Internacionales
EE.UU. pide a México y Ecuador resolver sus diferencias con normas internacionales
El Departamento de Estado de los Estados Unidos manifestó su rechazo ante la irrupción de la policía de Ecuador en la embajada de México en Quito y exhortó a los dos aliados de Washington a “resolver sus diferencias de acuerdo con las normas internacionales”.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, indicó que “Estados Unidos condena cualquier violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y se toma muy en serio las obligaciones de los países bajo la ley internacional de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas”.
La noche de este viernes, miembros de la policía de Ecuador ingresaron a la embajada mexicana en Quito para aprehender al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien había recibido asilo político por el Gobierno de López Obrador y se encontraba desde diciembre pasado en la sede diplomática mexicana.
”México y Ecuador son socios cruciales de los Estados Unidos y ponemos un alto valor a nuestras relaciones con ambos países. Urgimos a las dos naciones a resolver sus diferencias de acuerdo con las normas internacionales”, añade el comunicado del Departamento de Estado.
El recinto diplomático de Ecuador en Ciudad de México estuvo resguardado desde la noche de este viernes, cuando México rompió relaciones diplomáticas con la nación sudamericana, al asegurar que se violó el derecho internacional, en específico, la Convención de Viena.
La ministra de Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, indicó este sábado que la decisión de ingresar en la embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glas se dio porque que existía un “riesgo real de fuga inminente” y que Ecuador ya había “agotado el diálogo diplomático con México respecto a este tema”.
“La decisión del presidente de la República (Daniel Noboa) fue tomada ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la Justicia en ejercicio de nuestra soberanía”, dijo Sommerfeld en una declaración de prensa en la que defendió que “ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político cuando ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y con disposición de captura emitida por las autoridades judiciales”.
La titular de Exteriores ecuatoriana también señaló que el Gobierno de Noboa actuó “en defensa de la democracia, la paz y la seguridad de los ecuatorianos” ante un “abuso de las inmunidades y privilegios”.
Subrayó, además, que “la Embajada de México (disponía de) toda la información proporcionada por la Corte Nacional de Justicia y Fiscalía General del Estado sobre las sentencias condenatorias por los delitos de asociación ilícita y de cohecho, así como sobre la orden de captura por delito de peculado” dispuesta contra Glas, y denunció que la concesión de asilo “contraviene claramente el principio fundamental de no intervenir en los asuntos internos de otros estados”, así como varias convenciones del Derecho Internacional.
“Es importante resaltar que el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas dispone que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes del Estado receptor y estar de acuerdo con ellas, viéndose obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”, expresó la ministra.
Las declaraciones de Exteriores llegan después de que el propio Daniel Noboa respaldara la entrada de un operativo policial en la Embajada de México para detener al ex vicepresidente Jorge Glas esgrimiendo que la condena previa contra el ex funcionario ecuatoriano prevalecía sobre una condición de asilado político.
Internacionales
Video muestra cómo un hombre fue salvado de morir electrocutado por la rápida acción de su amigo
Un video que circula en redes sociales se ha viralizado al mostrar el momento en que un hombre interviene para auxiliar a un amigo que estaba recibiendo una fuerte descarga eléctrica.
En las imágenes se observa cómo la víctima permanece atrapada por la corriente eléctrica, mientras su compañero reacciona de inmediato e intenta apartarlo de la fuente de peligro.
El hecho quedó registrado en video y ha generado numerosas reacciones en plataformas digitales, donde usuarios han destacado la rápida acción del rescatista durante la emergencia.
Internacionales
Senado de Estados Unidos aprueba 70,000 millones de dólares para la ofensiva migratoria de Trump
El Senado de Estados Unidos aprobó una asignación de 70.000 millones de dólares destinada a financiar la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, tras una extensa jornada de votaciones sobre diversas enmiendas que pusieron de manifiesto diferencias dentro del Partido Republicano.
La iniciativa contempla recursos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato presidencial. Con esta aprobación, el proyecto avanza a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén discutirlo en los próximos días antes de enviarlo al mandatario para su eventual sanción.
La votación se produjo después del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registrado a principios de año, cuando los demócratas rechazaron respaldar nuevos fondos para la aplicación de las leyes migratorias sin restricciones específicas. Entre los puntos cuestionados se encontraban las redadas y el uso de máscaras por parte de agentes migratorios.
Ante la falta de consenso con la oposición, los republicanos recurrieron al mecanismo de reconciliación presupuestaria, que permite aprobar determinadas medidas con mayoría simple siempre que mantengan el respaldo de sus propios legisladores.
Durante el debate también surgieron discrepancias internas sobre otras iniciativas vinculadas a las prioridades de Trump, entre ellas un fondo destinado a compensar a personas que afirman haber sido perseguidas políticamente por administraciones anteriores. Algunos senadores expresaron preocupación por el impacto político de estas propuestas y buscaron limitar o eliminar ciertos componentes del paquete.
Los demócratas, por su parte, intentaron redirigir parte de los recursos hacia programas de vivienda y otras áreas sociales, argumentando que la prioridad debería centrarse en asuntos relacionados con el costo de vida y la inflación.
El gobierno de Francia analiza cómo responder a las críticas surgidas tras la desaparición de una niña de 11 años, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial y el tratamiento de denuncias previas por agresiones sexuales contra el principal sospechoso.
La menor, identificada como Lyhanna, desapareció el 29 de mayo en la localidad de Fleurance, en el suroeste del país. Según las investigaciones, la última vez que fue vista con vida fue cuando subía al vehículo de un hombre señalado posteriormente como principal sospechoso, quien es padre de una amiga de la niña.
Las autoridades informaron que, tras varios días de búsqueda, fue hallado un cadáver con características similares a las de la menor en un silo agrícola abandonado. Las diligencias continúan para confirmar formalmente la identidad del cuerpo y determinar las causas de la muerte.
El principal sospechoso, identificado como Jérôme B., había sido acusado previamente de secuestro y se encontraba encarcelado. De acuerdo con la fiscal local, el hombre acumulaba varias denuncias por presuntos delitos sexuales contra menores presentadas entre 2017 y 2025. Algunos de estos casos fueron archivados por falta de pruebas o por declaraciones de las denunciantes.
Ante la conmoción generada por el caso, el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció la existencia de posibles fallos y deficiencias que deberán ser esclarecidos. Asimismo, expresó su solidaridad con la familia de la menor.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, sostuvo una reunión con los ministros de Justicia e Interior para revisar los posibles errores judiciales y ordenó una investigación administrativa. Paralelamente, la gendarmería y las autoridades judiciales anunciaron revisiones de procedimientos relacionados con casos sensibles que involucran a menores.
El caso ha reavivado el debate en Francia sobre la atención que reciben las denuncias de violencia sexual contra menores. Según datos de la comisión independiente Civiise, una parte significativa de estas denuncias son archivadas sin llegar a una condena judicial.
