Internacionales
Personal de funeraria irrumpe en entierro y cambia los cadáveres frente a los dolientes
Una familia coreana de Nueva Jersey presentó una demanda de $50 millones de dólares contra una funeraria después de que supuestamente pusieron a la mujer equivocada en el ataúd de su madre y luego desenterraron la urna frente a los dolientes conmocionados.
Según la demanda, la señora Kyung Ja Kim, de 93 años, fue confundida con otra mujer con el mismo apellido, a quien vistieron con su ropa y le hicieron una ceremonia a su nombre en “Central Funeral Home” en Ridgefield (NJ).
Su hija Kummi Kim “racionalizó” la diferencia de apariencia en “el proceso de embalsamamiento y la aplicación de maquillaje mortuorio pesado, cabello falso y/o algún tipo de relleno como Botox”, dice la demanda, presentada el lunes por el abogado Michael Maggiano.
Además, la dentadura postiza de su madre se colocó debajo de una almohada en el ataúd con el cadáver de la otra mujer que tenía sus propios dientes, afirma la mórbida demanda, indicó New York Post.
“El último recuerdo de ella fue muy doloroso, perturbador y horrible”, dijo Kummi en una conferencia de prensa el martes, según un video publicado por News 12. La anciana murió el 10 de noviembre de 2021.
La demanda también nombra como acusados a “Blackley Funeral Home and Cremation Services” y al director de la funeraria Haemin Gina Chong, quien supuestamente envió un mensaje de texto a la otra familia para hablar sobre los rasgos físicos de su ser querido en el viaje desde Promise Church en Leonia (NJ) hasta el cementerio Kensico en Valhalla, Nueva York.
Chong llamó a Hummi durante el traslado y supuestamente se ofreció a “dar la vuelta a todos los autos” si la hija no estaba segura de que era su madre la que estaba en el ataúd, pero no mencionó las conversaciones con la otra familia.
Después de que bajaron el ataúd al suelo, el director de la funeraria compartió fotos que la familia Kim confirmó que eran de su madre real, según la demanda. Sólo entonces Chong ordenó que levantaran el ataúd de la tumba y lo llevaran de vuelta a la funeraria, afirma la demanda.
Se llevó a cabo un segundo servicio días después de que se intercambiaron la ropa y las posesiones de los cadáveres, pero muchos dolientes que habían viajado desde lugares tan lejanos como Corea no pudieron asistir al sepelio “real”, afirmó la familia.
La funeraria no ha emitido comentarios a la prensa. Al parecer ofrecieron a la familia Kim reembolsarles los $9,000 dólares pagados. Yoonsung Kim, otra hija de la fallecida, dijo en la conferencia de prensa que si la demanda prosperaba, no aceptaría ningún dinero y, en cambio, lo donaría a su iglesia.
En un caso similar, en marzo una jueza de El Bronx (NYC) validó la demanda de una familia latina contra un cementerio de Brooklyn por el entierro accidental de su madre, cuya urna se abrió durante la ceremonia.
En enero, otra hispana pidió $65 millones de dólares al demandar a funeraria por “mezclar” a su madre con otros muertos en Nueva York.
En 2020, durante el pico mortal de la pandemia, varias funerarias de Nueva York fueron acusadas de acumular cadáveres y luego confundirlos, generando demandas judiciales.
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

Internacionales
FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.


Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Internacionales
Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.








