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Internacionales

Personal de funeraria irrumpe en entierro y cambia los cadáveres frente a los dolientes

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Una familia coreana de Nueva Jersey presentó una demanda de $50 millones de dólares contra una funeraria después de que supuestamente pusieron a la mujer equivocada en el ataúd de su madre y luego desenterraron la urna frente a los dolientes conmocionados.

Según la demanda, la señora Kyung Ja Kim, de 93 años, fue confundida con otra mujer con el mismo apellido, a quien vistieron con su ropa y le hicieron una ceremonia a su nombre en “Central Funeral Home” en Ridgefield (NJ).

Su hija Kummi Kim “racionalizó” la diferencia de apariencia en “el proceso de embalsamamiento y la aplicación de maquillaje mortuorio pesado, cabello falso y/o algún tipo de relleno como Botox”, dice la demanda, presentada el lunes por el abogado Michael Maggiano.

Además, la dentadura postiza de su madre se colocó debajo de una almohada en el ataúd con el cadáver de la otra mujer que tenía sus propios dientes, afirma la mórbida demanda, indicó New York Post.

“El último recuerdo de ella fue muy doloroso, perturbador y horrible”, dijo Kummi en una conferencia de prensa el martes, según un video publicado por News 12. La anciana murió el 10 de noviembre de 2021.

La demanda también nombra como acusados ​​a “Blackley Funeral Home and Cremation Services” y al director de la funeraria Haemin Gina Chong, quien supuestamente envió un mensaje de texto a la otra familia para hablar sobre los rasgos físicos de su ser querido en el viaje desde Promise Church en Leonia (NJ) hasta el cementerio Kensico en Valhalla, Nueva York.

Chong llamó a Hummi durante el traslado y supuestamente se ofreció a “dar la vuelta a todos los autos” si la hija no estaba segura de que era su madre la que estaba en el ataúd, pero no mencionó las conversaciones con la otra familia.

Después de que bajaron el ataúd al suelo, el director de la funeraria compartió fotos que la familia Kim confirmó que eran de su madre real, según la demanda. Sólo entonces Chong ordenó que levantaran el ataúd de la tumba y lo llevaran de vuelta a la funeraria, afirma la demanda.

Se llevó a cabo un segundo servicio días después de que se intercambiaron la ropa y las posesiones de los cadáveres, pero muchos dolientes que habían viajado desde lugares tan lejanos como Corea no pudieron asistir al sepelio “real”, afirmó la familia.

La funeraria no ha emitido comentarios a la prensa. Al parecer ofrecieron a la familia Kim reembolsarles los $9,000 dólares pagados. Yoonsung Kim, otra hija de la fallecida, dijo en la conferencia de prensa que si la demanda prosperaba, no aceptaría ningún dinero y, en cambio, lo donaría a su iglesia.

En un caso similar, en marzo una jueza de El Bronx (NYC) validó la demanda de una familia latina contra un cementerio de Brooklyn por el entierro accidental de su madre, cuya urna se abrió durante la ceremonia.

En enero, otra hispana pidió $65 millones de dólares al demandar a funeraria por “mezclar” a su madre con otros muertos en Nueva York.

En 2020, durante el pico mortal de la pandemia, varias funerarias de Nueva York fueron acusadas de acumular cadáveres y luego confundirlos, generando demandas judiciales.

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Internacionales

Embarazada resulta lesionada en intento de asalto en Ciudad de Guatemala

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Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.

De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.

La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.

La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.

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Internacionales

Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto

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La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.

En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.

Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.

MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.

Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.

La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.

La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.

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Ecuador cierra el semestre más violento desde 2011 con más de 4,500 homicidios

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Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».

Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.

Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.

Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.

Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.

El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.

Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.

Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.

El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.

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