Política
Empresarios del transporte público tendrán 18 meses para renovar unidades
Con el propósito de unificar esfuerzos para crear medidas que beneficien a los usuarios del transporte colectivo y a los empresarios de este rubro, los diputados avalaron, con 64 votos, disposiciones transitorias para que el Viceministerio de Transporte implemente acciones en cuanto a la calificación de urgencia nacional la prestación del servicio de transporte; la gestión para adquisición de vehículos; la prestación directa del servicio y la asignación de permisos provisionales para la prestación del servicio en aquellas rutas que se requiera.
El decreto otorga un plazo de 18 meses para que los propietarios de las unidades de transporte colectivo sustituyan los automotores que sobrepasen los 20 años de antigüedad. El mismo tiempo tendrán los empresarios para renovar en la Dirección General de Transporte Terrestre los contratos de concesión vencidos o que caducarán este año.
Además, se avala la refrenda de tarjeta de circulación o renovación del permiso de línea que no pudo realizarse entre 2019 y 2023. También se otorga el plazo de un año para cambiar el concesionario a toda persona jurídica que haya recibido la transferencia de uno o varios vehículos vinculados a una concesión o permiso de transporte público.
El Viceministerio de Transporte podrá adoptar medidas provisionales como calificar de urgencia nacional la prestación del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, gestionar la adquisición de vehículos, la prestación directa del servicio y asignar permisos provisionales en rutas específicas.
Los parlamentarios aclararon que no se trata de extender la vida a las unidades viejas, el objetivo es darles un tiempo prudencial para que tengan o busquen los recursos para poder cambiar las unidades ya desfasadas.
El diputado de Nuevas ideas Salvador Chacón explicó que la propuesta surge porque la operatividad de la prestación del servicio ha sido deteriorada de forma sistemática y progresiva por más de dos décadas.
“El objetivo de este decreto es dar una prórroga al sector empresarial de transporte para que pueda hacer las renovaciones de los permisos y concesiones. También se garantiza seguridad jurídica al empresario”, sostuvo Chacón.
En la Comisión de Obras Públicas, durante el estudio y aprobación de las disposiciones transitorias, el Viceministro de Transporte, Nelson Reyes, expresó que, desde 2019, se han renovado unas 2,000 unidades de transporte público; el 21.7 % del parque total de autobuses y microbuses. De acuerdo al Registro Público de Vehículos Automotores, hasta mayo de 2023, hay registradas 9,979 unidades, entre autobuses y microbuses.
Este domingo, el partido Nuevas Ideas desarrolla la jornada de inscripción de precandidaturas para la Presidencia de la República, diputaciones y alcaldías, como parte de su proceso de elecciones internas de cara a los comicios de 2027.
Desde tempranas horas, simpatizantes y aspirantes se han concentrado en las afueras de la sede donde se lleva a cabo la actividad, en un ambiente de expectativa y organización mientras avanza la recepción de la documentación correspondiente.
Con esta jornada, el instituto político da inicio a una de las etapas clave de su proceso interno para definir a los candidatos que buscarán representar al partido en las elecciones de 2027.
El presidente Nayib Bukele compartió una gráfica acompañada del mensaje: “Es un concepto muy simple, en realidad”, en referencia a la relación entre el incremento de la población penitenciaria y la reducción de los homicidios en El Salvador durante los últimos años.
Según los datos presentados, la tasa de encarcelamiento pasó de alrededor de 600 reclusos por cada 100,000 habitantes en 2019 a más de 1,600 en 2024. En el mismo período, la tasa de homicidios descendió de aproximadamente 38 por cada 100,000 habitantes hasta alcanzar niveles históricamente bajos, cercanos a 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes.
La gráfica muestra que ambas tendencias tomaron direcciones opuestas a partir de 2019. Mientras aumentó el número de personas privadas de libertad, los homicidios registraron una disminución sostenida a lo largo de los años.
De acuerdo con el Gobierno, estos resultados reflejan el impacto de la estrategia de seguridad implementada durante los últimos años en el país.
Los 11 directores propietarios de los partidos políticos representados en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) expresaron su reconocimiento y respaldo al trabajo que ejecuta el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el proceso preparatorio de los comicios generales programados para el 28 de febrero de 2027.
Como muestra de apoyo y con el propósito de fortalecer la relación de cooperación, respeto institucional y diálogo constructivo, los integrantes de la JVE enviaron una nota a la presidenta del TSE, Roxana Soriano, en la que destacaron la labor de coordinación desarrollada por la funcionaria.
En el documento, firmado por todos los directores, señalaron que la magistrada presidenta ha actuado con apego a los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, manteniendo una relación institucional abierta y equitativa con todos los sectores.
Asimismo, los integrantes de la junta afirmaron que las autoridades del organismo colegiado han mostrado apertura y respaldo para que la institución de vigilancia pueda desarrollar las labores de fiscalización establecidas por la ley.
Alexis Zepeda, director propietario del PCN en la JVE, explicó que las coordinaciones con la presidenta del TSE tienen como objetivo común garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
Según Zepeda, la presidenta Roxana Soriano y el director ejecutivo Héctor Larios han brindado facilidades para que los partidos políticos representados en la JVE puedan realizar procesos de transparencia, verificación y fiscalización sin generar dudas entre los institutos políticos.
Por su parte, Selim Alabi, director de la JVE por ARENA, manifestó que se desarrolla un trabajo coordinado y articulado con la presidencia del TSE y el resto de magistrados para la fiscalización de procesos activos, entre ellos la verificación de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) y de los centros de votación.
Alabi aseguró que, a diferencia de experiencias anteriores, con el actual tribunal se han establecido coordinaciones para desarrollar dichas fiscalizaciones y se está gestionando apoyo presupuestario ante el Ministerio de Hacienda para cumplir con los proyectos previstos.
En tanto, Irvin Sorto, director propietario del FMLN, destacó la accesibilidad de las actuales autoridades del TSE y las coordinaciones impulsadas con otras instituciones, entre ellas el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), para ejecutar las acciones necesarias que garanticen el debido proceso electoral.
Sorto señaló que la presidencia del TSE ha permitido la participación de la JVE en labores de fiscalización dentro y fuera del país, además de resaltar la apertura mostrada por el RNPN durante las reuniones sostenidas con esa entidad.
De igual manera, Franklin Alegría, representante del PDC en la JVE, afirmó que el TSE, el RNPN y el Ministerio de Relaciones Exteriores han brindado apertura a la Junta de Vigilancia Electoral para facilitar el trabajo de fiscalización de cara a las próximas elecciones.
