Judicial
Declara en juzgado el teniente del ex Batallón Atlacatl vinculado a masacre de jesuitas
El exdiputado prófugo Rodolfo Parker a través de su defensor Carlos Miranda Rubio, logró que el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador tomara la declaración anticipada del teniente José Ricardo Espinoza Guerra, en el caso de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, ocurrida en el año1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
La pretensión de Parker es que Espinoza Guerra, desvirtúe el testimonio que rindió el testigo con régimen de protección clave «Gabriel» quien en un anticipo de prueba declaró que Parker ofreció un millón de colones para que no se mencionara a los altos mandos de la Fuerza Armada y al expresidente de la República, Alfredo Cristiani en la masacre.
«Él [Espinoza Guerra] es el único que puede decirnos si el doctor Parkes le hizo algún tipo de ofrecimiento porque el testigo clave «Gabriel» lo mencionó en su declaración anticipada, que a este testigo le había ofrecido un millón de colones para que solo él asumiera el cargo de los asesinatos», explicó Miranda Rubio.
Respecto a Rodolfo Parker quien tiene orden de captura, su abogado dijo que no puede manifiesta dónde se encuentra, pero que tiene la autorización para representarlo en el proceso penal.
El exlegislador quien es acusado de fraude procesal y encubrimiento personal, fue jurídico del Ministerio de Defensa y, bajo esa calidad, el testigo clave «Gabriel» dice que le expresó al teniente José Ricardo Espinoza Guerra, que al momento de rendir declaración no podía decir que habían cumplido una orden del alto mando de la Fuerza Armada y del presidente Cristiani, quien es también prófugo y con orden de captura por asesinato, actos de terrorismo y proposición y conspiración para actos de terrorismo.
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
