a la provincia de Jiangxi poco antes de que caiga la noche del viernes.
Bajo la influencia del tifón, desde las 6:00 horas el miércoles hasta la misma hora del viernes, 72 poblados en 15 zonas a nivel de distrito en Fujian registraron una precipitación acumulada de más de 250 milímetros y 12 poblados en nueve zonas del mismo nivel recibieron un acumulado de 400 milímetros de precipitación, con un máximo de 512,8 milímetros, detallaron las autoridades meteorológicas locales.
Gaemi tocó tierra por primera vez en territorio chino en las primeras horas del jueves en el distrito taiwanés de Yilan, donde dejó dos muertos y 201 heridos, según las autoridades locales.
