Política
Abogada Tahnya Pastor dice que Asamblea Legislativa invadió funciones del Ejecutivo
En una entrevista a un medio digital la abogada Tahnya Pastor, hizo un análisis de la reciente decisión del presidente de la República, Nayib Bukele, de vetar dos decretos aprobados por la Asamblea Legislativa: uno que contiene disposiciones para facilitar el retorno de salvadoreños varados en el exterior a raíz de la pandemia del COVID-19, y otro que autoriza al gobierno comprar seguros de vida para el personal de salud que atiende la emergencia nacional.
Pastor señaló que en los decretos 620 y 621 queda en evidencia que la Asamblea Legislativa está tomándose «atribuciones» que no le corresponden.
«En el decreto deos seguros para personal médico que está atendiendo la emergencia, la Asamblea Legislativa está tomándose atribuciones que no le corresponde. Cuando se trata de planificar gastos se tiene que establecer un diálogo con cada institución porque son las que van a utilizar parte de su presupuesto», explicó Tahnya Pastor.
«En el decreto para repatriar a los salvadoreños varados se está cometiendo la misma situación de estar invadiendo atribuciones porque se está invadiendo recursos de otro Órgano del Estado», agregó.
La jurista considera que ningún Órgano del Estado puede pasar sobre otro.
«No puede venir otro Órgano del Estado a decidir que es lo que va necesitar otro Órgano y como se va a hacer la distribución de los gastos, esa es la inconstitucional que se alega en los decretos», mencionó.
La abogada espera que los diputados de la Asamblea Legislativa y representantes del Ejecutivo se sienten a dialogar para encontrar una solución a estos decretos.
Sin embargo, los diputados han advertido que este próximo jueves esperan superar ambos vetos presidenciales para que en un futuro próximo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sea la que tome una decisión definitiva.
Política
Envían a juicio al exministro David Gutiérrez Miranda por peculado en el bulevar Diego de Holguín; hay orden de captura
El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ordenó abrir juicio contra el exministro de Obras Públicas David Gutiérrez Miranda por peculado en perjuicio de la administración pública. Lo declaró rebelde y giró orden de captura. El caso es el tramo II del entonces bulevar Diego de Holguín, hoy bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en Santa Tecla. Gutiérrez fue titular del MOP en el gobierno de Antonio Saca, entre 2004 y 2006.
La Fiscalía sitúa los hechos entre diciembre de 2005 y enero de 2007. Acusa omisiones e incumplimientos: la obra tenía 420 días de plazo; al vencerse no estaba lista, pero los pagos mensuales al asocio constructor sí se hicieron. En 2023 la FGR dijo que, a la mitad del contrato, el avance era del 39%. Una pericia financiera fija el supuesto perjuicio en $10,643,278.98. El requerimiento de 2022 hablaba de $13.7 millones; la cifra que sostiene hoy la acusación es la de la pericia.
El expediente no nació ayer. Las pesquisas arrancaron en la era de Raúl Melara; el requerimiento formal se presentó en enero de 2022. Hay, en paralelo, un capítulo patrimonial: una Cámara de Segunda Instancia confirmó responsabilidad por $3.2 millones contra exfuncionarios ligados al mismo proyecto. El bulevar, pensado como vía emblemática hacia el aeropuerto, quedó marcado por retrasos, arbitrajes y sobrecostos. Saca, bajo cuyo gobierno se ejecutó, ya tiene condenas por lavado y peculado en otras causas.
El juicio dirá si esas omisiones son delito. Gutiérrez no está detenido: la rebeldía implica que no compareció. Hasta que no lo capten o se presente, el debate oral queda a medias. Veinte años después de los pagos, el Estado sigue litigando por más de diez millones y por una carretera que los salvadoreños usan todos los días.
Política
Vicepresidente Ulloa se reúne con CEO de Dapper para impulsar inteligencia artificial en la administración pública y la educación superior
Política
TSE contactará a compatriotas seleccionados para las JELVEX
De acuerdo con el calendario electoral, a partir del próximo 28 de septiembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá contactar a los ciudadanos salvadoreños radicados en el exterior que sean seleccionados por sorteo para integrar las Juntas Electorales de Voto en el Extranjero (JELVEX).
El periodo establecido para realizar estas notificaciones finalizará el 16 de octubre de 2026. Posteriormente, el 30 de octubre se efectuará el nombramiento de las JELVEX y sus integrantes deberán tomar la respectiva protesta de ley el 31 de octubre.
La capacitación de los miembros de estas juntas se desarrollará, según el calendario electoral, del 31 de octubre al 28 de noviembre de 2026.
A escala mundial, el TSE habilitará 92 centros de votación en 29 países de cuatro continentes, con el objetivo de garantizar que los salvadoreños residentes en el exterior tengan acceso a su derecho al voto.
Por otra parte, continúa activo el periodo para que los salvadoreños en el extranjero actualicen la dirección de su Documento Único de Identidad (DUI). El TSE ha enfatizado en la importancia de realizar este procedimiento para facilitar la votación en el exterior, en caso de ser necesario.
El calendario electoral del TSE contempla las distintas etapas relacionadas con la organización de los organismos electorales temporales para las elecciones de 2027.




