Judicial
Declara en juzgado el teniente del ex Batallón Atlacatl vinculado a masacre de jesuitas
El exdiputado prófugo Rodolfo Parker a través de su defensor Carlos Miranda Rubio, logró que el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador tomara la declaración anticipada del teniente José Ricardo Espinoza Guerra, en el caso de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, ocurrida en el año1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
La pretensión de Parker es que Espinoza Guerra, desvirtúe el testimonio que rindió el testigo con régimen de protección clave «Gabriel» quien en un anticipo de prueba declaró que Parker ofreció un millón de colones para que no se mencionara a los altos mandos de la Fuerza Armada y al expresidente de la República, Alfredo Cristiani en la masacre.
«Él [Espinoza Guerra] es el único que puede decirnos si el doctor Parkes le hizo algún tipo de ofrecimiento porque el testigo clave «Gabriel» lo mencionó en su declaración anticipada, que a este testigo le había ofrecido un millón de colones para que solo él asumiera el cargo de los asesinatos», explicó Miranda Rubio.
Respecto a Rodolfo Parker quien tiene orden de captura, su abogado dijo que no puede manifiesta dónde se encuentra, pero que tiene la autorización para representarlo en el proceso penal.
El exlegislador quien es acusado de fraude procesal y encubrimiento personal, fue jurídico del Ministerio de Defensa y, bajo esa calidad, el testigo clave «Gabriel» dice que le expresó al teniente José Ricardo Espinoza Guerra, que al momento de rendir declaración no podía decir que habían cumplido una orden del alto mando de la Fuerza Armada y del presidente Cristiani, quien es también prófugo y con orden de captura por asesinato, actos de terrorismo y proposición y conspiración para actos de terrorismo.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
