Política
Prolongan por 30 días el régimen de excepción, la exitosa estrategia de seguridad
Luego de que los funcionarios que velan por la seguridad nacional solicitaran a la Asamblea Legislativa la extensión del régimen de excepción, por 30 días, 57 diputados aprobaron la petición.
El fin de extender, del 9 de agosto hasta el 7 de septiembre, la implementación de esta importante herramienta de seguridad es para continuar protegiendo la vida y los bienes de la población salvadoreña.
“Hasta este momento tenemos más de 80 mil personas capturadas, 678 días sin homicidios en la gestión del Presidente Nayib Bukele, de los cuales 565 han sido durante el régimen de excepción”, aseguró el parlamentario Raúl Chamagua. “En este mes de agosto, llevamos cuatro días sin homicidios y en el 2024 un total de 160 días sin que se haya registrado un asesinato”, agregó.
En la sesión plenaria número 14, algunos legisladores de Nuevas Ideas retomaron una publicación realizada por el mandatario Nayib Bukele en su cuenta de X: “En el primer período presidencial, nos dieron absoluta confianza y con la ayuda de Dios, logramos un milagro que ha dejado al mundo perplejo…”.
Al respecto, el diputado Walter Coto destacó que se ha realizado un importante trabajo en el tema de la seguridad por parte de las instituciones estatales.
“Ha habido un cambio sustancial en materia de seguridad. Desde junio de 2019, con el Plan Control Territorial el presidente Bukele comenzó a atacar un fenómeno criminal tan organizado, que tenía tanto control en los territorios y hasta con un grado de jerarquización”, afirmó el parlamentario.
De acuerdo a Coto, las pandillas intentaron que dicho plan no funcionara e incluso ha habido entidades que, hoy por hoy, protegen a los delincuentes. Es por eso que se necesitó agilizar un proceso de captura de miembros de pandillas y es cuando se implementó el régimen de excepción.
El aplicación de esta medida se basa en el artículo 29 de la Constitución de la República, el cual faculta al Gobierno a establecer un régimen de excepción en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones al orden público.
“Este es un mecanismo constitucional y que ha traído tantos beneficios a los salvadoreños, porque hoy los jóvenes y sus padres no tienen temor por la paz y tranquilidad que tenemos. De a poco se ha ido consiguiendo lo que denominados ‘el milagro de El Salvador’”, expresó el diputado Coto.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
